La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión del proyecto que modifica la aplicación de la jornada laboral de 40 horas, una iniciativa que ha generado preocupación en el mundo sindical porque reduce el rol de la negociación colectiva y privilegia los acuerdos individuales entre empleadores y trabajadores.
La propuesta amplía significativamente la flexibilidad para distribuir la jornada. Como regla general, permitirá calcular el promedio de las 40 horas semanales en ciclos de hasta 16 semanas, en lugar de las cuatro actuales, manteniendo un máximo de 45 horas ordinarias por semana. Para sectores como turismo, hotelería, gastronomía y actividades conexas, el período podrá extenderse hasta 52 semanas debido a la estacionalidad de estas labores.
Sin embargo, el principal foco de controversia no está en la extensión de los ciclos, sino en la forma en que podrán pactarse. El proyecto establece que los acuerdos para distribuir la jornada hasta en 16 semanas se realizarán mediante negociación individual entre empleador y trabajador, dejando fuera a las organizaciones sindicales.
Solo en el caso de pactos de hasta 52 semanas para trabajadores de sectores distintos al turismo, la iniciativa contempla la posibilidad de suscribir acuerdos mediante negociación colectiva o pactos directos con sindicatos, exclusivamente respecto de sus afiliados.
El exdirector de la Dirección del Trabajo, Marcelo Albornoz, advirtió que esta modificación representa un cambio relevante respecto de la legislación vigente. «Al reemplazar el artículo 22 bis, una innovación en comparación con la ley vigente es que para llegar a este acuerdo se excluye a los sindicatos y solo será a través de una negociación individual», explicó.
A su juicio, la propuesta «busca privilegiar el acuerdo individual y no la negociación colectiva».
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente José Manuel Díaz también cuestionó la iniciativa y advirtió que el país requiere fortalecer el trabajo decente, no avanzar hacia mayores niveles de flexibilización. «Chile no necesita más flexibilidad que precarice el empleo; necesita más trabajo decente, con jornada clara, estabilidad, salarios justos y certeza para que las personas puedan proyectar la vida de sus familias», sostuvo el dirigente sindical.
El proyecto ha generado opiniones divididas entre especialistas en derecho laboral. Mientras algunos consideran positivo ampliar los espacios para acuerdos individuales, otros advierten que excluir a los sindicatos rompe el equilibrio en la relación entre trabajadores y empleadores y debilita uno de los principales instrumentos de protección colectiva.
Desde una perspectiva sindical, el debate trasciende la forma de distribuir la jornada laboral. También pone en discusión el papel de la negociación colectiva como mecanismo para equilibrar las relaciones laborales y garantizar que los cambios en las condiciones de trabajo sean acordados en condiciones de mayor igualdad entre las partes. En ese contexto, la exclusión de los sindicatos de una parte importante de estos acuerdos ha encendido las alertas del movimiento sindical, que advierte un eventual retroceso en derechos laborales conquistados durante las últimas décadas.