El gobierno prepara el escenario para darle a los y las trabajadoras noticias este segundo semestre. Como una gran obra de teatro y tras una breve visita del Ministro de Hacienda a Europa se abre el telón cuando el 31 de mayo pasado se constituye en la Moneda una comisión encabezada por Sebastian Piñera y varios de sus ministros para «hacer seguimiento a la crisis economía internacional». La vocería del Ministro de Hacienda, lo muestra como protagonista del primer acto al señalar al término de dicha reunión la frase «Estamos preparados, pero no blindados» . Esto da lugar a iniciar la materialización del denominado «plan anticrisis».
Inmediatamente el 4 de junio, el Mercurio, editorializaba con un elocuente titulo: «Potencial del plan anticrisis».
El segundo acto se mostró el sábado 09 recién pasado, cuando los Ministros de Hacienda F. Larrain y de la cartera de trabajo E.Mathei, anuncian que esta semana se enviará al parlamento una iniciativa legislativa que busca «cuidar el empleo».
Con una explicación genérica de sus alcances y señalando que la medida operaría cuando una Comisión de Expertos alerte sobre situaciones de crisis externas que pudieren afectar el mercado laboral interno.
De lo que se conoce de la iniciativa se señala que permitiría convenir un ajuste de jornada (jornada completa a media jornada) y que las remuneraciones se reducirán en la misma proporción, es decir en un 50% hasta por 5 meses. Para palear los efectos en el bolsillo de las/os trabajadores se activaría el uso del seguro de cesantía, que cubriría otro 25% del salario (proveniente de fondos acumulados por el trabajador en su cuenta individual)… y que cuando esta se agote se podría echar mano al fondo solidario y continuar su pago.
Además y previsoramente – porque claro la economía no es una ciencia exacta – y los expertos no pueden preveer cuanto se extienda una crisis, el proyecto de ley plantearía la posibilidad de ser renovada en forma sucesiva o alternada.
Ya antes de ingresar el proyecto de ley al Congreso los personeros de Renovación Nacional, Diputados Alejandro Santana y Mario Bertolino aplaudieron la medida como «una muestra más de la eficiencia de nuestro Gobierno», según consigna la pagina web de la cámara de diputados. Por su parte y para no quedarse atrás, Andrés Concha Presidente de la CPC señala «lo bueno de la propuesta es que ella queda vigente en todo momento».
En síntesis, escenario listo, actores preparados para mostrarnos esta tragicomedia
Tragedia en cuanto a que esta iniciativa legislativa representaría un esfuerzo más en la sistemática lógica de flexibilizar nuestro mercado de trabajo, caracterizado por su precariedad y asimetría en las relaciones labores.
Sabemos que las capacidades de negociar estos acuerdos por parte de los trabajadores no son tales, que sólo aplica la ley del más fuerte o del temor. Que la actual legislación laboral ya contiene en exceso herramientas de adaptabilidad en las numerosas formas contractuales que permite y en el escaso rango de negociación colectiva efectiva que ofrece.
Sabemos, de la baja tasa de sindicalización y que en la mayor parte de las empresas no hay sindicatos, ¿quien entonces representara allí los intereses de los trabajadores? o ¿no estará dirigida a las PYMES que generan la mayor parte del trabajo?.
Pero esta iniciativa también es una comedia de equivocaciones, porque las y los trabajadores chilenos ya han experimentado escenarios de crisis. En dichas situaciones los empresarios han desplegados medidas que les garantizaron no perder ganancias y que responden al mismo esquema que se nos presenta en esta iniciativa: la de hacer pagar las crisis al factor humano en el trabajo. Entonces esto parece una comedia, sólo que ahora los trabajadores amortizarán el impacto de su alicaída economía domestica, echando mano a sus ahorros y disminuirán sus preocupaciones «transitorias» en ese tiempo liberado capacitándose para un futuro promisorio.
Es preocupante que esta actitud «preventiva», anti cíclica del gobierno no vaya de la mano de un esfuerzo por garantizar una justa distribución de los ingresos. Un país que camina al desarrollo con un per cápita que se acerca a los 20 mil dólares, que muestra una economía estable, que no prevee cambios en el valor de su principal divisa, que se exhibe externamente como una oportunidad para los inversionistas del mundo requiere un pacto social equilibrado, que incluya una política de relaciones laborales sólida, un sistema de remuneraciones acordes al valor del IPC y regímenes de negociación colectiva eficaces y con derecho efectivo a huelga. No es casual, sino un síntoma de que estas ausencias que en el último informe de Competitividad Mundial, presentado por Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile el mes pasado, mostró la caída de Chile desde el lugar 25 al 28, lo que a juicio de los expertos obedecería principalmente al encarecimiento de la calidad de vida y la pérdida de cohesión social y donde se alerta como una amenaza a la competividad los bajo ingreso per cápita de la mayoría de los chilenos y la mala distribución de los recursos.
El anunciado proyecto «anticrisis» camina en el sentido opuesto a la lógica y a lo que el país requiere. Es además inmoral en un país donde el 10 por ciento de los hogares más ricos tiene un ingreso per cápita 78 veces mayor al del 10 por ciento más pobres, pedirle a los sectores laborales más vulnerables y grupos medios ajustarse en los malas, a situaciones que no han generado y respecto de las cuales nunca han visto beneficios en las buenas.
El anuncio de este proyecto constituye una amenaza para los y las trabajadores asalariados, una alerta para los sindicatos y una real provocación a un país que ve que la igualdad no es para todos.
Por María Fernanda Villegas
CETRA
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