Por Maria Fernanda Villegas, ex ministra de Desarrollo Social, Directora de Programas de CETRA
17 de octubre, Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. El mundo ha revitalizado este objetivo como valido y necesario incorporándolo en la denominada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Pero en Chile, el tema ha tomado un perfil tan discreto que uso como excusa el recordatorio de Naciones Unidas para contribuir a reponer el debate. Vale la pena reflexionar sobre los distintos caminos que una y otra vez se han seguido para atacar este flagelo planteándonos las limitaciones o validez de cada uno, en nuevos escenarios.
Sabido es que bajo cualquier parámetro el país ha sido exitoso en la fotografía de la reducción de pobreza desde 1990 hasta hoy. Ese resultado permitió complejizar la discusión mirando ya no sólo los ingresos de las personas, sino también dando cuenta de la multidimensionalidad del fenómeno y por ende desarrollar otros instrumentos más integrales para su observación y medición que diera luces más adecuadas sobre cómo mejorar las políticas sociales y usar de mejor modo los recursos siempre escasos. Lo paradójico del caso, es que el relativo éxito alcanzado, en vez de hacernos perseverar en la tarea, nos obnubiló y hoy por hoy pareciera un tema inexistente, invisible del debate público y político.
Caminos ha habido varios, desde la filantropía clásica de los privados que dan lo que sobra o lo que se puede y cada vez mas acompañados de marketing y lobby, pasando por la acción del denominado tercer sector de promoción e intervención social a pequeña escala o hasta la política pública que ha usado diversas herramientas como la asistencialidad programática de corto plazo , las transferencias en sus diversas modalidades (condicionadas o no), la instalación de competencias laborales hasta llegar a modelos de desarrollo inclusivo que parten desde la infancia y se despliegan en el mundo laboral. Todos estos instrumentos, con excepción del último aspecto son los articuladores de lo obrado en Chile. Es que considerar y darle importancia a cerrar brechas desde la cuna es bastante más reciente. En ese sentido hay que reconocer que el Sistema Chile crece contigo ha sido la política pública más seria y de Estado en la ultima década. Sin embargo ello no ha sido suficiente, como lo mostraron los vacios respecto de niños que estaban bajo el cuidado del Estado (SENAME), como por los déficit de la calidad y pertinencia de la educación que debería ser el eslabón siguiente y por el desacople completo con el mundo del trabajo.
Las estrategias antes señaladas aunque útiles, tienen limitantes. Si se trata de intervenciones públicas como programa o transferencias, al retirarse el Estado la sostenibilidad se hace crítica. Lo mismo para las respuestas del tercer sector si no se encadenan a otros procesos. Muchos de estas vías ofrecen respuestas transitorias a necesidades permanentes. Los déficit de capital social, cultural y redes son otro factor que debilita las acciones cuando están destinadas sólo a individuos.
Vemos con preocupación, que a pesar de una mayor escolaridad promedio en la población, más de 149 mil niños y jóvenes menores de 21 años abandonaron la educación formal durante el 2016 según datos de Casen. En el mismo periodo se registraron 22.349 casos de madres adolescentes, de los que casi 700 son menores de 14 años. Por otra parte, según Mineduc un 30% abandonan en primer año sus carreras universitarias, un 36% en caso CTF y un 32, 8 % para el caso de los Institutos Profesionales. De ellos un 17,2 % no volverá a reingresar. Tres signos evidentes de que mas allá de los grandes números que parecerían conformarnos, son todavía muchos los que se van quedando en el camino, caldo de cultivo para la pobreza y la baja empleabilidad.
Del mundo del trabajo ni hablar. No hemos conseguido hacer conversar los sistemas de capacitación y formación con las necesidades del país real. El Estado no interviene de manera significativa en los mercados de trabajo, y las políticas laborales están afecta a una única regla: oferta y demanda.
La calidad de empleo deja mucho que desear, pues los puestos de trabajo que mayoritariamente se han ido generando hace ya bastantes años corresponden a trabajos por cuenta propia como lo muestra el informe “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe” de CEPAL y OIT ubicando a Chile en el tercer lugar de crecimiento del trabajo por cuenta propia solo superado por Ecuador y Panamá. Respecto de los ingresos, anotemos que un 50% de los ciudadanos percibió el 2016 ingresos que no superaron los 350.000 pesos según INE, que para el caso de las mujeres esto se agrava producto de la brecha de género, que asciende -31,7% en el ingreso promedio.
Consignemos también el bajo número de trabajadores sindicalizados en Chile con un 13,2 % (inferior al promedio OCDE donde supera el 16%) por ende el instrumento de mejoramiento salarial, la negociación colectiva, encuentra un alcance acotado. Sin mencionar que además al ejercer tal derecho, deben sortear las barreras de una legislación deficitaria para alcanzar resultados positivos. En síntesis hay factores estructurales que parecerían impedir mayores avances
El ex presidente Piñera y hoy candidato a la Presidencia comprometió en su mandato erradicar pobreza y le puso fecha, no cumplió. Pero nadie podrá hacerlo tampoco si no consideramos la vulnerabilidad laboral con que se vive en Chile. La mayoría sabe que la pobreza si puede tocar su puerta en algún punto de la vida.
La trayectoria laboral se marca tempranamente, por lo que factores como deserción escolar y embarazo adolescente beben atenderse con prioridad. De igual modo un mercado de trabajo con reglas más claras, con mayor capacidad de negociación para los trabajadores y con vasos comunicantes entre educación y formación son imprescindibles.
El trabajo y el empleo forman parte constitutiva de una sistema de protección social efectivo. Otras estrategias son opciones validas y necesarias como recursos de acompañamiento pero no hay instrumento más poderoso y sostenible de movilidad social y superación de pobreza que la capacidad laboral desplegada y adecuadamente reconocida por la sociedad.
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