Los funcionarios públicos solicitaron un alza de 6,3% nominal, es decir, sin descontar la inflación. En términos reales estaría en torno al 2%. El gobierno debería responder esta semana y así iniciar la negociación propiamente tal, entre la mesa del Sector Público con los ministerios de Hacienda y Trabajo.
Esta semana los trabajadores del sector público esperan que el gobierno les entregue una primera respuesta sobre la propuesta que le hicieron llegar la semana pasada a los ministerios de Hacienda y del Trabajo.
En lo principal, lo que concentra la atención del debate es la cifra de alza que piden los trabajadores, que este año es de 6,3% nominal, es decir, sin descontar la inflación. “Atendida la variación de los indicadores que inciden en esta negociación, requerimos que el acuerdo garantice, en todo caso, un incremento real no inferior al 2%, incorporando los mecanismos necesarios para resguardar este objetivo frente a la volatilidad de la inflación”, dice la propuesta.
En su argumentación señalan que “las remuneraciones de los trabajadores del Estado no son un instrumento de ajuste fiscal. Constituyen el sustento de sus hogares y el reconocimiento de un trabajo indispensable para garantizar los derechos de la ciudadanía. Por ello, la negociación debe asegurar tanto la protección frente al aumento del costo de la vida como una mejora real de los ingresos”.
Pese a las intenciones del sector público, a mediados de este año, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya se había comprometido con el Partido Nacional Libertario a que el alza fuera solo por IPC a cambio de que ese partido apoyara el proyecto de ley que pedía un mayor endeudamiento por US$6.200 millones.
“Lo que está solicitando el Partido Nacional Libertario, me parece que, dada la situación actual, (…) es que a los funcionarios públicos les corresponde un reajuste (solo) por IPC, como a la gran mayoría de los chilenos”, indicó Quiroz en esa oportunidad para luego agregar: “Me parece que es un planteamiento que es perfectamente atendible”.
Ante escenario que se avecina, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, afirma que antes que cualquier definición “tenemos que, primero, dialogar con el gobierno y después escucharse las partes. Nosotros hicimos un planteamiento por escrito de manera institucional y esperamos también esa misma respuesta de parte del gobierno”.
Estabilidad laboral
Otro de los temas relevantes del petitorio apunta a la estabilidad laboral de los funcionarios público. Y por lo mismo, en esta negociación piden que se aborde esta problemática que afecta a los trabajadores a contrata.
“Ante los cambios de criterio de la Contraloría General de la República en materias de empleo público, demandamos que el Gobierno presente y acuerde con la Mesa del Sector Público una propuesta legal que fortalezca la estabilidad laboral y establezca garantías frente a decisiones arbitrarias. Requerimos abordar estas materias en la Ley de Reajuste General, sin perjuicio de las reformas permanentes que se acuerden”, se menciona.
Asimismo, piden la instalación de una mesa de trabajo para que revise y reconsidere la renovación o no de las contratas. “Su continuidad debe resguardarse como una garantía institucional y no quedar sujeta a la voluntad de las autoridades de turno. Demandamos su instalación oportuna, durante la primera quincena del mes de diciembre de cada año, la ratificación de su funcionamiento y el fortalecimiento de sus facultades, mediante su regulación expresa en la Ley de Reajuste General”.
En el petitorio apuntan a que “esta instancia debe operar como un instrumento efectivo de control y revisión del apego a la normativa y a la legalidad de las decisiones adoptadas por las jefaturas de servicio, asegurando la participación sindical y una posibilidad real y oportuna de reconsideración”.
Esta instancia deberá contar con criterios transparentes, un procedimiento expedito y un plazo acotado de funcionamiento, que permita entregar respuestas oportunas y fundadas, indican.
Para el sector público, los plazos de instalación de la mesa de trabajo y funcionamiento resultan relevantes, por cuanto “la presentación o revisión de un caso ante esta Mesa no puede implicar la renuncia o el desistimiento de acciones administrativas o judiciales, ni utilizarse para postergar su ejercicio”.
En este mismo punto, el petitorio demanda el gobierno informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de regularización y traspaso de honorarios, incluyendo los cupos comprometidos, los traspasos efectivamente realizados, las situaciones pendientes y los recursos destinados a su implementación. “Esta revisión deberá permitir evaluar las metas y criterios acordados, corregir las dificultades detectadas y garantizar la participación efectiva de las asociaciones de funcionarios en el diseño, ejecución y seguimiento del proceso”.
Y otro de los grandes temas que están presentes es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. “La reducción de la jornada laboral a 40 horas en el ámbito del Código del Trabajo ha sido valorada como un avance sustantivo por el conjunto del mundo del trabajo. Para la Mesa del Sector Público, avanzar en este derecho constituye una demanda de equidad y trabajo decente, que debe contribuir al descanso, la salud y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal”, asevera el petitorio.
Fuente: La Tercera