A pocos días de que se realice una nueva Cuenta Pública, Ciudadano Inteligente analizó en detalle las promesas legislativas que se hizo en el discurso del año pasado y evaluó el avance del Gobierno en cumplirlas.
En su sexta versión del estudio Del Dicho al Hecho resultó que se ha cumplido un 58% de las promesas hechas en el discurso del 21 de mayo de 2016. Además de un 3,1 (en una escala de 1 a 4) el nivel de coherencia entre los proyectos enviados al Congreso a las promesas enunciadas en la pasada cuenta pública presidencial.
Los resultados muestran que de 37 promesas legislativas, sólo ocho fueron completadas en su totalidad. Estas son la tipificación del delito de tortura, el proyecto que sanciona la colusión, la creación de una Comisión de Valores y Seguros, la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, la Ley de Equidad Tarifaria Residencial, el Plan de Formación de Médicos Especialistas y Odontólogos, el fortalecimiento de sindicatos y negociaciones, y la licencia para padres y madres con hijos enfermos o accidentados graves.
“Si bien el porcentaje de avance en las promesas del discurso de 2016 es el mayor del segundo gobierno de Michelle Bachelet, esta cuenta tuvo marcadamente menos promesas que las anteriores. Hay avances importantes en promesas históricas, como las relativas a infancia, pero también hay compromisos emblemáticos que no se han podido concretar por falta de capacidad política para conseguir los apoyos necesarios, como son los casos de Educación y la Nueva Constitución”, señala Laura Encalada, coordinadora metodológica de Ciudadano Inteligente.
Dentro de las promesas con 0% de avance, destacan la incorporación de nuevos estándares de transparencia en las Fuerzas Armadas, el perfeccionamiento a la Ley de Pesca, y la modificación del estatuto especial para temporeros y temporeras, una promesa del programa de Michelle Bachelet.
Además, quedan con grados de avance parcial proyectos emblemáticos de su gobierno, como la creación del Sistema Nacional de Educación Pública (con 70% de avance), gratuidad permanente en Educación Superior y una nueva Constitución (ambas con 40% de avance).
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