Todo por nada

Por Óscar Contardo

Antes de 2011 la palabra “lucro” permanecía inofensiva y quieta en una prohibición que nadie tomaba muy en cuenta. Le ley disponía -sin más detalle- que las universidades privadas no podían lucrar, es decir, que debían reinvertir los excedentes de dinero que lograran en el mismo proyecto para la que fueron creadas: en la enseñanza, la educación, la investigación, la extensión. Restringir el destino de los excedentes tenía una lógica; ese dinero no podía ir a parar a otros fines más que los de la enseñanza y la elaboración de conocimiento, porque si tal cosa no sucedía, a la larga la meta de los controladores sería hacer más dinero para incrementar su patrimonio y no usarlo para mejorar la calidad de la institución. Según ha sido comprobado, cuando esto ocurre, las instituciones educativas acaban como fachadas de grandes ordeñadoras de estudiantes, que en lugar de ser tratados como alumnos son mirados como meros clientes. ¿Y cómo se gana más dinero en este caso? Dando educación como quien brinda un servicio a ras de piso, sin aspirar a calidad, porque hacer las cosas mejor significaría mermar los excedentes. La posibilidad de lucrar impulsa instituciones en donde la prioridad es cobrar más y dar menos, con profesores mal pagados, contenidos mediocres, investigación inexistente y el mercadeo reemplazando la vinculación con la comunidad. Frente a esta situación, ¿quiénes serían los mayores perjudicados en un país como el nuestro? Los alumnos de familias de menores ingresos, aquellos que ya recibieron una pésima educación básica y media, que en razón de su rendimiento en la PSU no podrían llegar a la universidades de mayor prestigio –públicas y privadas sin fines de lucro- y acabarían endeudándose por un título caro brindado por una institución de mala fama. Esta era la razón para restringir el lucro en este ámbito específico, pero hasta el movimiento estudiantil de 2011 nadie parecía haberse percatado de ello. Hasta ese año la ley, más que una orden, era tomada como una sugerencia que se evadía a través de triquiñuelas legales: había universidades que por el reverso no eran más que sociedades inmobiliarias. Muchos conocían esta situación y referían mirar al techo.

La palabra “lucro” irrumpió en nuestro vocabulario para revelar que existía una ley que no se cumplía y un negocio montado sobre la precariedad de muchos. La respuesta a esa revelación fue primero desvirtuar su sentido: destacados dirigentes de derecha en el gobierno de la época intentaron confundir a la opinión pública, explicando que lo que se buscaba era que los controladores de las universidades privadas no cobraran, que no se pagaran sueldos, que los directivos y profesores trabajaran gratis, porque eso significaba prohibir el lucro. Y no era eso. Ellos lo sabían, pero lo repitieron una y otra vez. Fueron años de movilizaciones, de discursos, de mostrar evidencia del daño que se provocaba -¿recuerdan la Universidad del Mar?-, de mostrar cómo universidades estafaban a alumnos pobres, los endeudaban con carreras de cartón, con decanos de mentira y profesores fantasma.

En 2014 terminó un gobierno y asumió uno nuevo que usó como promesa de campaña el fin del lucro en la educación superior. Prometía una nueva etapa para el país. Un flamante proyecto detallaría la prohibición al lucro de un modo tal que eludir las restricciones sería imposible. La discusión parlamentaria fue intensa, la nueva ley logró ser aprobada para su promulgación. En paralelo, según informó Ciper, hace más de un año el gobierno que acaba de entregar el poder encargó un estudio sobre un enorme conglomerado de universidades privadas para determinar el grado en que esas instituciones habían eludido la prohibición de lucrar. Ese informe –dispuesto por el Mineduc y elaborado por abogados y auditores- puso en negro sobre blanco lo que ya conocíamos: decenas de miles de alumnos cursaban sus estudios en instituciones cuyo controlador no tenía como objetivo principal la educación, sino incrementar su patrimonio. ¿Cómo lo hacían? Con muchos alumnos pagando por carreras mal evaluadas impartidas en condiciones académicas lastimeras y sin proyectos de investigación. En este caso, la fórmula para llevarse los excedentes era cobrar sumas altísimas por el uso de ciertas licencias y servicios que proveía sólo el propio controlador de las universidades, un grupo inversionista extranjero.

El estudio revelado por Ciper tendría evidencia clara de lo que estaba pasando y de que la ley no se estaba cumpliendo en instituciones que siguen ahí, como si nada. ¿Qué hacer con esta información? Al parecer, alguien pensó que la mejor decisión era guardar el informe hasta el cambio de gobierno y hablar en voz baja para no meterse en líos.

Paralelamente, Pilar Armanet -antigua colaboradora de los gobiernos de la Concertación, militante PPD, ex vocera del primer gobierno de Michelle Bachelet- en representación de esas instituciones descritas en el informe revelado por Ciper, recurría al Tribunal Constitucional para revisar la restricción del lucro establecida por la ley que se transformó en una de las banderas del gobierno de la Nueva Mayoría. La señora Armanet logró lo que el inmenso controlador internacional buscaba.

Ahora el lucro en la educación superior estaría avalado por la ley gracias a que el tribunal juzgó inconstitucional ciertas disposiciones. Incluso más, abrió la puerta para que instituciones con fines de lucro eventualmente puedan recolectar dinero público a través de las becas de los alumnos. En un parpadeo, todo –los años de movilizaciones, los debates, los argumentos de los expertos, la evidencia internacional recopilada, las promesas de campaña, la discusión parlamentaria- quedó en nada.

Lo que hay ahora es un puñado de personas respirando con alivio porque el negocio no se acaba. Mientras eso ocurre, nuestra democracia reversible les da a millones de ciudadanos una razón más para dejar de confiar en ella.

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