Conflicto de intereses, privatizaciones y debilidad política: así fue el Gobierno de Piñera

El texto, que detalla los cuatro años del primer Gobierno de derecha tras la dictadura, construye una radiografía del periodo de Sebastián Piñera. Los principales conflictos de intereses destacados por el libro “El Gobierno de Piñera”, van desde un Fondart de $12 millones asignados al Teatro Lastarria 90, del cual el ministro de Cultura de entonces, Luciano Cruz-Coke, era propietario, hasta el que involucró al propio ex Jefe de Estado, quien terminó vendiendo el 13,7% que poseía en la sociedad Blanco y Negro, por un total de US$7,4 millones, luego de que fuera cuestionada la elección del empresario educacional español, Jorge Segovia, como presidente de la ANFP.

A un poco más de un mes de las elecciones, la carrera presidencial está desatada. La estrategia de la derecha ha sido clara: la seguridad ciudadana y el crecimiento económico son los caballitos de batalla del ex Presidente Sebastián Piñera.

Misma fórmula que el ex Mandatario implementó en su primer periodo al mando del país, el cual es revisado en detalle en el libro El Gobierno de Piñera (2010-2014), del doctor en sociología de la Universidad de Washington, Augusto Varas.

El libro, en casi 400 páginas, hace una radiografía a la administración del ex gobernante. Repasa los conflictos sociales que marcaron su periodo, la incapacidad política para manejarlos y la imposición de una política tecnocrática, basada en el desembarco masivo de altos ejecutivos del mundo empresarial en el sistema burocrático del Estado, lo que habría propiciado una serie de conflictos de intereses, que habrían afectado la construcción de un legado piñerista en el mundo público.

El texto sostiene que Sebastián Piñera intentó implementar una política “presidencialista, plebiscitaria, técnica, suprapartidaria y eficientista”, basada en el objetivo de articular a la derecha, al tiempo que maximizaba “focos de lucro y renta a privados”, pero que, a pesar de los esfuerzos, se pudo observar una falta de “relato” en su periodo.

De acuerdo a Varas, entre los principales avances del mandato piñerista, se recalca “la creación de varios liceos Bicentenario, la eliminación gradual y progresiva del 7% de la cotización de salud de los jubilados más pobres, el postnatal de seis meses, la reducción de los préstamos a universitarios y el ingreso ético vía bonos condicionados, así como la defensa de los consumidores”, lo “que le significó cierta aprobación ciudadana pero una fuerte crítica empresarial”.

Pero los ejes fuertes de su objetivo programático no se vieron fortalecidos, es así como “el Gobierno de los mejores”, habría construido una serie de mitos respecto a la efectividad de sus políticas públicas. En números, según Varas, “el desempeño del segundo Gobierno Bachelet –con un precio del cobre mucho más bajo– fue superior al de Piñera, que enfrentó la reconstrucción tras un devastador terremoto”.

Por ejemplo, respecto al aumento del salario mínimo, Piñera alcanzó un 27,3%, mientras que Bachelet un 31,4%. En materia de desempleo promedio, el ex Presidente alcanzó un 6,9%, mientras que la actual Mandataria un 6,4%; respecto a la creación de nuevas empresas, Sebastián Piñera llegó a las 265.000, mientras que Michelle Bachelet a 325.000, explica Varas, a partir de los datos entregados por Francisco Vidal en El Mercurio. “En relación con el control de la delincuencia, de acuerdo a la información actualmente disponible en Paz Ciudadana, el índice de victimización en julio de 2010 era de un 36,5%, el que aumentó en diciembre de 2013 al 40,2%; comparado con la disminución entre este último mes y noviembre de 2016, que fue de 38%”, agrega Varas.

La puerta giratoria entre las empresas y el Estado

Según el libro, la impronta original en la composición del primer gabinete estuvo marcada por las tensiones entre RN y la UDI para tener protagonismo en la administración del primer Gobierno de derecha tras la dictadura. Pero la posición de Sebastián Piñera fue clara: la línea tecnocrática y con una fuerte presencia del sector empresarial o el “ingeniero comercial de la UC”, dieron vida a lo que el rector Peña definió como el “gabinete del retail”. La mayoría de los ministros seleccionados estuvo compuesta por “altos ejecutivos o miembros de directorios de los principales grupos económicos nacionales, lo que les ofreció a estos últimos acceso e influencia directa en la formulación de políticas públicas”, detalla Varas en su libro.

La avalancha empresarial también se vio aplicada en el aparato burocrático del Estado. La denominada “operación desalojo”, trajo consigo más de 10 mil despidos en el sector público, solo durante el año 2010.

Aunque desde el Ejecutivo aseguraron que era un hecho común al inicio de cada nuevo gobierno, según la información obtenida por Ley de Transparencia se puede observar que cerca del “53% de los directivos elegidos habían sido desvinculados por falta de confianza política”, mientras que un 38% de los reemplazantes había sido asignado a dedo y no bajo el Sistema de Alta Dirección Pública, puntualiza el texto.

Este desembarco del mundo empresarial en el sistema público trajo consigo la denominada “puerta giratoria entre la empresa y el Estado”, una expresión que alude a la llamada “puerta giratoria” en las cárceles, con la que prometió acabar Sebastián Piñera durante su Gobierno. Pero no solo logró acuñar una frase este proceso sino que abrió también un marco amplio para los conflictos de intereses.

Para Augusto Varas, doctor en sociología de la Universidad de Washington, “la presunción de neutralidad ideológica de los expertos, sintetizada en la fórmula del ‘Gobierno de los mejores’, contenía un velado desprecio por la política. La política de la antipolítica fue el discurso oficial, intentando establecer el falso carácter no ideológico del personal docto y su juicio técnico, y su absoluta excentricidad respecto de las relaciones de poder”.

Explica que Piñera “en su primer gabinete les dio representación a los diez más importantes conglomerados económicos del país. Subsecretarios y jefes de servicios, en su mayoría, no tenían experiencia política en la gestión del Estado, proviniendo mayoritariamente del sector privado, aplicando fórmulas y estilos propios de gestión de la empresa privada, lo que además abrió un amplio espacio a los conflictos de intereses, como fue el caso de Agrosuper-INDAP”.

En tal sentido, los principales conflictos de intereses, destacados por el libro El Gobierno de Piñera, van desde un Fondart de $12 millones asignados al Teatro Lastarria 90, del cual el entonces ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, era propietario, hasta las irregularidades detectadas en Chiledeportes, en donde la Contraloría investigó la licitación por más de $300 millones adjudicada a una empresa propiedad de un amigo del jefe de gabinete del subsecretario Gabriel Ruiz-Tagle (UDI).

Además, el MOP removió al principio del gobierno al Coordinador de Concesiones, Mauricio Gatica, “quien fue acusado por tener conflictos de interés”, ya que antes de llegar al ministerio era “gerente de las mismas concesionarias”, detalla el texto. A esto se suma el conflicto del intendente de la Región de O’Higgins, Rodrigo Pérez, quien era parte del directorio de la empresa Biodiversa S.A., filial de Essbio, y al mismo tiempo el encargado de aprobar “un proyecto de construcción de piscinas para decantar los residuos orgánicos que generaría esa empresa en la región”.

Uno de los casos más destacados se dio con el propio Sebastián Piñera siendo Presidente, que terminó vendiendo el 13,7% que poseía en la sociedad Blanco y Negro, por un total de US$7,4 millones, luego de que fuera cuestionada la elección del empresario educacional español, Jorge Segovia, como presidente de la ANFP. En la prensa deportiva se acusó intervención desde el Gobierno para su nombramiento.

 Los principales conflictos de intereses, destacados por el libro El Gobierno de Piñera, van desde un Fondart de $12 millones asignados al Teatro Lastarria 90, del cual el entonces ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, era propietario, hasta las irregularidades detectadas en Chiledeportes, en donde la Contraloría investigó la licitación por más de $300 millones adjudicada a una empresa propiedad de un amigo del jefe de gabinete del subsecretario Gabriel Ruiz-Tagle (UDI).

En el área minero-energética “se conoció que el Presidente y algunos de sus ministros tenían intereses en el proyecto carbonífero de Isla Riesco”, que había sido aprobado por el Consejo de Ministros y la institucionalidad medioambiental. El proyecto pertenecía a Minera Isla Riesco S.A. y sus accionistas son Copec S.A. e Inversiones Ultratierra. El Presidente era uno de los mayores accionistas de Copec y su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, era parte del directorio. Por otro lado, Endesa, el controlador de Enersis, tenía un 51% en HidroAysén y “entregó en mayo de 2010 un cheque por diez millones de dólares, como primera donación al Fondo Nacional de Reconstrucción, y la esposa del Presidente recibió un millón de euros de la Fundación Endesa para reconstrucción de Jardines Integra dañados en el terremoto”, detalla el libro.

Estado privatizador y pro mercado

Un foco que marcó la gestión pública de Sebastián Piñera fue la privatización de servicios mediados por el Estado. “La gestión estatal se orientó a facilitar los espacios empresariales de nuevos y más amplios focos de renta y lucro privados”, indica el texto de Augusto Varas.

En tal contexto, se impulsaron políticas como el multi-rut, el “bono auge”, que permite a los usuarios del sistema público asistir a clínicas privadas, pero también se suma la intensificación de la inversión extranjera, que llegó hasta más de US$80 mil millones en 2011, duplicando los US$30 mil millones del año anterior y se reactivaron 56 proyectos privados de los más de cien que habían sido detenidos por la crisis.

A pesar de que la política privatizadora no es únicamente de propiedad de dicho Gobierno, sino que una política constante en los últimos años gobernados por la Concertación, durante la administración de la derecha se llevó a cabo la privatización de mayor envergadura, desde los 90, en el área de servicios sanitarios. En el marco de la reconstrucción, el Ejecutivo mandató la recaudación de US$1.600 millones a partir de la venta de la participación estatal en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal. La venta fue calificada como “oscura” y sospechosa” y hasta fue criticada por el ex Presidente Ricardo Lagos.

Una medida vista como “pro mercado” y que causó polémica, fue la idea del entonces ministro Joaquín Lavín de incluir publicidad en los textos escolares, esto con el fin de que los niños de 12 años se acostumbraran a la exposición ante la publicidad del mercado. Una idea que fue retirada a partir de la nueva línea de impresión de textos de estudio para colegios.

Por otra parte, la iniciativa de no incluir las asignaciones de movilización y colación en el pago de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y de años de servicio, trajó consigo una serie de críticas, ya que dicha parte de la indemnización puede alcanzar hasta un 20% de los montos asignados a los trabajadores.

Algunas medidas que no lograron ser aplicadas o aprobadas en el Congreso fueron la termoeléctrica Punta Alcalde, que fue anulada por la Corte Suprema. Además, diputados de oposición e independientes rechazaron la creación de los hospitales de Maipú y La Florida, acusando una “privatización encubierta” de la salud pública. Algo similar ocurrió con la denominada “Ley Monsanto”, votación en la cual la senadora calificada como “designada” en ese entonces, debió abstenerse de la votación por un conflicto de interés de su familia.

Para Varas, esta mirada mercantilizada de la política pública trajo consigo “la ausencia de un ‘relato’ gubernamental”, el que “fue adquiriendo notoriedad después de los permanentes reclamos del senador Pablo Longueira. Por esas razones, el ministro Larroulet trataba infructuosamente de organizar un discurso presentable. El problema era que el ‘relato’ que de hecho orientaba su gestión era inenarrable. No era posible generar mística y épica en su coalición confesando la no consideración de la misma y que las políticas públicas estaban orientadas a incrementar los niveles de lucro y rentas privadas, la privatización del Estado y la mantención del control oligárquico de la política”, indica el académico.

Estallido social

“Esta democracia le quedó chica al país”, con esta frase el entonces vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa, contextualizó la crisis que vivía Chile en el marco de las protestas estudiantiles, que se desarrollaron durante el 2011 y dieron el paso a una nueva generación política que buscó su expresión electoral y gubernamental con la denominada “bancada estudiantil”, constituida por ex dirigentes del movimiento, como Camila Vallejo y Giorgio Jackson, quienes, pese a que hoy no comparten el mismo conglomerado político, en 2011 tenían como oposición común al Gobierno de Sebastián Piñera.

El conflicto intentó ser destrabado con una serie de mesas de diálogos y el recordado 4 de agosto, en donde se acusó a Piñera de tener un “Estado de sitio” en el centro de Santiago, en medio de un masivo cacerolazo que se desarrolló a lo largo de todo el país. Con la frase “la educación es un bien de consumo”, el ex Jefe de Estado aumentó las tensiones con los estudiantes, quienes pedían educación “pública, gratuita y de calidad”, pero el movimiento comenzó a perder fuerza desde fines de agosto de 2011.

La respuesta de Piñera fue una serie de proyectos que establecieron la Ley de Vocación de Profesor, además de la rebaja al 2% del interés del CAE. Políticas que se suman a los cambios en educación escolar, que buscaban disminuir las horas de Historia, lo que finalmente no prosperó, y la aplicación del llamado “semáforo del Simce”, del entonces ministro Lavín, que calificaba con los colores “verde, amarillo y rojo” a los colegios según los resultados de sus alumnos en la prueba estandarizada.

Otro conflicto fue la explosión social en Punta Arenas, desencadenada por la crisis del gas en Magallanes. A pesar de que todos los partidos políticos de la región, políticamente transversales, firmaron un acuerdo para que no hubiera un aumento en el precio del gas, el Gobierno respondió con un subsidio para adquirir calefactores más “eficientes” para las familias de menos recursos y la tercera edad. Políticamente, la salida fue la respuesta de quien era el ministro de Energía, Ricardo Raineri, que afirmó que “se les acabó la fiesta” a los manifestantes de la zona y agregó que “no podemos hacer políticas públicas a través de las empresas del Estado”.

Mientras el conflicto comenzó a tornarse más álgido y en las distintas localidades de la región se desataron diversos enfrentamientos con Fuerzas Especiales de Carabineros, Sebastián Piñera decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado, postura política que fue criticada por la oposición y hasta por el arzobispo Ezzati.

Posición que –según el autor del libro– ratificó la “tendencia al uso autoritario del poder y la fuerza” del ex Mandatario, ejemplo de lo cual fue la denominada Ley Hinzpeter –que permitía el control de identidad de manera “arbitraria”–, la invocación de la Ley Antiterrorista en causas contra comuneros mapuche, y la propuesta de ley que buscaba penalizar los insultos y agresiones graves a Carabineros, surgida tras el estallido del movimiento estudiantil.

El mismo fallido manejo político se habría visto en el conflicto desatado en Aysén. Tras la aprobación del proyecto HidroAysén, se desencadenaron masivas manifestaciones locales, que llegaron hasta Santiago. Se mantuvieron bloqueos en la región del sur y enfrentamientos directos con FF.EE. de Carabineros, que despertaron el conflicto de la centralización, el alto costo de la vida en zonas extremas, además de evidenciar una mayor organización social en torno a problemáticas que no estallaban hace años.

Las posturas contradictorias entre las distintas carteras del Ejecutivo, principalmente entre el ministro del Interior, Rodrigo Ubilla, y el titular de Salud, Jaime Mañalich, además de una clara falta de direccionalidad política, terminaron por dar vida a uno de los conflictos más complejos para La Moneda de Piñera.

Crisis y la falta de política

Además del estallido social en las calles, se visualizaron distintos conflictos que afectaron el desarrollo del mandato de Piñera. Uno de ellos fue la huelga de hambre de un grupo de comuneros mapuche presos.

Tras más de 80 días en huelga de hambre, el Gobierno accedió a revisar la Ley Antiterrorista y envió un proyecto de ley que acotaba el accionar de la justicia militar. Tras una serie de presiones internacionales, se desplegó la llamada “mesa coja”, que abrió el diálogo sin la presencia de los huelguistas. Tras 82 días de huelga depusieron la medida, después que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se comprometiera al retiro de las querellas en contra de los comuneros.

Por otra parte, la muerte de 81 reclusos en la cárcel de San Miguel reabrió el debate en torno al hacinamiento, el trato poco humanitario del sistema penitenciario chileno y se puso en entredicho la política “tras las rejas” que había impulsado en sus discursos Sebastián Piñera, para afrontar la denominada lucha contra la delincuencia y el fin de la puerta giratoria.

Una de las mayores crisis se dio tras la salida del ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet. Durante su periodo se acusó una “ocupación de militares” en el ministerio, incluido el ex comandante en Jefe del Ejército (r), Óscar Izurieta, en la subsecretaría de la cartera, junto a otros 15 ex funcionarios de la institución castrense. La principal polémica se dio por el contrato con la empresa estadounidense AC para la compra de un puente mecano que reemplazara el destruido tras el terremoto, que cruzaba el río Bío Bío. La Contraloría investigó al Ministerio de Defensa por el sobrepago de US$2 millones y el ministro Ravinet negó el acceso a la información del acuerdo, resguardándose en el uso de recursos de la Ley Reservada del Cobre.

Esta crisis marcó la tensión entre el piñerismo y la denominada ‘familia militar’. Tras el destape de este caso, una serie de contrataciones al interior del las Fuerzas Armadas fueron cuestionadas e investigadas por la Contraloría, lo que terminó con la salida del jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Ejército Cristián Le Dantec, cuando el nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, recién había asumido.

En el ámbito político, la crisis buscó la salida a través del cambio de la administración de los recursos de la Ley Reservada del Cobre y Hacienda se hizo cargo de los recursos que eran administrados por el Consejo Superior de Defensa Nacional.

Un punto que también tensionó al Gobierno de Piñera fue el tema de las violaciones a los DD.HH. en dictadura, el rol del mundo civil y los 40 años del Golpe Militar. Tras una serie de presiones de familiares y agrupaciones de detenidos desaparecidos, el gobierno decidió hacer una serie de gestos con el fin de bajar la presión. Presentó una querella por homicidio calificado” contra quienes resultasen responsables por la muerte de José Tohá y, además, el Mandatario realizó un homenaje al ex Presidente Eduardo Frei Montalva, señalando que su muerte “no puede quedar impune”. Esta arremetida tensionó al oficialismo de entonces e intensificó la demanda por liberar a los militares presos por violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura, línea que ha sido respaldada en la actual campaña de Piñera, quien aseguró que, en los casos de detenidos que estén desahuciados, estos deben ser liberados por un “tema humanitario”.

El tema de la despenalización del aborto también causó polémica. Llamaron la atención, a nivel internacional, las declaraciones del entonces Presidente Piñera ante el caso de Belén, una niña de 11 años que resultó embarazada tras violaciones reiteradas por parte de su padrastro. Este caso reabrió la discusión en torno al aborto en caso de violación, el ex presidente dejó en claro su posición, y señaló que “nos sorprendió con palabras que demostraban una profundidad y madurez” , lo que fue replicado por los periódicos The Washington Post, la BBC y El País. Además el diputado Issa Kort afirmó que Belén “ya está preparada para ser madre”, lo que desató la indignación en distintos sectores del país.

Una derecha tensionada

Una línea constante durante el gobierno de Sebastián Piñera fue la tensión entre el espíritu de las distintas derechas que conviven en lo que era denominado como “Alianza por Chile”, hoy “Chile Vamos”. Una de las bases de los distintos conflictos ya relatados y que encontraban su origen entre una derecha liberal en materia de derechos civiles y económicos, la conservadora ligada al mundo religioso, que muchas veces se conectaba directamente con la de la familia militar.

La idea de tener un gobierno “transversal”, que de una u otra forma pudiera controlar a parte de la oposición fue impulsada por el piñerismo más cercano y por parte de Renovación Nacional. Carlos Larraín postuló que era perfectamente entregarle un ministerio a los radicales o a la DC. pablo Longueira matizó dicha postura y aseguró que había que asegurar un eje de acuerdos con la Concertación, recordando el acuerdo con Ricardo Lagos que puso paños fríos al conflicto por EFE.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, establecía que había surgido una derecha que superaba la lógica clásica, basada en el crecimiento económico y la seguridad ciudadana, sino que se habían sumado otras líneas ligadas a la centro-izquierda, como las medioambientales y de derechos civiles.

Dichas posturas fueron resistidas por personeros de la UDI. El ministro Joaquín Lavín tomó distancia del denominado círculo piñerista, el entonces alcalde Francisco de La Maza y Jovino Novoa aseguraron que UDI debía impulsar una línea propia, basada en su mayoría parlamentaria y con una fuerte resistencia a los proyectos de índole valórico, como el acuerdo de vida en pareja. Críticas que en parte fueron respaldada por Andrés Allamand (RN) quien aseguró que esta “nueva derecha” desconocía el acuerdo y trabajo del bloque UDI-RN.

Según el sociólogo, Augusto Varas, en la actual campaña presidencial se “ha logrado cohesionar la coalición –mucho más diversa- que eventualmente le daría sustento gubernamental” a un nuevo proyecto presidencial. Explica que Sebastián Piñera “ha aprendido que gobernar no es lo mismo que dirigir empresas, y ha renovado generacionalmente sus equipos. En particular ha incorporado en su campaña los nuevos términos propuestos por este grupo para darle a su “relato” cierta verosimilitud. Así, el Estado ya no es subsidiario, es “solidario”, el Ministerio de Desarrollo Social será Ministerio de la Familia ampliando las política bonos para los adultos mayores”.

Agrega que “la profundización mercadista será un “reformismo responsable”, su caudillismo presidencialista se ha transformado en un “liderazgo moderado” que aspira a representar “visiones colectivas””. Pero, sin embargo, “tal como lo ha indicado Hernán Buchi, en un eventual segundo gobierno de Sebastián Piñera sería necesario retrotraer la reforma tributaria, la de educación superior y la sindical; debilitar al Sernac y las instituciones contraloras y reguladoras, sí como limitar la acción del Servicio de Impuestos Internos. Este es, tras la nueva retórica ilustrada, el nuevo relato inenarrable”, finaliza el académico.

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