Lo que La Moneda proyectaba como el siguiente gran impulso de su agenda, después de la aprobación de la Ley Miscelánea, terminó abriendo un problema político dentro de sus propias filas. La reforma constitucional de seguridad no solo despertó críticas opositoras, sino también reparos en el oficialismo respecto de su contenido y, especialmente, de la manera en que fue construida y presentada.

En los partidos de gobierno, los cuestionamientos apuntan a la falta de trabajo prelegislativo con los parlamentarios que deberán entregar sus votos, al diseño comunicacional de la ofensiva y a los alcances de algunas de las disposiciones propuestas.

La circulación de dos borradores conocidos antes del ingreso del proyecto definitivo terminó profundizando las diferencias. Aunque el texto presentado al Congreso incorporó cambios respecto de esas versiones, no consiguió despejar las aprensiones del sector.

Las críticas también alcanzan la interna de La Moneda. En sectores oficialistas se cuestiona la presión que habría ejercido el Segundo Piso, encabezado por Alejandro Irarrázaval, y el equipo de comunicaciones y contenidos que dirige Cristián Valenzuela para conseguir rápidamente un golpe político y comunicacional, pese a que todavía existían aspectos por afinar.

Según quienes conocen las conversaciones internas, también hubo falta de diálogo con las bancadas y dentro del propio Ejecutivo. Segpres habría quedado al margen de parte importante de la redacción, mientras Seguridad mantuvo un trabajo hermético en torno al texto. En su elaboración también participaron el propio ministro Martín Arrau, el senador Arturo Squella y el abogado y exmilitante republicano Jorge Barrera, aunque desde el entorno de estos últimos aseguran que pocas de sus sugerencias terminaron incorporadas.

La secuencia dejó instalada en parte de la derecha la percepción de que los borradores pudieron funcionar como una suerte de “globo sonda”: poner determinadas ideas en circulación y medir las reacciones antes de intentar socializar internamente una reforma que ya comenzaba a acumular costos.

En Palacio defienden, sin embargo, que la propuesta responde a las demandas ciudadanas y descartan un cambio de rumbo. El diagnóstico es que las turbulencias forman parte de la discusión política y recuerdan que, desde un comienzo, el Ejecutivo sostuvo que el proyecto podía ser perfeccionado durante su paso por el Congreso.

El punto de inflexión llegó cuando el propio oficialismo comenzó a transparentar la necesidad de introducir modificaciones. Squella, hasta entonces uno de los principales defensores de la iniciativa, anunció junto al senador RN Andrés Longton que presentarían indicaciones para recoger las inquietudes surgidas durante el debate.

Entre ellas está modificar el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública para que requiera desde el inicio un acuerdo entre el Presidente y el Congreso, además de someterlo a revisión cada 30 días. Ambos también plantearon eliminar la posibilidad de afectar las comunicaciones.

La Moneda ya reconoce que habrá cambios. Entre las alternativas se estudia reducir la duración del Estado de Excepción, limitar algunas de sus atribuciones –incluida la interceptación de comunicaciones– y reforzar los mecanismos de control político. También existe disposición a revisar las inhabilidades en materia de derechos sociales contempladas para condenados por crimen organizado y terrorismo.

El episodio incluso abrió cuestionamientos sobre la conducción política del Presidente José Antonio Kast. Los cruces entre ministerios y las recriminaciones por la falta de coordinación instalaron dudas dentro del sector respecto de la capacidad de La Moneda para alinear a sus propias fuerzas detrás de una de sus principales apuestas legislativas.

Kast, sin embargo, salió a defender la reforma. Desde Ñuble sostuvo que la libertad de los chilenos ya ha sido restringida por el avance del crimen organizado, las malas políticas públicas y la falta de decisión de las autoridades. “No me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas”, afirmó.

El Mandatario también reivindicó el mandato recibido en las urnas y aseguró estar disponible para que el Congreso modifique el proyecto, aunque pidió avanzar con urgencia. “Chile eligió una línea, eligió la seguridad, eligió el crecimiento, eligió el trabajo, eligió el progreso”, sostuvo. Según Kast, los parlamentarios podrán modificar o rechazar las propuestas, pero deberán explicar a la ciudadanía “si quieren más seguridad o menos seguridad”.

El desorden obligó finalmente a reordenar la estrategia. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, asumirá la conducción política de las negociaciones junto con la Segpres de José García Ruminot. Para el lunes ya está prevista una reunión con los presidentes de los partidos, además de conversaciones con integrantes de las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa.

“Una reforma constitucional como la planteada no tiene que ser la reforma de un gobierno, tiene que ser una buena reforma para Chile. Por eso vamos a defender con firmeza su propósito, pero vamos a escuchar todas las propuestas que permitan mejorar su diseño, fortalecer sus controles y asegurar que tenga respaldo amplio y permanencia en el tiempo”, afirmó Alvarado.

El ministro agregó que “dialogar sobre los instrumentos no significa renunciar al objetivo. Perfeccionar la reforma en el Congreso significa hacerla más eficaz, más legítima y más duradera”.

La operación para recomponer las relaciones ya comenzó. Alvarado encabezó una reunión con Arrau, García Ruminot y los subsecretarios Constanza Castillo y Gonzalo Guerrero, mientras el ministro de Seguridad inició encuentros con parlamentarios de RN, la UDI y Evópoli.

Arrau transmitió a algunos de ellos que el Gobierno está dispuesto a realizar ajustes, pero pidió que los partidos presenten contrapropuestas. El objetivo es llegar al reinicio de la actividad legislativa con un escenario más despejado que el que dejó el lanzamiento de una reforma que, concebida para reforzar una de las principales banderas del Ejecutivo, terminó obligando a La Moneda a negociar primero con los propios.

Fuente: El Mostrador