A la Memoria de las y los trabajadores y dirigentes sindicales, a la Historia de las víctimas del 11 Septiembre de 1973

Por María Fernanda Villegas A./ Directora Programas CETRA

Antes que todo, una premisa básica para entender esta editorial. Nada absolutamente nada justifica la violación a los Derechos Humanos. No hay racionalidad analítica de orden económico, político o moral, que pueda dar sentido argumental y/o justificación a la masacre, el exterminio, el encarcelamiento forzado, la tortura de un ser humano.

El golpe de Estado de 1973 no solo rompió la institucionalidad y los sueños de muchos, sino que abrió una herida que no sana hasta hoy. Bajo la premisa de “restaurar” el orden económico y social un contubernio cívico – militar con un fuerte componente de instigación y apoyo del gobierno USA, dieron el vamos a una historia cruenta que duro 17 años y cuyos efecto experimentamos hasta hoy.

Estadísticas publicadas en 1979 por U. de Chile señalan que, para 1973 habían 933. 319 afiliados a los sindicatos, lo que correspondería a 35% de la población económicamente activa. El entonces gobierno de la Unidad Popular promovía una transformación estructural de la sociedad con una economía de planificación centralizada y un alto componente de participación social.   Por su parte los actores sociales, los obreros y trabajadores buscaban constituirse en un poder real y autónomo. De allí el surgimiento de los llamados Cordones industriales que fueron organizaciones populares que se masifican, tras el paro empresarial de octubre de 1972, cuyo componente era centralmente obrero y que planteaban pasar de la lucha reivindicativa a la lucha política. Sólo en Santiago llegarían a cerca de veinte. Para julio de 1973 se había constituido la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales.

Conscientes de los peligros que cernían sobre el país, el 5 de septiembre del 73 escribirán una carta al Presidente Allende donde le indican “Antes, teníamos el temor de que el proceso hacia el Socialismo se estaba transando para llegar a un Gobierno de centro, reformista, democrático burgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de preservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ése, ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo” (Archivodechile.com )

La mañana del 11 septiembre, la certeza se hizo evidencia con el bombardeo a La Moneda. El día del horror tuvo rostros diversos. Junto a dirigentes y militantes de los partidos de la izquierda estuvieron los trabajadores, campesinos, obreros, empleados y dirigentes sindicales que fueron víctimas de un Estado enajenado, que usó la fuerza, el terror y la represión para destruir el movimiento sindical.

El acta secreta N° 1 de la Junta militar del 13 de septiembre establecerá el control: “los dirigentes sindicales o gremiales deberán ejercer su trabajo y no se podrá hacer reuniones administrativas o laborales durante las horas de labor”. Adicionalmente se incrementarán el número de horas laborales a 44 horas, desde el día lunes al sábado a las 12 horas.

Ese mismo, día la Central Latinoamericana de Trabajadores solicita a la OIT el envío de una misión al país dada la situación en que viven en estos momentos los trabajadores chilenos, y a fin de salvar vidas de muchos trabajadores, afiliados y dirigentes sindicales. En comunicaciones del 17 de septiembre y otras posteriores se presentarían distintos recursos de queja ante la OIT. La Federación Sindical Mundial en su escrito refiere la detención de dirigentes sindicales y expresa temor por la vida de otros de la CUTCH: Luis Figueroa, Rolando calderón, Ernesto Vogel, Eduardo Rojas, Octavio González, Luis Guzmán, Fidelma Allende, Manuel Dinamarca, Mario Navarro, Aldo Romachiotti, Tucapel Jiménez, Jorge Godoy, Juan Ponce, Gilberto García, así como de Jorge Espinosa, Roberto Prieto y Benedicto Cerqueira, del Congreso Permanente de la Unidad Sindical.

La represión afectó con dureza a los dirigentes sindicales y de la mano de ello, se apuntó a disolver y desarticular las organizaciones, sea del sector estatal o del sector privado. Será el Decreto N° 12 del 17 de septiembre con que se cancelará la personalidad jurídica de la CUT señalando que esto se hacía en función de “proteger la tranquilidad en el elemento laboral”. La sede de la Central Única de Trabajadores fueron allanadas y ocupada tanto en Santiago como en regiones. Le siguieron procesos de confiscación de bienes sindicales y propiedades de dos Confederaciones del agro y del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.

De la mano del bando Nº 36 (18 septiembre 1973), la Junta Militar prohibió el derecho a huelga, la negociación colectiva y las elecciones sindicales. Las reuniones sindicales fueron restringidas, autorizadas sólo con previo aviso y bajo la presencia de veedores militares. Perfeccionando el plan de destrucción, el régimen firma el Decreto Ley 32 para modificar la legislación facilitando a los empresarios el despido de los obreros que hubieran participado en la dirección de huelgas ilegales en el pasado o de los que lo hicieran en el futuro. Por su parte el Decreto Ley 43 suspendió todos los acuerdos sobre sueldos, beneficios y otras formas de remuneración así como los reajustes automáticos de pensiones.

Al 10 de diciembre del mismo año, el Decreto Ley N° 198, autorizó a los sindicatos a celebrar reuniones fuera de horario de trabajo, sólo para tratar asuntos administrativos o informar con previo aviso a la policía de su agenda y horario, asimismo suspendió las elecciones sindicales. Las vacantes de los directorios sindicales se llenarían por designación de los trabajadores con más antigüedad en la empresa.

Consciente de todo lo obrado, será el propio dictador, Augusto Pinochet que en la visita realizada a Chuquicamata a inicios de 1974, dirá a los mineros: “La política en los sindicatos terminará para siempre”. Así lo consigna el diario La Tercera del 8 febrero 1974. El modelo de relaciones laboral verá la luz finalmente con dictación del Plan Laboral en julio de 1979 (Decreto Ley 2.200) que sobrevivirá como herencia de la dictadura en sus elementos esenciales hasta hoy.

Junto a la conculcación de derechos económicos y políticos, las vidas de miles de chilenos vivieron la brutalidad del régimen. Oficialmente el Estado de Chile reconoció a 40.018 víctimas de la Dictadura, de ellos 3.197 fueron muertos o desaparecidos y 28.459 personas que sufrieron detenciones ilegales o tortura.

Muchos, realmente muchos, fueron sindicalistas, trabajadores, profesores (58 ejecutados, 45 detenidos desaparecidos consigna el informe Rettig ), campesinos (ejemplificados en lo ocurrido en Paine, el lugar que tiene la cuota más alta de ejecutados y detenidos desaparecidos en Chile con setentas personas ), portuarios (representados en los 6 estibadores y dirigentes ejecutados por personal del Ejército en el camino entre San Antonio y Bucalemu el 22 de septiembre de 1973), mineros , (representados en Alejandro Rodríguez de 47 años de edad, dirigente sindical en Chuquicamata, ex Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre quien quedó detenido el 17 de septiembre al presentarse voluntariamente al Cuartel de Investigaciones ante un llamado oficial. Enviado a la Cárcel de Calama y ejecutado 19 octubre 1973)

Por ello, cada 11 de septiembre es un momento de memoria, de respeto, de honrar a todos aquellos trabajadores y dirigentes caídos, de reafirmar el NO al olvido de quienes están aun desaparecidos y de honrarlos diciendo que a pesar de todo, están presente: los sindicatos no se han terminado.    

Sea el primero en dejar un comentario

Denos su opinión

Tu dirección de correo no será publicada.


*