Ex trabajadora de Provida denuncia bloqueo de las AFP a pensiones de invalidez: “Pedían que tramitáramos las menos posible”

Alejandra Vidal estuvo 30 años en AFP Provida. Conoce el sistema de pensiones a la perfección y, desde hace unos años, sufre lo mismo que le tocó ver tantas veces: Un supuesto boicot que realizarían las administradoras a las pensiones de invalidez, mediante trabas previas a la evaluación de la comisión médica. En entrevista con El Desconcierto, explica cómo operaba el sistema de presiones e incentivos a los trabajadores para bajar los números. Los antecedentes ya están en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica.

Fue un poco pasado las cuatro de la tarde de este martes 25 de septiembre cuando Alejandra Vidalrecibió la notificación de la aprobación de su pensión de invalidez. La tercera fue la vencida. Desde 2014 y con varias enfermedades diagnosticadas -artritis reumatoide, asma, omalgia al hombro derecho y depresión- que ha tratado de conseguir la invalidez en otras dos oportunidades. La última se tramitó durante más de dos años, en un proceso que terminó en nada.

Alejandra, oriunda de Concepción, conoce a la perfección el sistema de pensiones chileno. Trabajó por casi 30 años en la AFP Provida. Entró a los 22, en el departamento de Ventas, cuando un conocido le avisó que estaban buscando personal. Después de tres años, pasó al área de Beneficios, donde comenzó desempeñarse en la gestión de pensiones de vejez, herencia e invalidez que se solicitaban. Allí estuvo hasta febrero de 2016, cuando una serie de enfermedades la obligaron a quedar con licencia médica.

Entonces, pasó al otro lado del mostrador y sufrió las constantes trabas que ponen las administradoras de pensiones a la entrega de las jubilaciones de invalidez, destinadas a todos quienes pierden su capacidad laboral en más de un 50%. Alejandra, de 51 años, decidió sacar a la luz las maniobras que hacen las AFP para boicotear la entrega de este tipo de pensiones a través del “control de siniestralidad” de sus afiliados. El Desconcierto publicó hace dos años un reportaje que detalla el funcionamiento del sistema, en el que incluso se ha dado el caso en que las compañías de seguro tienen el mismo dueño que las AFP.

Hoy, los antecedentes revelados por Alejandra fueron denunciados a la Fiscalía Nacional Económica por parte de la Fundación Valídame. Después de mucho pensarlo, se decidió. Sufrió en su propia piel los impedimentos que por tantos años se sintió obligada a hacer vivir a otros. “Yo estuve ahí, me tocó decir a mucha gente que no”, afirma con tristeza.

“A la gran mayoría de los trabajadores nos pasaban muchas cosas con eso. Le estás diciendo que no a una persona que viene de lejos, que no tiene recursos o que a lo mejor se consiguió dinero para venir porque nosotros atendíamos a muchas personas procedentes de lugares rurales”, cuenta a El Desconcierto. “Era una injusticia”, dice.  Sin embargo, a pesar de las presiones que recibía para reducir el nombre de pensiones de invalidez a toda costa -con protocolos, instrucciones y monitoreos varios- reconoce apenada que no podía negarse porque “eran las órdenes”.  Aunque asegura que pensó en renunciar, nunca terminó tomando esta salida: “No es tan simple. Tenía una hija, estaba separada y dónde iría a encontrar trabajo, no es tan fácil como decir ‘yo no entro en este juego’. Sabes que si hablas de eso, te van a despedir, incluso con una causal que te impida buscar trabajo nuevamente”, explica.

Ahora, tras revelar su experiencia, asegura que mucha gente la felicita por “el valor” de hacerlo público. Relata que lo hizo porque quiere que la gente conozca las artimañas de las AFP para que nadie “se deje pasar a llevar” en un negocio en el que -dice- están metidos las AFP, las compañías de seguro, las comisiones médicas e incluso los médicos. “Llegó un punto que el sistema me hastió tanto que ya no me importó”, sostiene convencida.

A estas alturas cree que ya no tiene nada que perder, pero la batalla no ha sido fácil para ella. Hace dos años y cuatro meses que no cobra su licencia por enfermedad. Y no ha ingresado un peso desde mayo de 2016. A partir de entonces, la ayuda de su madre y de que su ex esposo, quien se hace cargo económicamente de su hija, han sido fundamentales para seguir adelante. “No estamos pidiendo ningún favor, ni un regalo. La pensión por invalidez es un beneficio social al que los ciudadanos tenemos derecho”, sentencia.

– Ha hablado de un protocolo e instrucciones varias que los directivos imponían a los trabajadores de las AFP para frenar las solicitudes de invalidez. ¿Podría detallar en qué consistían las pautas que se les entregaron?

– Eran para las solicitudes de invalidez cubiertas, es decir, las que corresponden a las personas que aún están cotizando y que, por lo tanto, la compañía de seguro tiene que hacer un aporte de capital para financiar esta pensión [porque lo que la persona tiene cotizado no alcanza para pagar la pensión para el resto de su vida]. En el caso de la invalidez descubierta, para personas que no están cotizando en el momento de solicitar, normalmente se aprueban porque nadie tiene que poner dinero. A los trabajadores nos pedían, por ejemplo, que alargáramos las licencias médicas [de los usuarios] hasta que les pusieran problemas con eso. A los usuarios les favorecía porque la licencia médica se pagaban al 100% del sueldo [en cambio la pensión parcial se paga al 50% y la total al 70%], pero este no era el interés de la AFP. Otra forma era con la documentación. Para tramitar la pensión de invalidez, la comisión médica dice que sólo se necesita el documento de identidad. Pero las AFP empezaron a pedir antecedentes médicos con un formulario propio para dilatar más el trámite. ¿Cuándo tendrá hora alguien del sistema público para que lo vea el médico y le rellene el formulario? Esto es una forma de alargar. También se les ocurrió dar horas por teléfono: había un número de un call center que te contestaban desde Santiago. Si llegaba alguien sin haber llamado no podía ser atendido, aunque uno no estuviera haciendo nada.

– ¿Para cuándo se le daba la hora?

– Generalmente, para 15 o 20 días. La idea era hacer máximo dos pensiones de invalidez por día.

– También habla de presiones que recibían si no cumplían lo establecido. ¿Qué tipo de presiones eran? 

– Entre los años 2008 y 2009 fue la época de más presión. Existieron reuniones a nivel nacional, en Santiago. Venía [a regiones] una supervisora a nivel nacional, que era Yasna Venegas, quien fue por todas las agencias de Chile, reuniéndose con los jefes y gerentes, y se nos pedía a las personas que trabajábamos en la parte de pensiones que tramitáramos lo menos posible las pensiones de invalidez cubiertas. También teníamos reuniones acá. Además, todas las semanas teníamos que enviar una estadística de cuantas pensiones de invalidez había hecho cada agencia. Había una coordinadora a quien enviábamos todas las semanas las estadísticas y ella las hacía llegar a Yasna Venegas. Era una presión muy fuerte.

– ¿Y qué pasaba si uno no quería cumplir con tramitar sólo dos solicitudes a la semana?

– La respuesta era ‘¡la puerta es muy ancha y si no, se van nomás!’ También había llamados de atención del tipo ‘¿cómo es posible? ¿Para eso hemos enseñado los protocolos y todo lo que tienen que hacer?’.

– ¿Cuántas veces recuerda que le llamaran la atención a usted?

– Varias veces.

– Una vez superado el filtro de la AFP, la solicitud pasa a la comisión médica regional. Y se puede apelar a la comisión médica central. 

– Si logras pasar a la AFP, te citan a la comisión médica. Te darán hora para que te vea el médico asesor, que también está puesto por la compañía de seguro. Él, en teoría, está para orientarte y acompañar en el trámite. Pero, en la práctica, no es ninguna ayuda porque mira por los intereses de la compañía. Luego, el presidente de la comisión médica determina que médicos te tienen que ver. A mí me mandaron a seis y cada médico te va pidiendo exámenes, resonancias, y pruebas. Cuando tienen todo, se junta la comisión médica y delibera. Pero las probabilidades de aprobar son muy pocas, un 10%. Yo tuve el caso de una señora que el trámite siempre lo rechazaron hasta que le salió a la vez número 15. ¿Sabes por qué? Porque ya no estaba trabajando, por lo tanto estaba descubierta, no tenía cotizaciones y la compañía ya no tenía que poner plata. La pensión se pagó con su propio dinero de la previsión. Esas pensiones son paupérrimas.

– Y en caso que se rechazara, se puede apelar. 

– Existen 15 días para que la compañía o el afiliado apelen. Si apela el afiliado, hay que hacer un escrito diciendo que revisen los antecedentes y aportando de nuevos. Toda la documentación se va a la comisión médica central y ellos pueden requerir la consulta con algún otro médico especialista. Si se aprueba la pensión, normalmente apela la compañía. En mi caso, [la notificación de entrega de pensión de invalidez] indica que la fecha límite de apelación para la compañía es hasta el 18 de octubre. Y hay que esperar la fecha máxima porque las compañías, generalmente, apelan el último día. Hasta el 19 de octubre no sabré si está listo definitivamente.

notificacion afp

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