Un recorte en varios ítems relacionados con los derechos humanos (DDHH) en el presupuesto 2027 denunciaron distintas organizaciones del sector, las cuales calificaron la propuesta legislativa de la administración de José Antonio Kast como una “asfixia presupuestaria”, que afecta al Plan Nacional de Búsqueda (PNB), a la operación de los sitios de memoria y al Servicio Médico Legal.
Por medio de un comunicado público, suscrito por más de 50 organizaciones de DDHH, se informó que en el caso del PNB la baja es –considerando IPC– de un 27.1% del presupuesto total, afectando entre otras partidas al dinero destinado al ítem de diligencias en el PNB, el que financia directamente las tareas de prospección, levantamiento de testimonios e investigación criminal en terreno.
En cuanto al dinero destinado a la recuperación, mantención, operación y puesta en valor de Sitios de Memoria para el año 2027, este cae a -36.7%, considerando el IPC, mientras que el presupuesto ordinario exclusivo del Programa de Sitios de Memoria disminuye de forma agregada en un 60,69%, pasando de $1.688.953.000 a $683.075.000 para el año 2027, incluyendo el 100% de los fondos para inversión.
Cabe indicar que ya en abril se había implementado una reducción de casi 66 millones de pesos en los fondos del Programa de Derechos Humanos (del cual depende el PNB).
A su vez, el Servicio Médico Legal (SML) presenta una asignación sectorial de $291.014.000 para la ejecución de pericias forenses en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, lo que equivale a una reducción real de -42.21% (considerando el IPC) respecto del presupuesto de 2026, periodo en el que se dispuso de $489.514.000.
De ese modo, el presupuesto consolidado del Plan Nacional de Búsqueda para el año 2027 experimenta una disminución nominal de $391.282.000 destinados a la realización de diligencias y peritajes forenses.
Asimismo, la propuesta presupuestaria para el periodo 2027 elimina de la partida correspondiente al Poder Judicial la Glosa número 03, un mecanismo regulatorio que resguardaba fondos por $384.637.000 destinados al programa Búsqueda y Digitalización de Causas de Derechos Humanos.
La exdirectora del Programa de DDHH, Paulina Zamorano, dijo al respecto que también hay una rebaja en los montos de dinero destinados a transferencias a organizaciones de derechos humanos y memoria, destinadas a efectuar conmemoraciones enmarcadas “en las obligaciones que tiene el Estado en materia de reparación y de memoria con respecto a las agrupaciones, organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, pero también para poder generar espacios de encuentro con las agrupaciones de familiares de víctimas”.
En el caso del PNB, explicó que la reducción de presupuesto que ya hubo se tradujo en “un impacto en las diligencias de búsqueda, en lo relativo a todo lo que se tiene que contratar para poder llevar a cabo una diligencia en terreno”, agregando que ello, sumado a la disminución del dinero en el SML, “apunta a lo mismo: a ver de qué manera se disminuye, a través de la disminución de presupuesto, la cantidad de diligencias y la cantidad de análisis forenses”.
A su vez, Mónica Monsalves, de la Corporación Memorial Cerro Chena, indicó que “como sitios de memoria denunciamos el recorte del 25,3% al Programa Sitios de Memoria. En Chile hubo 1.132 centros de detención y tortura en dictadura, y solo 72 han sido declarados sitios de memoria y apenas 16 reciben financiamiento del Estado. Con este recorte se pone en riesgo la gestión, los sueldos, las visitas educativas y la mantención de los lugares. La memoria no es un gasto, es una obligación del Estado chileno por tratados internacionales de justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Mezquindades
Por su parte, la Premio Nacional de DDHH 2026 y presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus, dijo que lo que se busca, en definitiva, es obstaculizar la búsqueda de los restos de “1092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos que corresponden a todo lo que fue la Caravana de la Muerte y los campesinos que sacaron de las casas, que los ejecutaron y escondieron sus cuerpos”.
Y añadió que la falta de presupuesto tendrá un impacto directo en investigaciones que se están realizando hoy en lugares como Antofagasta, Cerro Chena, Copiapó, Curacaví y la mina Veleidosa, entre otros, detallando que, además, existe también una disminución del presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Frente al proyecto de ley que busca reformarlo y dejarlo sin la facultad de presentar querellas, dijo que en el fondo se trata de “artimañas” destinadas a cerrarlo, “lo cual es un daño y deja en la indefensión a las personas que sufren violaciones a sus derechos por parte de agentes del Estado”.
Un retroceso
Alicia Lira señaló que todo lo anterior, incluyendo el hecho de que se hubiera desistido de la expropiación de Colonia Dignidad, “es un retroceso en lo que hemos avanzado, porque este es un problema de sociedad, ya que fue dañada una sociedad en su colectivo”. Un ejemplo de ello, puntualizó, es lo que sucede con los chilenos que son hijos de exiliados, quienes nacieron en otros países, pero al regresar a Chile también se sentían como exiliados.
Asimismo, criticó duramente al Gobierno, indicando que en siete meses desde que asumió “nunca se ha hecho presente el ministro ni siquiera por curiosidad, en alguna instancia, como lo hacía el ministro Cordero o como lo hacía el ministro Gajardo”, lo que califica como “una falta de empatía, porque está bien, es un Gobierno de derecha, pero hay cosas que son normadas por la educación y la humanidad”.
En ese mismo aspecto, afirmó que “hay una enorme diferencia entre la ultraderecha que gobierna hoy día con la derecha que gobernó los dos gobiernos de Piñera, porque en ese entonces nos podíamos reunir, por ejemplo, con la bancada de Renovación Nacional, con algunos diputados o senadores de la UDI, aunque no con todos, porque la UDI además fue cómplice de la dictadura”.
Pese a ello, indicó que el cierre del penal Cordillera por parte de Sebastián Piñera “fue un acto valiente para nosotros y fue reparatorio para nosotros”, agregando que en esa época “había una cercanía con el programa de derechos humanos, lo cual hoy día no hay, y nunca se dejó de apelar cuando los victimarios apelaban a beneficios carcelarios, nunca a los abogados que están en el programa los mandataron a que no apelaran”, contrastó.
Indultos
En el mismo sentido, dijo que cuando se pide clemencia para los exagentes que hoy están viejos y enfermos, es necesario pensar en las familias de los detenidos desaparecidos, “familias que viven hasta hoy día sin saber dónde están sus familiares, dónde ir a dejar una flor” y que “los posibles indultos concedidos bajo supuestos criterios de humanidad no son más que una forma encubierta de impunidad. Su eventual otorgamiento a condenados por estos delitos comprometerá la responsabilidad internacional del Estado de Chile”.
Sobre la narrativa que se ha impuesto en los últimos días, subrayó que “lo que más impresiona es cuando dicen que nosotros no podemos deshumanizarnos y me parece muy violento que diga una cosa tan atroz como esa. ¿Por qué? Porque pienso en Elena Muñoz, o lo que hicieron con Sergio Magallanes Lillo, su esposo, con sus cuatro hijos, que los secuestran de Lonquén y los ejecutan y los esconden; en Ofelia Moreno, con cinco familiares ejecutados políticos, quien murió viejita esperando que saliera una condena en el caso de la Rinconada de Maipú. Cinco familiares: su esposo, su hija, su hijo, su yerno y su nuera. O pienso en Carmen Vivanco, en sus cinco familiares, entre ellos su esposo, sobrino, hermano, cuñada, hijo, que murió luchando en la agrupación hasta los 100 años, falleció como a los 105 años, sin saber la verdad”.
Al respecto, preguntó si “¿puede alguien decir quién ha pensado en la humanidad de esas personas, por decir alguna? Nombro las que han sido más conocidas, las que yo he conocido, con las que he tratado, por lo cual ¿cómo alguien se atreve a hablar con tanta energía en ese sentido?” y concluyó indicando que “mi negro, Felipe Rivera, fue un ejecutado. Yo pude encontrarlo al día después que lo secuestraron, pude tocarle la cara y felizmente se la toqué cuando fui a reconocerlo al Servicio Médico Legal, porque después ellos mandaron la urna sellada cuando lo fuimos a retirar”.