UDI empresarial y ¿popular?

Por Danny Monsalve / Académico de Historia Política de Chile Contemporánea U de Concepción

¿Sorprenden los vínculos que existen entre empresarios y la derecha, particularmente con la UDI popular? La verdad es que aquello no debería sorprender a nadie, más aun en un país como el nuestro, donde los vínculos y relaciones sociales (léase redes de poder) son bien estrechas. Menos aun sabiendo, por ejemplo, que Carlos Alberto Délano es un reconocido financista del gremialismo. Entonces, ¿qué es lo llamativo del caso Penta? Lo particular de este caso es que afecta a un partido político que desde años ha enarbolado un discurso moralista tanto en lo valórico como de integridad en la actividad política. Por ejemplo, ser un partido que dice representar y defender el mundo popular y ahora último a la mentada “clase media emergente”, otra de esas frases y lugares comunes que la UDI repite hasta el hartazgo. Bueno, ahora los sectores populares ya saben (han ratificado) de dónde sale el dinero para las dádivas y prebendas que en periodos de campaña reciben y con los cuales los agasajan (cooptan). Asimismo, la UDI es un partido que ha enarbolado las banderas de la honestidad y transparencia en el ámbito de la administración pública, de ahí su discurso crítico y de castigo con aquellos actos de corrupción o ilícitos que se presentaron en los gobiernos de la otrora Concertación. Sin embargo, todo ese discurso grandilocuente parece derrumbarse producto de los últimos acontecimientos políticos y judiciales.

En ese sentido uno se pregunta: ¿si estos señores políticos (como despectivamente decía el dictador) actúan así en democracia, cómo lo harían durante los 17 años de dictadura, cuando tenían todo el poder en sus manos y estaban amparados por un régimen autoritario? Luego, ¿se puede confiar en el discurso de la UDI, cuando este partido por años negó que en Chile se violaran sistemáticamente los Derechos Humanos y que existieran detenidos desaparecidos?, al punto de señalar que se trataba de casos aislados o bien de campañas de desinformación y desprestigio contra el régimen por parte del marxismo internacional y criollo.

No se trata de apuntar con el dedo a quienes hoy están siendo investigados, menos actuar como el propio gremialismo lo hizo o hace en reiteradas ocasiones, cuando ha levantado su discurso moralista y punitivo para culpar, responsabilizar y “calificar” despectivamente a otros (izquierdistas, comunistas, marxistas, anarquistas, violentistas, terroristas e ideologizados) sin pruebas.

En las últimas semanas, cuando comenzaron a salir las primeras informaciones del caso Penta, varios de los involucrados señalaron que no se hacían cargo de rumores y trascendidos de prensa, otros más aventurados derechamente negaron tener vínculos con los dueños de Penta, incluso se ha dicho que esta es una política generalizada, por lo tanto “todos” están involucrados. En una clara campaña por tratar de desviar la atención, intentar sembrar un manto de dudas y sospecha contra todos los políticos o bien buscar el empate político. Lo concreto es que hoy día y a través de la investigación que lleva adelante la Fiscalía hemos podido presenciar todo lo contrario, que efectivamente han existido intercambios de correos en los cuales políticos de la UDI piden apoyo económico a empresarios de Penta.

No se trata de apuntar con el dedo a quienes hoy están siendo investigados, menos actuar como el propio gremialismo lo hizo o hace en reiteradas ocasiones, cuando ha levantado su discurso moralista y punitivo para culpar, responsabilizar y “calificar” despectivamente a otros (izquierdistas, comunistas, marxistas, anarquistas, violentistas, terroristas e ideologizados) sin pruebas. Sin embargo, la ciudadanía no puede ser indiferente ante estos casos; de ahí, entonces, a esperar que la justicia haga y cumpla su trabajo con la más absoluta independencia, los políticos honestos, serios y responsables que existen en el Congreso puedan impulsar una legislación que permita corregir estas malas prácticas y así elevar los niveles de la política, y finalmente la ciudadanía, en un ejercicio de crítica, deliberación y práctica política, termine por sancionar electoralmente a quienes por años se han sentido dueños de la moralidad y de las buenas prácticas políticas y que, al mismo tiempo, tanto han hecho por impedir que en Chile se avance en el perfeccionamiento de nuestra democracia.

Tal vez ahora podamos entender un poco más algunas de las razones por las cuales estos señores se han opuesto a los cambios y a transparentar quiénes financian sus campañas políticas.

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