Comienzan a alinearse los astros en favor de Julio Ponce

Parecen ser momentos de definiciones para Julio Ponce y la compañía que por años ha controlado, SQM.

El controvertido empresario, que hasta hace un par de años solo salía en portadas por las juntas que anualmente le tocaba presidir en SQM, hoy es objeto de portadas permanentemente en la prensa local. Un personaje envuelto en el mito del anonimato, el mismo a partir del cual se decía que vivía en Austria y que solamente unos días pasaba por Chile y que se juró a sí mismo nunca dar entrevistas ni hablar en los diarios; quizás uno de los que más noticias ha generado en el mundo económico y político por una serie de contingencias que, aparentemente, se acercan a un pronto desenlace.

Lo anterior, por el avance de varios de estos frentes, en particular el que enfrenta su compañía con Corfo. Fue en junio de 2015 que la Corporación puso en serios aprietos a SQM, al rechazar la conciliación propuesta en el marco del arbitraje con la minera por una serie de incumplimientos en sus operaciones del Salar de Atacama, abriendo una pugna que solo se resolvería con la salida de Ponce del control de la minera.

Pues bien, según publicó el diario La Tercera, es posible que esta semana el mediático conflicto se resuelva. Esto, a través de la negociación paralela que lleva adelante Felipe Bulnes, ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, quien en representación de la Corfo busca sellar un acuerdo con SQM, representado por Sebastián Oddó.

Según el medio, son al menos tres opciones las que se están barajando para que Ponce definitivamente pierda el control de la minera, a pesar del pacto transitorio con Kowa y la empresa canadiense PCS, a través del cual renunció por tres años a ejercer mayoría en el directorio, como lo hizo por casi 30 años.

Una de ellas contempla extender dicho acuerdo de modo permanente; otra opción es poner término al pacto controlador que ejercen las cascadas con Kowa; y la última, un eventual swap de acciones entre los títulos de la serie A (los cuales permiten elegir 7 de los 8 directores de SQM) por los de la serie B.

Algo de esto ya había anticipado Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, la semana pasada.

“Nosotros tenemos una propuesta y estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo con la empresa SQM. Pero el arreglo final requiere una pérdida de control. Por buenas razones. Hay muchas maneras de perder el control sin necesidad de vender. Un intercambio o swap de acciones, por ejemplo”, dijo en una entrevista a El Mercurio Inversiones.

Sobre el pacto con Kowa, en el mismo medio aseveró: “Le voy a dar mi opinión personal que claramente no es compartida por el regulador: yo creo que la forma en que Julio Ponce tomó el control en 2006 cuando hizo el acuerdo con Kowa es ilegal. Porque esa sociedad para privatizarse se hizo sujeta a la ley de desconcentración de las AFP y esta establece claramente que nadie puede tener el control con más del 32% de las acciones. Si alguien a través de un contrato logra eso, entonces está, al menos, vulnerando el espíritu de la ley”.

Con dicho acuerdo, generado después de una fuerte disputa por el control de la minera entre Ponce y Potash, el controvertido empresario podía tener mayoría en el directorio de SQM y gobernarla a pesar de tener poco menos de un tercio de la compañía.

El acuerdo entre la Fiscalía y SQM

Otro frente que podría despejarse prontamente en Ponce y su entorno es el de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el escándalo de las platas políticas.

El fiscal Pablo Gómez estaría en vías de sellar una salida alternativa mediante el pago de US$3,8 millones por parte de la minera, el precio de la suspensión condicional del caso.

Dicho pago se desembolsaría, por una parte, al fisco y, por otra, a una institución de beneficencia, sumándose además una publicación en el Diario Oficial y la difusión de la sentencia en un periódico de circulación nacional.

Esta salida alternativa podría, sin embargo, contar con la oposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ha planteado sus reparos a que haya una suspensión condicional del procedimiento, tal como se ha planteado.

Este acuerdo liberaría definitivamente a la minera del caso, al eliminar la posibilidad de que se llegue a un juicio oral, no obstante, todavía dejaría a Julio Ponce atento a la situación, ya que se prevé que, con una salida alternativa, Patricio Contesse pondría fin a su largo silencio.

El caso Cascada se sigue jugando en lo civil

El caso Cascada tomó forma hace poco más de tres años, cuando la SVS sancionó a Julio Ponce, Roberto Guzmán, Leonidas Vial, en septiembre de 2014, además de varios otros ejecutivos hasta entonces intocables en Sanhattan.

Pues bien, pese a que los cargos de la SVS motivaron una sanción que en suma alcanzó los US$164 millones, dejando a las AFP y otros accionistas minoritarios como sujetos potencialmente perjudicados por el esquema fraudulento que habría creado Ponce, este solo fue multado en US$ 70 millones. De hecho, la Superintendencia de Pensiones cifró el perjuicio en US$44 millones para las AFP, pero el tema sigue dando que hablar en los tribunales civiles.

La semana pasada, en la demanda indemnizatoria presentada por Cuprum, el 18º Juzgado Civil de Santiago sostuvo que la AFP no sufrió daño económico alguno.

Una de las razones del tribunal fue que la AFP se guardó la reserva respecto al monto del daño que habría sufrido y, solo por ello, la acción es imposible de prosperar, al tratarse de una demanda indemnizatoria.

Según publicó La Tercera, el criterio del jugado fue que “en la lata demanda de Cuprum no hay referencia concreta a un daño que pueda ser declarado en este fallo, pues por más reserva que se haga siempre es menester que se acredite la existencia de perjuicios y la ley solo posibilita el discutir su naturaleza y monto en otra oportunidad, discusión que únicamente es procedente si previamente, en el fallo, se ha dicho por el tribunal que hay perjuicios”.

El tema puede sentar precedente respecto de las otras demandas que hay en contra de los responsables de los potenciales perjuicios que generó el caso Cascada.

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