La informalidad laboral continúa consolidándose como uno de los principales problemas del mercado del trabajo en Chile. Según el último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de ocupación informal se mantuvo en 27,0% durante el trimestre móvil abril-junio de 2026, ubicándose entre los niveles más altos registrados en casi dos años.
Aunque la cifra no presentó variaciones respecto del trimestre anterior, aumentó un punto porcentual en doce meses. Esto significa que más de una de cada cuatro personas ocupadas trabaja sin acceso pleno a derechos laborales y mecanismos de protección social.
Más de 2,5 millones de personas trabajan en la informalidad
De acuerdo con el INE, la población ocupada informal creció un 4,7% durante el último año, lo que equivale a 114.606 personas adicionales. Con ello, el número total de trabajadores y trabajadoras informales llegó a 2.537.804.
El crecimiento de la informalidad fue considerablemente superior al aumento registrado por el empleo total, que avanzó apenas un 0,9% en el mismo periodo.
La diferencia entre ambas cifras evidencia que una proporción importante de los nuevos puestos de trabajo continúa generándose en condiciones precarias, sin contrato formal, cotizaciones previsionales, protección ante accidentes laborales o acceso efectivo a derechos como vacaciones, licencias médicas e indemnizaciones.
Comercio y servicios impulsan el incremento
Por sector económico, el crecimiento de la ocupación informal estuvo liderado por las actividades de servicios administrativos y de apoyo, donde aumentó un 21,0%.
También incidieron la industria manufacturera, con un incremento de 12,8%, y el comercio, que registró un crecimiento de 6,8% en su población ocupada informal.
Según la categoría ocupacional, el aumento fue impulsado principalmente por las personas trabajadoras por cuenta propia, cuya informalidad creció un 7,2%, y por las personas asalariadas del sector privado, con un alza de 4,1%.
En contraste, disminuyó la cantidad de trabajadores informales en el servicio doméstico y entre los asalariados del sector público.
Mujeres continúan siendo las más afectadas
La informalidad laboral mantiene una marcada brecha de género. Durante el trimestre analizado, la tasa entre las mujeres alcanzó el 28,9%, mientras que entre los hombres llegó al 25,5%.
En doce meses, la informalidad femenina aumentó 1,3 puntos porcentuales, mientras que la masculina creció 0,7 puntos.
Además, la población ocupada informal aumentó un 6,6% entre las mujeres, cifra que duplica el crecimiento registrado entre los hombres, que llegó a 3,2%.
Personas mayores y jóvenes enfrentan los mayores niveles
Los niveles más altos de informalidad se concentran en los extremos de edad.
Entre las personas de 65 años y más, la tasa alcanzó un 57,9%, lo que significa que más de la mitad de quienes continúan trabajando después de la edad legal de jubilación lo hacen en condiciones informales.
En el grupo de jóvenes de entre 15 y 24 años, la informalidad llegó al 34,6%, mostrando las dificultades que enfrentan las nuevas generaciones para acceder a empleos estables y protegidos.
El crecimiento anual de la ocupación informal también estuvo marcado por las personas de entre 35 y 44 años, con un alza de 12,3%, y por quienes tienen 65 años o más, con un aumento de 10,4%.
Creación de empleo sin derechos
Desde una perspectiva sindical, las cifras muestran que no basta con aumentar el número de personas ocupadas si los puestos de trabajo creados no garantizan estabilidad, seguridad social ni derechos laborales.
El crecimiento de la informalidad muy por encima del empleo total evidencia que una parte importante de la recuperación laboral se sostiene sobre trabajos precarios y desprotegidos.
Esta situación impacta directamente en las condiciones de vida de las familias, pero también debilita el sistema previsional, reduce el acceso a la salud y deja a millones de personas sin protección frente a accidentes, enfermedades, desempleo o vejez.
Avanzar hacia el trabajo decente requiere políticas públicas capaces de generar empleos formales, fortalecer la fiscalización, garantizar cotizaciones previsionales y evitar que la flexibilización laboral continúe ampliando los espacios de precariedad.