Se suponía que la negociación colectiva en esta empresa partía en junio con un sindicato, el SIL. Pero fuera de todo pronóstico, el 22 de mayo, otra organización -la Federación de Trabajadores, en representación de 71 sindicatos- presentó ante la Dirección del Trabajo su propio proyecto de contrato colectivo. Adujo que integró nuevos trabajadores, pese a que a esta organización le vencía su instrumento colectivo en 2018.
Se sabía que las tiendas de Walmart serían el escenario donde se realizaría el ensayo mayor de la reforma laboral, que entró en vigencia el 30 de abril de este año. Y se sabía que habría muchos focos iluminando esa negociación, por tamaño, recursos y actores involucrados.
Se sabía también que en mayo comenzarían las negociaciones y que en un extremo de la mesa estaría el gerente de Relaciones Laborales de la empresa, Andrés Soto, y en el otro, el histórico presidente del Sindicato Interempresa de Líder (SIL), Juan Moreno, militante socialista y consejero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Lo que no se sabía era que en la antesala de la negociación se dejarían caer otros actores -invitados de piedra, comentan conocedores del proceso- que no estaban en la lista y que dejaron al descubierto uno de los efectos inadvertidos de la reforma laboral: que al no incorporar la extensión de beneficios por parte de los empleadores a los trabajadores nuevos y a los no sindicalizados, los sindicatos podrían presentar proyectos de contrato colectivo en cualquier momento del año, en beneficio de sus nuevos afiliados. Con ello, se podría configurar un escenario de conflicto permanente en la empresa.
Tanto, que en estos momentos Walmart enfrenta dos potenciales negociaciones en paralelo: una que ya se está desarrollando con el SIL, organización liderada por Juan Moreno y asesorada por la consultora Desarrollo y Trabajo, fundada por la ex directora del Trabajo Patricia Silva (también militante del PS), y otra que no esperaba y que está en veremos, con 71 sindicatos pertenecientes a la Federación de Trabajadores de Walmart, que es presidida por Manuel Díaz y asesorada por el director de la consultora Cetra, Carlos Cano, marido de la ex ministra de Desarrollo Social de Bachelet, María Fernanda Villegas.
Ambas organizaciones mantienen una larga disputa por la hegemonía entre los trabajadores de la empresa (ver recuadro). El SIL opera desde posiciones «dialogantes y cercanas a la administración de la compañía», indican fuentes del retail . Además, es una organización tradicional del establishment sindical. De hecho, es uno de los mayores sindicatos privados que todavía pertenecen a la CUT, y en varias oportunidades ha recibido recursos fiscales a través de los fondos que administra el Ministerio del Trabajo. La Federación, en cambio, es descrita como una organización más dura a la hora de negociar e inclinada a la alternativa de la movilización.
Ambas organizaciones dicen tener entre 13 mil y 16 mil afiliados cada una. Walmart Chile tiene del orden de 40 mil trabajadores en su negocio de retail.
Federación presentó proyecto para 1.900 trabajadores
Según los planes de la empresa, este año le correspondía negociar con el SIL, uno de los sindicatos privados más grandes del país, que ha cultivado una fluida relación con la administración de la compañía, al punto de que nunca ha protagonizado una huelga. Al contrario, hasta 2015 ni siquiera había tenido una negociación reglada (con derecho a huelga), y solo había pactado convenios colectivos en procesos desregulados, que se caracterizan por cerrarse en buenos términos entre las partes.
A los sindicatos pertenecientes a la Federación, en cambio, se suponía que les correspondía negociar recién en 2018, que es cuando vencen sus contratos colectivos, suscritos en septiembre de 2016.
Pero no fue así. La Federación se adelantó, y el 22 de mayo presentó su propio proyecto de contrato colectivo, trámite que la Inspección del Trabajo de Quilicura recepcionó el 30 de ese mes. La administración de Walmart, en tanto, presentó ante la propia DT una impugnación, por considerar que ese proyecto era extemporáneo.
Las partes se encuentran a la espera de que la DT las llame a una audiencia para abordar las diferencias.
¿Cómo se llegó a esto? Después de su última negociación colectiva, la Federación reclutó en sus filas a unos 1.000 trabajadores nuevos y que, por tanto, no estaban cubiertos por ningún contrato colectivo y que tenían condiciones laborales menos favorables que los antiguos. Además, «levantó» a un grupo similar de afiliados del SIL, quienes tenían contratos colectivos vigentes, pero a punto de vencer. Y en representación de esos trabajadores presentó un nuevo proyecto de contrato colectivo.
DT prepara dictamen, pues no hay doctrina al respecto
Con la antigua legislación, las empresas tenían atribuciones para extender unilateralmente los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores nuevos, por lo que los sindicatos no tenían la necesidad de negociar especialmente para ese grupo. Pero la reforma laboral eliminó esa prerrogativa. Además, los legisladores tampoco consideraron la extensión por afiliación, que era una propuesta que estaba en el proyecto original del Gobierno y que establecía que los trabajadores nuevos accederían a los beneficios del contrato colectivo con un simple trámite: afiliándose al sindicato.
¿Qué le queda entonces a ese grupo para acceder a los mismos beneficios que sus compañeros antiguos? Esperar, a veces, hasta tres años, para que se active una nueva negociación reglada, o tratar de negociar en cualquier momento del año.
Esta interpretación de la ley mantiene en vilo a Walmart y a otros actores del retail . Tanto, que Walmart consultó a la DT sobre la pertinencia del proceso que intenta llevar adelante la Federación, pero todavía no hay una respuesta de la autoridad. Fuentes conocedoras del proceso indican que todavía no hay doctrina sobre esta materia. Esas mismas fuentes indican que la DT se encuentra trabajando en un dictamen que zanjaría esta situación.
La pregunta que debe responder la DT es de fondo: ¿quién tiene el derecho a negociar colectivamente? ¿El sindicato o los trabajadores? Si el dictamen establece que ese derecho pertenece a los trabajadores, entonces las empresas estarían obligadas a negociar con nuevos grupos de empleados cada vez que estos, a través de un sindicato, le presenten un proyecto de contrato colectivo. Es decir, daría luz verde al proceso que intenta llevar adelante la Federación de Trabajadores de Walmart Chile y se podría abrir un espacio de negociación permanente (ver recuadro).
Cabe recordar que si bien la legislación no reconoció el concepto de titularidad sindical -tras el fallo del Tribunal Constitucional-, tampoco reguló el funcionamiento de otras formas de organización de trabajadores.
Si, en cambio, la DT determina que el derecho a negociar es del sindicato, entonces estas organizaciones podrán tener un solo contrato colectivo vigente, y deberán esperar hasta su vencimiento para volver a negociar e incorporar a los nuevos afiliados.
Fuentes del retail indican que el problema mayor en todo este proceso es que la nueva legislación no estaría cumpliendo con el principio de certeza: «Siempre en materia laboral, la legislación ha buscado ofrecer certeza respecto al momento en que se va a desarrollar la negociación colectiva. Pero si ya no va a ser así, va a haber una complicación respecto a cómo se planifican los gastos en personal».
Otras fuentes alegan que si la DT les negara el derecho a negociar a los trabajadores, se estarían transgrediendo principios constitucionales.
LA PREGUNTA que debe responder la DT es de fondo: ¿quién tiene el derecho a negociar colectivamente? ¿El sindicato o los trabajadores? Si establece que ese derecho es de los trabajadores, las empresas estarían obligadas a negociar con nuevos grupos de empleados cada vez que estos le presenten un proyecto de contrato colectivo.
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