A tres días de cumplirse siete años del estallido social, el debate sobre los indultos ha vuelto a ser instalado en el centro de la agenda desde el sector republicano y nacional-libertario. El presidente José Antonio Kast enfrenta así presiones desde su propio sector para conceder beneficios a uniformados condenados por hechos ocurridos durante las protestas de 2019, mientras la discusión sobre el trato humanitario a personas privadas de libertad con enfermedades terminales abre otro frente de debate.
A la fuerte arremetida del Partido Nacional Libertario se sumó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien reforzó la demanda para que La Moneda se pronuncie sobre los uniformados condenados vinculados al estallido social. En declaraciones a radio Agricultura, recogidas por La Tercera, sostuvo que “por supuesto que a todos quienes vivimos esa época en Chile, que vivimos las consecuencias, de cómo la violencia se tomó a las calles, cómo un grupo de personas, a través de la fuerza, trataba de instalar sus ideas, políticas todas, por supuesto, lo que queremos es un pronunciamiento muy profundo”. El senador calificó como una “injusticia enorme” que policías que, a su juicio, cumplían sus funciones, terminen privados de libertad.
Squella también defendió el indulto como una alternativa para modificar la forma de cumplimiento de determinadas condenas. “En eso, por supuesto que una alternativa es el indulto. Ahora, el indulto particular le corresponde al Presidente. Él ha dicho, y me consta, que están estudiando los casos”, afirmó. Sus declaraciones se producen mientras sectores libertarios presionan para que Kast concrete un gesto antes del 18 de octubre, una fecha que adquiere especial relevancia política por el compromiso del Mandatario con la revisión de las condenas impuestas a uniformados. La definición, sin embargo, sigue dependiendo de La Moneda.
En paralelo, Carolina Tohá se refirió al tema al plantear que las personas condenadas que se encuentran en fase terminal deberían poder pasar sus últimos días junto a sus familias, sin que ello dependa de un indulto presidencial. En conversación con T13 En Vivo, la exministra fue categórica: “Soy partidaria de que las personas que cumplen penas vayan a morir a sus casas, pero no a través de indultos”. La propuesta apunta a establecer un criterio humanitario que no dependa de la intervención excepcional del Ejecutivo ni de la visibilidad política de cada caso.
Tohá extendió explícitamente esa posición a las personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. “En el caso de los crímenes de Derechos Humanos, son delitos de una mayor gravedad porque los comete el Estado y por eso tienen un régimen especial, deben ser inamnistiables, imprescriptibles, se deben perseguir por siempre, pero no creo que eso deba traducirse en que bajemos nuestro estándar humanitario”, señaló.
La exministra también cuestionó el mecanismo presidencial por sus efectos jurídicos y políticos. “Sería un profundo error hacerlo a través de los indultos, porque el indulto tiene dos problemas”, afirmó, antes de advertir que una decisión de ese tipo no podría revertirse si posteriormente se comprobara que la persona no se encontraba realmente en una fase terminal. A su juicio, una medida adoptada por los tribunales permitiría revisar las condiciones del beneficio y establecer criterios accesibles para todas las personas condenadas, no solo para quienes cuentan con respaldo político.
La discusión, no obstante, ha generado reparos desde distintos sectores, particularmente por el riesgo de que las razones humanitarias terminen confundidas con una revisión política de condenas por violaciones a los derechos humanos. La senadora Fabiola Campillai rechazó equiparar estos delitos con los comunes y advirtió , según consignó BioBioChile, que “toda enfermedad real debe ser atendida con la seriedad que corresponde, pero no podemos usarla como una moneda de cambio”. La controversia evidencia que el debate no se agota en la condición médica de los condenados, sino que también involucra los derechos de las víctimas, la igualdad ante la ley y las responsabilidades del Estado.
A su, vez, la diputada Lorena Pizarro (PC) dijo que “me parece de una gravedad lo que dicen Carolina Tohá y Fidel Espinoza (…). Otra cosa es mirar una posición de país frente a lo que fueron las violaciones a los DD.HH. cometidas por la dictadura cívico-militar. Es impresentable plantear algo así”.
Así, a las puertas de un nuevo aniversario del 18-O, Kast enfrenta la encrujicada sobre si complacer la demanda identitaria de su base de apoyo, o concentrase en los temas que importan a las grandes mayorías, como lo han pedido parlamentarios como Diego Shalper (RN).
Fuente: El Mostrador