El primer mes de Piñera en cuatro capítulos

A casi 30 días de haber retornado a La Moneda, el balance en el gobierno es positivo. Pese a eso, reconocen algunos errores no forzados, un complejo proceso de instalación y un enfrentamiento con la UDI. Sin embargo, con el inicio de las comisiones para buscar acuerdos y el próximo envío de proyectos para desplegar el programa del Ejecutivo buscarán comenzar una nueva etapa.

Gobierno impulsará agenda de proyectos tras lento inicio legislativo

“El primer mes fue para instalar en la opinión pública los grandes acuerdos”. Eso comentan fuentes de La Moneda sobre el diseño para las primeras cuatro semanas del segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Esto, haciendo alusión al llamado transversal que hizo el Mandatario para concretar cinco acuerdos nacionales y sacar adelante una serie de iniciativas.

Las mismas fuentes señalan que ahora la apuesta comunicacional es profundizar las temáticas de los consensos a través del despliegue de diferentes ministros sectoriales, quienes apostarán por profundizar en diferentes áreas.

Junto con lo anterior, en el Ejecutivo quieren comenzar a instalar su propia agenda e impulsar su programa de gobierno. En ese sentido, el “primer hito”, dicen fuentes de la Segpres, fue ingresar el miércoles el primer mensaje presidencial del gobierno de Piñera: el que permite el aumento de las subvenciones para organismos colaboradores del Sename. “Con el ingreso del proyecto se inició la etapa del despliegue de la agenda propia”, señala un ministro.

Ahora, el siguiente paso es comenzar a enviar “progresivamente” una serie de proyectos de ley, entre ellos, la indicación que modifica la Ley Antiterrorista -ingresada el jueves pasado-, que fue anunciada por el jefe de Estado el viernes 23 de marzo en el marco de su visita a La Araucanía.

Además, esta semana que viene continuarán con introducir al Congreso las indicaciones a la ley de migraciones. Esto, luego de que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Ubilla, asistieran a las comisiones de Gobierno Interior del Senado y de la Cámara para explicar los alcances de la iniciativa. De igual manera, buscan sacar adelante un proyecto proinversión que está siendo trabajado por el Ministerio de Economía y que también se estaría alistando para ser ingresado la próxima semana.

Junto con eso se quiere dejar lista la reforma a las isapres, cambios a la ley de fármacos, y el proyecto que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE). El objetivo -aseguran en el Ejecutivo- es dejar todos estos proyectos ingresados en un plazo de 90 días.

En este contexto, fuentes del Ejecutivo comentan que es necesario comenzar a “levantar” los temas del programa de gobierno. De hecho, algunos reconocen que el proyecto de identidad de género “se ha comido” parte de la agenda, siendo que no está incluido en el programa. “Nos hicimos cargo de un problema que no era nuestro”, comenta una fuente de Palacio.

El ritmo del ingreso de proyectos de la actual administración contrasta con el que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet.

En el Ejecutivo recalcan que han preferido hacer las cosas de manera más lenta, porque estratégicamente van a ir cumpliendo etapas. Además, añaden que la experiencia de la administración de Bachelet de “ingresar varios proyectos reformistas” terminó siendo, a juicio de La Moneda, negativa. De igual manera, reiteran que buscan insistir en la línea de mantener “bajas las expectativas” en la ciudadanía para evitar abrir flancos.

Un episodio que grafica la dinámica legislativa se produjo el miércoles pasado en la sala del Senado. Ese día, la sesión duró poco menos de una hora. Durante ese escaso lapso -que contrasta con las, en promedio, cuatro horas habituales- los legisladores solo revisaron un proyecto de acuerdo -que no tiene carácter resolutivo- para que el Estado de Chile condenara el femicidio de la concejala brasileña Marielle Franco da Silva. Ningún proyecto de ley estaba en tabla.

La escena, comentan en los pasillos del Congreso, refleja el “lento ritmo” con el que el gobierno de Piñera ha aterrizado en materia legislativa. “Hasta ahora hemos tenido grandes anuncios en distintas áreas, pero no hemos tenido proyectos de ley”, advirtió ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS).

Hasta ahora el Ejecutivo ha ingresado un total de 19 urgencias, pero no a proyectos del gobierno, sino que a propuestas que ya estaban con anterioridad en el Congreso. A todas ellas se les puso urgencia simple, a excepción de la que se le aplicó a dos iniciativas: la que crea el sistema de reinserción juvenil y la que establece un acuerdo con EE.UU. respecto de la asignación de oficiales de seguridad a bordo, vinculado al programa Visa Waiver.

El escenario es totalmente opuesto al que se dio durante el primer mes del gobierno de Michelle Bachelet. Tras asumir en La Moneda, en marzo de 2014, la entonces mandataria envió al Congreso siete iniciativas, de las cuales tres fueron despachadas en ese mismo primer mes por ambas cámaras. La primera de ellas, ingresada al día siguiente del cambio de mando, fue el denominado “bono marzo”, proyecto que concedía un aporte familiar permanente a las familias de menores recursos.

Durante su primer mes, el entonces Ejecutivo impulsó, además, un proyecto para “mejorar las normas en materia de contratación pública y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos”, el proyecto que creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y una de las apuestas más emblemáticas de su administración: la reforma tributaria.

Pero la apuesta legislativa de Piñera es, además, diametralmente opuesta a la que el propio Mandatario lideró durante su primer gobierno.

En los primeros 30 días de su anterior administración ya había enviado al Congreso un total de cinco proyectos: uno de ellos, de hecho, fue aprobado durante ese mismo mes por ambas cámaras.

Piñera, el ideólogo de la fórmula que dividió a la oposición

“La idea fue del Presidente Sebastián Piñera”. Así responden ministros al ser consultados sobre quién fue el ideólogo de implementar la estrategia de los grandes acuerdos nacionales, un concepto que comenzó a ser trabajado durante la campaña, que se ha profundizado durante las primeras semanas de marzo y que ha provocado -a través de las comisiones en las que se busca materializar esos acuerdos- una división en la oposición.

La idea de los grandes consensos fue acompañada de la frase de la “segunda transición” que comenzó a implementar el Mandatario cuando era candidato. Según cuentan en el Ejecutivo, en el círculo más cercano del jefe de Estado -con quienes afinó la estrategia para la campaña- hubo algunos que no les gustaba utilizar ese concepto y que -en su momento- le rebatieron la idea de usarlo.

Sin embargo, el entonces candidato insistió en su postura y -según reconocen actuales ministros- la estrategia comenzó a tener buenos resultados, los que, aseguran, se vieron reflejados en sondeos internos. Tanto caló el discurso de la segunda transición, dicen, que fue uno de los ejes principales durante su primer discurso en La Moneda, el 11 de marzo. “Hace casi 30 años, con unidad, fe y esperanza, los chilenos realizamos con notable éxito la primera transición, que nos permitió avanzar a una sociedad con libertad y democracia, pero esa transición es parte del pasado. Los chilenos, con la misma fe, tenemos que emprender la nueva transición”, dijo Piñera en esa oportunidad.

Desde su arribo a La Moneda, el jefe de Estado, junto con recalcar la segunda transición, comenzó a profundizar en el concepto de los “grandes acuerdos”, el que ya había quedado plasmado en uno de los capítulos del programa de gobierno donde se adelantaba que se convocará a todas las fuerzas políticas a concretar una serie de consensos en diferentes materias, entre ellas paz en La Araucanía, desarrollo económico e infancia.

Por estos días, el Ejecutivo ha comenzado a materializar esos temas a través de la conformación de comisiones de trabajo que han sido criticadas por la oposición debido a su composición. En La Moneda también le atribuyen a Piñera la idea de constituir estas mesas de trabajo como medio para llegar a los acuerdos.

De hecho, las mismas fuentes destacan que el Mandatario le ha puesto un sello “ejecutivo o empresarial” a estas instancias de trabajo. Esto, aseguran que se ve reflejado en las directrices que estableció Piñera para el funcionamiento de estos equipos: con un cronograma claro, plazos de tiempo definidos y un número reducido de integrantes.

Lo anterior, afirman las mismas fuentes, contrasta con las comisiones presidenciales que impulsó la ex mandataria Michelle Bachelet, las que -cuestionan en el Ejecutivo- se extendieron por periodos prolongados y “sin grandes resultados”.

Otra de las características que se ha implementado en las comisiones de trabajo es que están lideradas por ministros sectoriales o de Palacio. Por ejemplo, a la cabeza de Seguridad está el titular de Interior, Andrés Chadwick; en Infancia, en tanto, está el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

Este modelo se replica también en los proyectos que se están impulsando, algo que ha sido habitual en administraciones anteriores. Por ejemplo, en el caso de identidad de género el ministro de Justicia, Hernán Larraín, es quien ha estado liderado el tema. Esta situación ha llamado la atención de algunos dirigentes de la UDI, debido a que sostienen que “se ha visto poco” al ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, a la cabeza de los proyectos. Incluso, algunos han especulado que se está intentando blindar a Blumel, situación que en La Moneda descartan de plano.

Desde el gobierno, de hecho, agregan que la cartera cumple un rol articulador entre las diferentes iniciativas y para monitorear que el programa de gobierno se cumpla al interior de las comisiones de trabajo, aunque con la flexibilidad necesaria para llegar a acuerdos transversales.

Al final, el balance del Ejecutivo es positivo: afirman que el discurso de los grandes acuerdos y la conformación de las primeras dos de las cincos mesas de trabajo han sido exitosas (las ya constituidas sobre Infancia y Seguridad se suman a la de Desarrollo Económico, Salud y Paz en la Araucanía). Y, además, les ha traído réditos debido a la postura crítica que ha adoptado la oposición, donde algunos dirigentes incluso se han restado de participar de las instancias. “Ellos son los que quedan mal con la ciudadanía y nosotros como los buenos que queremos incluir a todos”, comentan algunos ministros.

De todas formas, otros advierten que con la postura que han adoptado algunos personeros de la oposición se vaticina un escenario complejo en el Congreso. “Es difícil que cambien de parecer respecto a temas que han manifestado rechazo”, comentan algunos en Palacio.

Los “errores”no forzados

Ministros que hablan de más o que no informan lo que deben de manera oportuna; cuestionamientos desde sus filas por temas valóricos, y problemas en la designación de seremis. Esos son algunos de los “errores no forzados” o “pasos en falso” que reconocen en el gobierno y que han tenido que enfrentar durante su primer mes en La Moneda.

Si bien en términos generales en el Ejecutivo destacan que han tenido “más luces que sombras”, admiten que hay episodios que se pudieron evitar, pero que -recalcan- son propios de la política y de todos los gobiernos.

Así, relatan que algunos de estos episodios se deben a declaraciones del ministro de Educación, Gerardo Varela, quien desde que fue anunciado como secretario de Estado su figura ha generado algunos cuestionamientos por las columnas que escribió antes de asumir en la cartera. El problema, afirman, es que ya estando en el gobierno repitió algunas de sus polémicas frases. Por ejemplo, el 18 de marzo dijo a La Tercera que la “educación es un bien económico”. Junto con esas palabras, en el gobierno dicen que hubo otras que también generaron incomodidad. Eso sí, recalcan que el titular de Educación ha ido aprendiendo de sus errores y que ya no es el mismo de los primeros días. “Está más cauteloso”, comentan en Palacio.

Junto con las frases de Varela, otro de los episodios que generó incomodidad y que fue catalogado como un error en La Moneda fue el momento de la puesta en marcha del nuevo protocolo que firmó el ministro de Salud, Emilio Santelices, para que instituciones privadas que tienen convenio con el Estado puedan acogerse a la objeción de conciencia para no practicar abortos en las tres causales permitidas.

Según indicaron varias fuentes del gobierno, el titular de Salud había informado solo al jefe del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, y el Presidente Sebastián Piñera no estaba al tanto de la puesta en marcha del protocolo, ni tampoco los ministros del comité político, quienes tuvieron que salir a reaccionar el mismo día que fue publicado en la página web del Minsal.

Todas esas situaciones han estado cruzadas, además, por otro de los temas que algunos reconocen generó un revés durante las primeras semanas: la nominación de los seremis. En concreto, el gobierno tuvo que cambiar cerca de 20 personas porque no cumplían con los requisitos legales para asumir, tenían temas judiciales pendientes o porque argumentaron razones personales. Pese a eso, en el gobierno recalcan que la cifra es marginal, dado que en total son 275 seremis en todo Chile.

Esos episodios, sin embargo, han quedado en un segundo plano por el enfrentamiento entre el gobierno, la UDI y sectores de RN por la idea del gobierno de fijar una postura respecto al proyecto de ley de identidad de género, un tema que no está en el programa de gobierno. Para algunos, el debate generó una polémica innecesaria en la coalición.

Quien lideró la búsqueda de un consenso al respecto -previo a que el Presidente Sebastián Piñera fijara ayer una postura a favor del cambio registral en adolescentes entre los 14 y 18 años, bajo ciertas condiciones- es el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ha sido uno de los secretarios de Estado “más expuestos mediáticamente”, según comentan en el gobierno. Con todo, en el Ejecutivo dicen que Larraín tiene una excelente evaluación entre sus pares. Sin embargo, algunos comentan que “es demasiado honesto o sin filtro”; por ejemplo, como cuando exteriorizó, a juicio de algunos, “demasiado” las dificultades de La Moneda para lograr un consenso entre Chile Vamos en identidad de género.

Una compleja instalación

Uno de los primeros en exteriorizar su molestia por las dificultades en el proceso de instalación del gobierno fue el ministro de Minería, Baldo Prokurica. “Es absurdo que en las urnas el voto popular tome una decisión y la administración pública no quiera obedecerlo, no quiera adecuarse (…) Nosotros vamos a cumplir la ley, por supuesto, pero tenemos que trabajar con la Contraloría y con las autoridades que corresponda, con la finalidad de que de verdad se produzcan los cambios”, comentó a La Tercera el secretario de Estado el 21 de marzo.

El ex senador RN hacía alusión a las dificultades que han tenido para integrar personas a sus equipos a través de contrataciones en las diferentes carteras. Esto, principalmente por dos fallos de la Corte Suprema y que en el oficialismo los han denominado como “fallos de amarre”. En el Ejecutivo aseguran que siguen teniendo este problema en la mayoría de los ministerios y que les ha impedido conformar a sus equipos en su totalidad. Pese a eso, el gobierno ya tuvo que enfrentar durante la semana pasada las primeras críticas de la Anef, desde donde acusaron que con el cambio de administración más de 300 personas perdieron sus puestos de trabajo, cuestionamientos a los que se han sumado algunos dirigentes de la oposición.

Ante esto, La Moneda no esperó y salió a responder con dureza. “No sé cuál es la información que ellos tengan, pero una cosa es muy clara: en el caso del Ministerio del Interior yo voy a velar para que los recursos sean bien utilizados, y si son mal utilizados sobre la base de contratar personas de último momento, que no ejercen su trabajo, que no son necesarias, no pierda cuidado que, respetando y cuidado los recursos de todos los chilenos, esas personas serán desvinculadas”, aseguró el martes pasado el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En La Moneda generaron molestia estas acusaciones, ya que aseguran que durante la administración de Michelle Bachelet se habrían generado muchos más despidos. Para argumentar su postura recuerdan una publicación de La Tercera de 2014, en la que, según cifras entregadas a través de la Ley de Transparencia, entre marzo y abril de ese año hubo 11.483 trabajadores del sector público que fueron desvinculados o renunciaron.

Hasta ahora, en la Segegob tienen una cifra estimada de cuántas desvinculaciones y renuncias ha habido desde el arribo de Piñera, la que dicen que es mucho menor a la administración pasada. En todo caso, la cifra la han mantenido en reserva hasta tener un consolidado.

Junto con lo anterior, en el gobierno aún están en proceso de designar cargos en jefaturas de servicios, directorios y los embajadores, nominaciones que -según dicen- “están avanzando de manera mucho más rápida” que en la primera administración de Piñera. Pese a eso, según han comentado diputados de Chile Vamos, ya se comenzó a instalar “cierta preocupación” en algunas regiones por los cargos de jefaturas de servicios que resta por nominar. De hecho, algunos ya le han transmitido esa inquietud al jefe del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, quien ha estado supervisando el proceso de las designaciones y recibiendo propuestas de nombres.

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