El gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró del Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel, también conocido como negociación ramal, una de las iniciativas impulsadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
La decisión se adoptó utilizando una facultad presidencial que permite al Ejecutivo retirar proyectos de ley presentados por el gobierno cuando estos aún no han sido votados en la sala durante su primer trámite constitucional.
La iniciativa fue retirada de la tramitación legislativa durante la primera sesión de la sala de la Cámara de Diputados del nuevo periodo legislativo.
El proyecto de negociación colectiva multinivel proponía pasar desde un sistema de negociación centrado en cada empresa hacia un modelo sectorial.
De esta forma, trabajadores y empleadores de un mismo rubro —como minería, pesca o comercio— podían establecer estándares mínimos en materias como sueldos, condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral.
La propuesta también contemplaba abordar temas como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos del mercado laboral y reglas para la implementación de los convenios colectivos.
La decisión forma parte de una serie de movimientos legislativos impulsados por la Secretaría General de la Presidencia.
Durante la misma jornada, el Ejecutivo también retiró el veto que había sido presentado en el proyecto de envejecimiento positivo, iniciativa que busca promover el cuidado integral de las personas mayores.
Con ello, el proyecto quedó en condiciones de ser despachado como ley.
Asimismo, el Presidente envió al Senado los nombramientos para el Tribunal Ambiental, los cuales deberán ser ratificados por tres quintos de los senadores.
Estas acciones se suman a las prioridades legislativas definidas por el gobierno, entre ellas el proyecto que busca tipificar el ingreso irregular al país como delito.
La iniciativa ya se encuentra en el Congreso y el Ejecutivo anunció que será tramitada con discusión inmediata.
Además, el gobierno impulsará otras reformas relacionadas con seguridad, como la reforma a Gendarmería —que busca trasladar el control del organismo al Ministerio de Seguridad— y proyectos destinados a fortalecer la seguridad perimetral en recintos penales y en el transporte público.
También se incluyen iniciativas para restringir el acceso a beneficios públicos para personas que se encuentren en situación migratoria irregular.
Fuente: El Mostrador