La polémica por la reforma constitucional de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast escaló al plano internacional. Human Rights Watch (HRW) llamó directamente al Congreso chileno a rechazar la iniciativa y advirtió que las nuevas atribuciones contempladas para el Presidente de la República amenazan los derechos humanos y las instituciones del país.
“Las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado.
La representante de la organización fue todavía más dura respecto de la concentración de atribuciones que, a su juicio, provocaría el proyecto: “Se trata de una peligrosa usurpación de poder que pone en riesgo los derechos de todos los chilenos”.
El pronunciamiento de HRW se produce en medio de la controversia política que enfrenta la reforma presentada por el Ejecutivo ante el Senado el pasado 18 de agosto. La propuesta contempla ocho modificaciones constitucionales con el objetivo declarado de fortalecer el combate contra el crimen organizado.
El principal cuestionamiento de la organización apunta al nuevo estado de excepción por “seguridad pública”, que se incorporaría a los cuatro estados de excepción que actualmente contempla la Constitución.
Según la propuesta analizada por HRW, el Presidente podría recurrir a esa herramienta ante situaciones que considere una amenaza inminente para la “seguridad pública” y mantenerla hasta por 240 días sin requerir la aprobación del Congreso.
Durante su vigencia, el Mandatario quedaría facultado para “suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión”.
Las atribuciones también permitirían “restringir el ejercicio del derecho de asociación; interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer [de] requisiciones de bienes”.
La conducción de la “zona afectada” quedaría, además, en manos de un Oficial General de las Fuerzas Armadas o de Carabineros nombrado por el Presidente.
Para Human Rights Watch, la amplitud de esas facultades constituye un problema no solo desde la perspectiva interna, sino también frente a los compromisos internacionales asumidos por Chile.
La organización recordó que el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite suspender algunas obligaciones en materia de derechos humanos únicamente ante “situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”, y establece que esas medidas deben limitarse estrictamente a las exigencias de la emergencia.
Asimismo, citó el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que admite suspensiones ante situaciones de guerra, peligro público u otras emergencias que amenacen la independencia o seguridad del Estado, pero también exige que las medidas sean estrictamente necesarias.
Según HRW, el proyecto impulsado por La Moneda no cumple con esos estándares. “Las reformas propuestas, con su amplia concesión de facultades para suspender o restringir los derechos humanos fundamentales, no se ajustan ni intentan ajustarse a las obligaciones internacionales de Chile”, sostuvo la organización.
Los reparos de Human Rights Watch van más allá del estado de excepción. La reforma también entregaría al Presidente una nueva atribución para declarar a determinados grupos como organizaciones terroristas o criminales. HRW cuestionó que la propuesta no especifique cuáles serían los efectos jurídicos derivados de esa declaración.
Otro de los puntos observados es la creación de “regímenes penitenciarios diferenciados”, que permitirían establecer restricciones a las visitas y a los beneficios penitenciarios para determinadas categorías de personas privadas de libertad.
El pronunciamiento de la organización internacional se suma así a los cuestionamientos que ha recibido la reforma desde distintos sectores por el alcance de las nuevas facultades presidenciales.
Goebertus insistió en que la fórmula planteada por el Gobierno terminaría produciendo el efecto contrario al objetivo de protección que argumenta La Moneda.
“En lugar de proteger a los chilenos, esta propuesta, que crea un nuevo tipo de estado de emergencia y amplía las facultades presidenciales, pone en riesgo los derechos a la libertad de reunión y de asociación”, sentenció.
Fuente: El Mostrador