Trabajadores y dirigentes sindicales de CCU se manifestaron frente al edificio corporativo de la compañía, en Providencia, para denunciar despidos, recortes de beneficios y un aumento de la sobrecarga laboral en medio de los procesos de reorganización y digitalización que atraviesa la empresa.
La movilización fue encabezada por la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de CCU (FNT-CCU), que sostiene que las últimas decisiones de la compañía han profundizado un escenario de deterioro de las condiciones laborales, especialmente entre quienes se desempeñan en el área comercial.
El conflicto escaló tras la reducción de la asignación de kilometraje que reciben trabajadores de ventas que utilizan sus vehículos particulares para desempeñar sus funciones. Según la Federación, la rebaja alcanzaría hasta un 50% en algunos casos.
Pero para las organizaciones sindicales este episodio fue solo el detonante de un malestar acumulado.
Trabajadores denuncian que están asumiendo costos de la empresa
La asignación cuestionada está destinada a cubrir gastos de combustible y mantención de los vehículos particulares utilizados por los vendedores durante su jornada laboral.
Desde la Federación sostienen que reducir este aporte implica que los propios trabajadores deban financiar una proporción mayor de los costos necesarios para desarrollar sus funciones.
El presidente de la FNT-CCU, Rodrigo Oyarzún, aseguró que el denominado “bencinazo” fue “la gota que colmó el vaso” de un conflicto que incluye también despidos, sobrecarga laboral y cambios en la organización del trabajo.
“Estamos por un corte a los recortes y porque, de una vez, nos sentemos a conversar con la empresa”, afirmó.
Alerta por despidos y reducción de puestos de trabajo
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los sindicatos es la disminución de las dotaciones.
Los dirigentes denuncian que durante los últimos años se han producido sucesivos despidos de vendedores y advierten sobre las consecuencias que tendría la próxima fusión de las áreas comerciales de Pisquera de Chile y Viña San Pedro.
Según la Federación, ese proceso podría significar la eliminación de un 50% de los puestos de trabajo de ambas áreas.
La organización sostiene además que la reducción de personal no afecta únicamente a quienes pierden sus empleos. Menos trabajadores significa también que las funciones deben redistribuirse entre quienes permanecen.
Ricardo Camus, director nacional de la Federación, afirmó que los despidos han terminado generando una mayor sobrecarga laboral y vinculó este proceso con la reestructuración de la compañía y la implementación de plataformas digitales en el área comercial.
Digitalización y empleo: una discusión que crece
Los dirigentes sindicales señalan que no existe un rechazo a la incorporación de nuevas tecnologías. El cuestionamiento apunta a la manera en que estos procesos se implementan y a sus consecuencias sobre el empleo y las condiciones laborales.
La digitalización, automatización y utilización creciente de nuevas plataformas están transformando rápidamente distintos sectores productivos. Sin embargo, cuando esas transformaciones implican reducción de dotaciones, cambios en las funciones o intensificación del trabajo, también surge la necesidad de discutir mecanismos de protección y reconversión para las personas afectadas.
En el caso de CCU, la Federación sostiene que la disminución de trabajadores ha aumentado las exigencias sobre quienes permanecen y advierte sobre efectos en la salud física y mental de los equipos.
La eficiencia no puede tener al empleo como variable de ajuste
El conflicto en CCU vuelve a instalar una discusión que se está haciendo cada vez más presente en el mundo laboral: quién asume los costos de los procesos de reorganización, digitalización y búsqueda de mayor productividad de las empresas.