La Comisión de Minería del Senado abordó antecedentes revelados por El Desconcierto sobre el funcionamiento interno de Sernageomin. Las conversaciones entre altos directivos del Servicio muestran gestiones para acelerar proyectos mineros, promover sumarios contra funcionarios, modificar remuneraciones y reorganizar equipos según niveles de confianza y lealtad con determinadas jefaturas.
Los mensajes no solo exponen un clima laboral deteriorado. También sugieren mecanismos de presión sobre quienes tenían responsabilidades técnicas en la evaluación de proyectos. En uno de los casos, el evaluador de Recursos Norte, de Codelco, había formulado reiteradas observaciones técnicas antes de ser reemplazado. El proyecto fue aprobado pocos días después de que el expediente cambiara de manos.
Entre los chats aparecen expresiones como “hay que volarle la cabeza a Bruno”, “apretándolo a él la cosa va a fluir” y referencias a la necesidad de “cupos y plata” vinculadas a sumarios administrativos. También se discuten alzas y bajas de remuneraciones y nombramientos donde la “lealtad” aparece como un factor relevante.
La gravedad del caso está precisamente en esa combinación: presiones sobre funcionarios, eventuales represalias laborales y decisiones que podrían afectar la independencia técnica de un organismo encargado de fiscalizar y aprobar proyectos mineros de enorme impacto económico y de seguridad.
La senadora Yasna Provoste sostuvo que los antecedentes podrían configurar un “patrón sistemático de acoso laboral” y advirtió que el problema supera ampliamente un conflicto interno. El biministro Daniel Mas calificó los hechos como “muy graves” y señaló que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Contraloría.
Para el mundo del trabajo, lo revelado resulta especialmente preocupante. Si las observaciones técnicas, la independencia profesional o el desacuerdo con una jefatura pueden traducirse en sumarios, cambios de funciones, pérdida de ingresos o intentos de remoción, no solo se vulneran derechos laborales: se genera un incentivo para guardar silencio y se debilita la capacidad fiscalizadora del Estado.