El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisibles las querellas que presentaron el INDH y el periodista Mauricio Weibel, por tráfico de influencias y violación de secreto, en contra de Mario Desbordes y María Teresa Letelier, a propósito del Caso Operación Topógrafo.
Se trata de sendas acciones legales tras la filtración de una serie de mensajes en WhatsApp, que revelan un supuesto lobby a favor de la actual ministra de la Corte Suprema.
“Se admite a tramitación la querella interpuesta, debiendo ser remitida al ministerio público en conjunto con los antecedentes acompañados, quien deberá además, resolver la pertinencia de las diligencias pedidas”, señala el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino.
Recordemos que de acuerdo a un reportaje de Ciper Chile, el exministro Desbordes apareció en una serie de chats con el exmagistrado Juan Antonio Poblete –involucrado en el “Caso escuchas telefónicas”-, quien pidió favorecer el nombramiento de Letelier en el máximo tribunal del país.
Tras conocerse la filtración, el INDH decidió presentar una querella, algo que generó polémica, incluso por parte del propio Gobierno, que ha cuestionado la acción legal.
Cabe destacar que Poblete es un exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien autorizó las escuchas telefónicas contra exmiembros del Ejército y del periodista Mauricio Weibel, en el caso denominado como Operación Topógrafo.
Precisamente, este último presentó una querella por el delito de tráfico de influencias y violación de secreto.
Al respecto, su representante, la abogada de Derechos Humanos, Karinna Fernández, aseguró que “en el contexto del caso Operación Topógrafo, surgen una serie de antecedentes que han trascendido en diversos medios de comunicación que dan lugar a que se configure el delito de tráfico de influencias y de violación de secreto”.
“Una característica que tiene la causa Operación Topógrafo como tal, es que todos los antecedentes que enmarcan y que desarrollan la investigación, han sido obtenidos a través de la Ley de Transparencia o a través de un litigio que enfrentó el Ministerio Público contra la Dirección de Inteligencia del Ejército, y en tercer lugar, gracias al allanamiento que se ordenó y se realizó del domicilio del ministro Poblete”, explicó la jurista.
Fuente: Bío Bío