Los datos sectoriales y la tasa de desempleo conocidos esta semana son una señal de preocupación, que obliga a centrarse en políticas que eleven el crecimiento de largo plazo.
La tasa de desocupación nacional alcanzó 7,3% en los meses de mayo, junio y julio, es decir, un aumento de 0,4 punto porcentual interanual. Esto se debió a que el incremento de la fuerza de trabajo (1,9%) fue superior al de los ocupados (1,4%). En el fondo, lo que está pasando es que el mercado laboral no está siendo capaz de absorber la mayor cantidad de personas que se vuelca a buscar trabajo.
De hecho, al observar las cifras, se obtiene que poco más de 90 mil de las 170 mil personas que se sumaron a la fuerza de trabajo en el último año finalizado en julio fueron mujeres. Típicamente, en ciclos en que aumenta la expectativa de encontrar trabajo, más personas intentan encontrar un cupo laboral y engruesan la fuerza de trabajo.
En todo caso, más allá de cuál sea la razón por la que aumentó el desempleo, no es una buena noticia que se dé esa tendencia, sobre todo si se asocia con otro dato que se conoció esta semana: la sorpresa negativa en cifras sectoriales.
La producción industrial cayó 1,6% interanual, arrastrada por el retroceso en los sectores minero y manufacturero. El rubro minero descendió 2,5%, arrastrado por el componente no metálico, mientras que la minería metálica cayó 0,6%. La manufactura se contrajo 1,4% en julio, mientras el mercado esperaba un aumento de 4,3%. La superficie autorizada para edificación alcanzó 1.025.745 m2, decreciendo 23,2% en 12 meses.
Esto obliga que a nivel de gobierno, del Parlamento y también en el sector privado exista una mayor conciencia en que no se puede abandonar en ningún momento el objetivo de desarrollar políticas públicas que permitan asegurar un crecimiento económico más elevado y, al mismo tiempo, sostenible.
Es en este contexto en que cambios al esquema tributario como los propuestos por el gobierno van en el sentido correcto, pero deben venir acompañados con una mayor desrigidización del mercado laboral y de una modernización del Estado a nivel general.
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