“Jorge, ¡cómo estás!”. Solo habían pasado un par de meses desde que el abogado Jorge Bermúdez (49 años) le había pedido su apoyo para ser nominado como contralor general de la República. Ya en ese cargo, el parlamentario se lo volvía a topar en los pasillos del Congreso y lo saludó con tono afable. La respuesta que recibió lo descolocó: “Así no, señor parlamentario. La forma correcta de saludarme es señor contralor”.
Quienes han trabajado con Bermúdez aseguran que solo cuatro personas que pertenecen a su gabinete y círculo más cercano pueden tratarlo por su nombre de pila. El resto, debe hacerlo por su cargo y, en esa categoría, al parecer, también están los parlamentarios que lo ratificaron como el cuarto contralor desde el retorno a la democracia. Cercanos a Bermúdez descartan -sin embargo- que esa sea su actitud permanente, y el episodio lo atribuyen más bien a “una caricatura” hecha en base a la “alta exigencia y estándares” que ha impuesto en sus dos años y ocho meses a cargo de la Contraloría General de la República.
Bermúdez, desde que fue ratificado por el Senado como máxima autoridad del órgano fiscalizador -el 16 de diciembre de 2015- ha ido sumando diversas batallas con funcionarios públicos de Gendarmería, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la contienda que trabó primero ante el Tribunal Constitucional que el propio contralor alegó acusando de activismo judicial a los tribunales y, luego, ante el Senado, donde se enfrentó en sala al ministro Sergio Muñoz.
Todas esas fueron pugnas hacia el exterior. Esto hasta el lunes 20, cuando en medio de una reunión de trabajo -realizada a las 16.30- el abogado le entregó a su subcontralora, Dorothy Pérez, la citación a declarar en calidad de testigo que había emitido el fiscal regional Eugenio Campos, a cargo del megafraude en Carabineros. Apenas le entregó el documento, Bermúdez le pidió su renuncia por “pérdida de confianza”, desatando una batalla interna sin precedentes en Contraloría.
Tres días después, el abogado explicó escuetamente que “no es bueno que autoridades aparezcan involucradas en casos judiciales”. Así, Bermúdez comenzó a librar su pelea más íntima, la que terminará en tribunales, luego de que la abogada impugnara la facultad de su ahora exjefe de removerla de su cargo.
De perfil “verde”
Jorge Bermúdez Soto nació en Valparaíso y estudió en la Pontificia Universidad Católica de esa ciudad, donde hasta hoy imparte clases. Allí también es donde pasa el fin de semana, pues mantiene la residencia de su familia en el Puerto. Es máster en Derecho Comunitario Europeo, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, posdoctor en Derecho Ambiental de la Universidad de Giessen y de Heidelberg, Alemania.
Su nominación en la Contraloría no fue la primera opción del gobierno de Michelle Bachelet. La opción de su designación se abrió luego de la caída de Enrique Rajevic en el Senado, a quien se enrostraron vínculos con la DC.
Fue entonces que el ministro del Interior de la época, Jorge Burgos, optó por el abogado de Valparaíso, quien se contactó con parlamentarios a los que conocía de antes por su trabajo como académico para pedirles su respaldo. Uno de ellos fue Andrés Allamand, quien lo conoció cuando fue ministro de Defensa. Otro fue el entonces diputado DC Aldo Cornejo.
Entre sus pares, Bermúdez es reconocido como un gran académico, una persona “seria”, “riguroso con la legalidad” y, sostienen, su doctrina ha sido siempre “pro interés público”. Además, es discípulo del exministro de la Corte Suprema Pedro Pierry. Su lado ambiental, aseguran, lo lleva a tener una interpretación “verde” del Derecho. “No le gustan las empresas depredadoras”, dice un reputado académico, quien destaca de Bermúdez su visión “pro ambiente”. Quienes lo conocen desde antes que fuera nominado contralor sostienen que una de sus grandes frustraciones profesionales es haber postulado en 2012 en la primera etapa del Tribunal Ambiental y no haber calificado para el cargo.
El abogado llevó su “perfil verde” hasta la Contraloría, donde desde que llegó hay tachos de basura especiales, y se contrató a una empresa que recicla los residuos de los más de 1.400 funcionarios que laboran a diario en el edificio de Teatinos 56. En reuniones con su equipo más cercano les pide que antes de empezar echen en una caja sus celulares. Algunos dicen que es para mantener un clima de respeto en el trabajo. Otros dicen que es porque teme ser grabado.
Los desencuentros con Pérez
Aunque su decisión de remover a Pérez como subcontralora sorprendió a la propia afectada, los desencuentros entre ambos habían surgido tiempo antes. El primer quiebre en la relación con la abogada se produjo hace unas dos semanas, cuando la entonces jefa de prensa de la Contraloría, Elena Martínez, fue denunciada por uno de los periodistas de su equipo por una situación de maltrato laboral.
Bermúdez responsabilizó a Pérez -quien tenía a su cargo la supervisión de esa área- no haber advertido el enrarecido clima laboral interno y que no tomara medidas al respecto. Cercanos a Comunicaciones, en todo caso, aseguran que el enojo del contralor con Martínez venía por una serie de publicaciones de prensa que no habían sido de su agrado. La funcionaria -con todo- continúa en el organismo, aunque ya no a cargo del equipo de comunicaciones.
El contralor fue quien zanjó la situación de Martínez, generando un flanco con su subcontralora.
La distancia entre ambos se agudizó a un punto de no retorno a medida que avanzaban tanto en la fiscalía como en la interna las investigaciones asociadas al megafraude en Carabineros.
Y es que la citación a Pérez ante el fiscal Campos se precipitó luego de que el sumario interno de Contraloría, que busca determinar por qué no se detectaron los desembolsos irregulares en la institución uniformada, avanzara y estableciera que un subalterno suyo detectó irregularidades en 2010, cuando ella era jefa de un departamento de auditoría. La indagatoria interna habría establecido que ese funcionario en cuestión, quien este año falleció por una enfermedad, no realizó el sumario correspondiente cuando se detectó la anomalía y Pérez, a su vez, no hizo seguimiento a esa fiscalización.
Un dato es que la hoy exsubcontralora es esposa de un exoficial de Carabineros (Fabián López Paredes) y cercanos a Bermúdez evaluaron la situación como delicada.
El contralor, entonces, tomó la decisión de remover a su segunda a bordo. Lo que nunca vio venir Bermúdez era que su mujer de confianza, hasta el lunes 20, no entregaría su cargo fácilmente y decidiría recurrir a la vía judicial para que sean los tribunales quienes rechacen lo que sería -a su juicio- un acto arbitrario. Pérez -quien fue reemplazada por María Soledad Frindt- argumentará que ella, al igual que el contralor, solo pueden ser removidos en un procedimiento ante la Corte Suprema. Y para ello la hoy exsubcontralora tiene un as bajo la manga. En su Tratado de Derecho Administrativo, libro escrito por Bermúdez antes de ser contralor, cuando se refiere a la Contraloría, le da la razón a su exmujer de confianza. En la página 492 sostiene que “el contralor, junto con el subcontralor, gozan de las mismas prerrogativas e inamovilidad que se señalan para los miembros de los tribunales superiores de justicia”.
Un precedente en esa línea podría ser el caso de la exrectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey. La académica -cuya renuncia fue solicitada por el Ministerio de Educación- reclamó ante la propia Contraloría que rechazó que se infringieran normas de remoción. Sin embargo, Pey acudió a la Corte Suprema y ganó en el máximo tribunal, el cual sostuvo que fue removida de forma ilegal.
La mano dura
La escasa tolerancia con sus subordinados -en todo caso- es un crítica recurrente en el organismo. Otro ejemplo de ello lo constituye el caso del jefe de jurídica de Copiapó, que fue nombrado contralor regional de Ranguagua. y cuyo ascenso duró poco más de un mes, luego de que en una visita a la ciudad, a Bermúdez no le gustara la actitud del funcionario y lo degradara.
Otros en la Contraloría recuerdan que cuando el abogado tomó posición de su cargo pidió la renuncia de la abogada Ruth Israel, quien venía del CDE y había ganado un concurso como fiscal de Contraloría.
Hoy, Israel es abogada del procurador fiscal de Santiago y se puede dar la paradoja de que si Dorothy Pérez presenta un recurso de protección u otro ante tribunales en contra de Bermúdez, es muy probable que sea Israel quien deba representar al contralor como autoridad del Estado.
Con las distintas administraciones de gobierno con las que le ha tocado interactuar como contralor -de Bachelet y Sebastián Piñera- el abogado ha mantenido relaciones conflictivas.
Un parlamentario de oposición confidencia que -en el caso del gobierno de Bachelet-, Bermúdez demoraba muchos meses en la toma de razón de los decretos relacionados con inversiones. El contralor, según la misma fuente, no solo miraba la legalidad de los decretos, sino que también el mérito de la obra que se quería construir. “Bermúdez se siente llamado a decidir en qué invierte el Estado de Chile”, cuestionó, en la misma línea, un senador de la ex Nueva Mayoría.
En esa época también fue conocida su disputa con Codelco, que dejó más de un herido al deslizar que había corrupción al interior de la empresa estatal. En esa pugna, que terminó en una denuncia en el Ministerio Público, varios parlamentarios le transmitieron a Bermúdez que bajara los decibeles para no dañar a la empresa, cuya imagen internacional es importante para la economía nacional. El contralor se enojó por esos comentarios. “Él está convencido de que era el llamado a hacer lo que nadie había hecho en Codelco. Tiene una obsesión por controlarlo todo”, asegura un parlamentario.
Y con la actual administración también ha habido tensiones: una de las principales fue que el gobierno se enteró por un mensaje de Twitter que la Contraloría había rechazado el polémico decreto que presentó el ministro de Salud, Emilio Santelices, al protocolo de objeción de conciencia en la interrupción del embarazo en tres causales.
El uso de las redes sociales es otro de los sellos de su estilo. La conocida cuenta de “Contralorito” ha sido potenciada por el propio Bermúdez, quien puso como responsable de los mensajes a su jefe de gabinete, Carlos Peña. En el organismo sostienen que la confianza que el abogado ha ido depositando en este funcionario es directamente proporcional a la que fue perdiendo en Pérez. Lo llamativo es que fue ella quien lo recomendó a Contraloría, ya que lo había conocido en su paso por el Ministerio de Educación y propuso su nombre a Bermúdez cuando éste comenzaba a conformar su equipo.
Las críticas a la gestión del contralor -no obstante- no se circunscriben a sus relaciones ni estilo. Funcionarios que vienen de la época del excontralor Ramiro Mendoza aseguran que en términos de gestión hay bastante retraso en informes y dictámenes. “En jurídica se están sacando consultas que servicios públicos hicieron en 2016, eso más que un retraso podría ser incluso negligencia”, dice un funcionario de la entidad. Esto se debería, explican fuentes del organismo, por la gran cantidad de trámites que se realizan al año. Aunque otros explican que cuando Bermúdez llegó a hacerse cargo de la institución eliminó uno de los principales activos de su antecesor, que eran los sistemas internos de control y plazos de gestión. “En eso denota que es más profesor de Derecho que gestor”, dice un abogado.
Desde Contraloría niegan completamente que exista un atraso, y por el contrario, sostienen que ha aumentado el trabajo y se ha reducido el plazo de trámites.
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