Un paseo de fin de año con habitaciones para 250 personas por una noche y dos días, con alimentación incluida, salón y equipos de fiesta “en virtud de una jornada de educación”. Ese es uno de los gastos objetados por Contraloría de los realizados entre 2015 y 2016 por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, empleando los fondos que entrega el Mineduc para reforzar la educación pública.
Según un preinforme confidencial de Contraloría emitido el pasado 13 de junio, tras un análisis contable de las cuentas de la corporación dependiente de la Municipalidad de Providencia, se detectó una serie de “gastos improcedentes”, de los cuales “no se advierte su carácter educativo”, utilizando los recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep), los que por ley están destinados a los alumnos más vulnerables de los 10 colegios que administra la comuna.
La entidad inició su indagatoria en febrero de este año, a raíz de una presentación de la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI), quien denunció que durante la administración anterior se registró la pérdida de $ 2.881 millones provenientes de subvenciones del Mineduc que no fueron debidamente rendidos y no se encuentran en las cuentas corrientes del municipio.
El déficit motivó también una denuncia de Matthei en la fiscalía por eventual delito de malversación de caudales públicos contra dos funcionarios de la gestión de la ex alcaldesa Josefa Errázuriz: el ex secretario general de la corporación Enrique Martínez y el ex director de Educación Mariano Rosenzvaig. Este último, militante de Revolución Democrática.
Según señala el preinforme de Contraloría, en las cartolas bancarias de la corporación se detectó un egreso de $ 2.740 millones, “correspondientes a cargos realizados en la cuenta corriente que no fueron registrados contablemente”. En específico, de los fondos Faep, Contraloría señala que “los ingresos percibidos provenientes del Mineduc equivalen a $ 2.685.317.518; a su vez, la corporación municipal invirtió en estos periodos $ 834.587.624, quedando un saldo por acreditar de $ 1.850.729.894”.
El documento advierte que “las rendiciones no presentadas generan la obligación de restituir los recursos no rendidos, objetados o no ejecutados, sin perjuicio de las responsabilidades o sanciones que determine la ley”.
Fondos para regalos
Pero aún de los fondos rendidos, Contraloría enumera gastos que no se ajustan a los objetivos de las subvenciones, las que se pueden invertir en rediseño de programas educacionales, adquisición de elementos pedagógicos y mejoras en la infraestructura de los establecimientos. Por ejemplo, se detectó la entrega de tarjetas gift card para los funcionarios por un monto total de $ 107.385.600 para compra de vestuario y calzado, de los cuales $ 69.289.320 fueron rendidos con cargo al Faep del año 2015. “No se advierte el carácter educativo que ha tenido la adquisición de tales gift cards para los docentes, lo que contraviene el principio de legalidad del gasto”, dice el informe.
Lo mismo indica respecto de compras de cajas de regalos para funcionarios. “La Corporación de Desarrollo Social de Providencia pagó con cargo al Faep la factura de $ 23.049.996 por la compra de 1.500 cajas de regalo que incluían seis copas para vino y dos cuchillos de cerámica”. O el gasto de $ 14 millones en la fiesta corporativa, lo cual, a juicio de Contraloría, “no se ajusta a ninguna de las actividades financiables por el convenio y no fue acreditado el carácter educativo que habría tenido dicha actividad, como tampoco se proporcionó el listado de asistentes al evento que permitiera validar su finalidad”. Asimismo, la compra de 45 jeans y 44 trajes para auxiliares y docentes por $ 4.095.541 o la compra de 238 juguetes con cargo al Faep por $ 2.608.735 para hijos de funcionarios.
El informe cuestiona, además, una serie de desórdenes administrativos, como pagos a proveedores “insuficientemente acreditados” por un monto de $ 291 millones; remuneraciones de empleados que no se registran en la planilla de sueldos entregada a la Superintendencia de Educación; o el manejo de una cuenta corriente única para administrar los fondos SEP y Faep, pese a que la norma pide tener cuentas separadas para administrar las distintas subvenciones.
Sobre los cargos en la cartola no registrados en la cuenta de egresos, el informe señala que “la jefa de contabilidad de la corporación señaló a través de un correo electrónico que no se puede acreditar en qué fueron utilizados los recursos correspondientes al SEP 2015 y 2016, toda vez que para poder realizarlo se debe efectuar un levantamiento de información y rehacer los balances tributarios, lo que demandaría meses de trabajo”.
El ex director RD
Matthei ha apuntado las responsabilidades a Mariano Rosenzvaig como ex director de Educación de la comuna (ver entrevista). Sociólogo y máster en Educación de la Universidad de Cambridge, es consejero nacional de RD y militante desde los orígenes de ese partido. Fue parte de los profesionales RD que llegaron a trabajar al municipio luego de que la colectividad apoyara la candidatura de Josefa Errázuriz en 2012. De hecho, en marzo de 2014 reemplazó en la dirección de educación a Javier Jiménez, también RD.
Según la información del portal de Transparencia, paralelo a su trabajo en Providencia, en que ganaba $ 4,7 millones, Rosenzvaig, entre julio y diciembre de 2014, prestó asesoría al Ministerio de Educación por $ 2,5 millones. En febrero de 2016 asumió como asesor de la Secretaría de Educación de Bogotá, aunque mantuvo su contrato con Providencia hasta diciembre de 2016.
Contactado por La Tercera, Rosenzvaig prefirió no dar declaraciones, explicando que “hay un juicio abierto, y mientras eso no esté cerrado, no es conveniente hacer declaraciones; no tengo información del informe de Contraloría”.
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