El Gobierno prepara una reforma al sistema de indemnización por años de servicio que podría modificar de manera significativa una de las principales protecciones económicas de las y los trabajadores frente a la pérdida del empleo.
La fórmula que analiza el Ejecutivo contempla reemplazar, para los nuevos contratos, el actual esquema de un mes de remuneración por cada año trabajado —cuando corresponde legalmente— por una compensación cercana a medio mes por año. A cambio, la indemnización sería “a todo evento”, es decir, podría cobrarse independientemente de la causal por la cual termine la relación laboral.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que la propuesta todavía está en elaboración y que el Gobierno espera presentarla al Congreso durante este año.
De un sueldo a medio sueldo por año trabajado
El cambio más significativo está en el monto de la protección.
Actualmente, la legislación establece, bajo determinadas causales y condiciones, una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, sujeta a los límites legales correspondientes.
La alternativa planteada por el Gobierno reduciría esa referencia aproximadamente a la mitad para quienes sean contratados bajo el nuevo régimen.
“Esa es la propuesta que estamos trabajando: algo así como medio mes por año, pero a todo evento”, explicó Rau.
En términos simples, y dependiendo del diseño definitivo de la iniciativa, una persona con diez años de antigüedad que bajo las actuales reglas tuviera derecho a diez meses de remuneración podría acumular bajo la nueva fórmula alrededor de cinco.
Una cuenta individual financiada por el empleador
La propuesta contempla crear una cotización de cargo del empleador cercana al 1,8% de la remuneración, cuyos recursos serían depositados en una cuenta individual y generarían rentabilidad.
La principal diferencia sería que esos recursos pertenecerían al trabajador y podrían utilizarse independientemente de la causa por la cual termine el contrato.
El Gobierno presenta este carácter “a todo evento” como una ventaja respecto del modelo vigente, ya que permitiría acceder a una compensación a personas que actualmente pueden terminar una relación laboral sin tener derecho a indemnización por años de servicio.
Sin embargo, esa ampliación de cobertura tendría como contrapartida una reducción importante del monto de protección para quienes bajo el sistema vigente sí tienen derecho a la indemnización completa.
Gobierno pone el foco en el costo para las empresas
Uno de los argumentos centrales entregados por el Ejecutivo para impulsar el cambio es el costo que el actual sistema representa para los empleadores.
Rau señaló que una persona con diez años de antigüedad puede acumular una indemnización equivalente a diez remuneraciones y comparó esa situación con el promedio de los países de la OCDE, que, según indicó, se ubicaría cerca de cuatro sueldos.
Pero desde una perspectiva de derechos laborales, la indemnización por años de servicio no puede analizarse únicamente como un costo empresarial. Se trata de una protección destinada a amortiguar las consecuencias económicas de la pérdida del empleo y que, además, reconoce la antigüedad construida por una persona después de años de trabajo en una misma empresa.
En períodos de alto desempleo y mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, ese respaldo adquiere todavía más importancia: perder el trabajo significa perder el ingreso con el que las familias financian vivienda, alimentación, salud, educación, servicios básicos y otras obligaciones.
Abaratar el despido también puede debilitar la estabilidad laboral
La discusión tiene además una segunda dimensión. La indemnización no solo cumple una función después de que se produce el despido: también establece un costo que las empresas deben considerar antes de terminar relaciones laborales de larga duración.
Por ello, abaratar significativamente una desvinculación podría debilitar una de las protecciones asociadas a la estabilidad laboral.
Si despedir a una persona con diez o quince años de antigüedad resulta considerablemente menos costoso para una empresa, también disminuye uno de los factores económicos que actualmente debe ponderar antes de tomar esa decisión.
El debate, por tanto, no se limita a cambiar una modalidad de indemnización por otra. También involucra determinar si el nuevo sistema podría facilitar las desvinculaciones y disminuir la protección de trabajadores con mayor antigüedad.
Dos sistemas para trabajadores de una misma empresa
El ministro aseguró que la reforma no tendría carácter retroactivo.
“Los contratos actuales, obviamente, esto no es retroactivo. Es para contratos nuevos”, afirmó.
De aprobarse bajo esas condiciones, podrían coexistir dentro de una misma empresa trabajadores sujetos al actual régimen de indemnización y otros contratados posteriormente bajo el nuevo mecanismo.
El Gobierno pretende enviar el proyecto al Congreso dentro de los próximos meses, aunque Rau recalcó que la propuesta continúa en elaboración y todavía puede experimentar modificaciones.
El debate de fondo: ¿ampliar cobertura reduciendo derechos?
El carácter “a todo evento” abre una discusión legítima sobre cómo ampliar la protección a trabajadores que actualmente pueden quedar sin indemnización al finalizar su relación laboral. Sin embargo, la pregunta es si esa ampliación debe financiarse reduciendo significativamente la protección de quienes hoy tienen derecho a recibir un mes de remuneración por año trabajado.
El debate adquiere especial relevancia en un mercado laboral marcado por un desempleo de 9,4%, altos niveles de informalidad y una creciente percepción de inseguridad laboral.
Una reforma de esta magnitud no puede evaluarse únicamente desde cuánto disminuyen los costos empresariales. También debe considerar cuánto cambia la protección efectiva de las y los trabajadores frente al despido, qué impacto puede tener sobre la estabilidad laboral y quién termina asumiendo el costo de flexibilizar las relaciones de trabajo.