Este martes comienza la discusión en el Congreso del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado a fines de enero por el Gobierno. El trámite legislativo comenzará en la comisión de salud de la Cámara Baja y según las autoridades, la la revisión del proyecto generará bastante polémica.
La ministra de salud, Carmen Castillo -quien asumió hace menos de dos meses- en entrevista con la Tercera, sostuvo que “es un honor participar en estos temas tan exigidos por la sociedad, tan necesarios de clarificar y de acordar” y aseguró que gracias a la sociedad estamos discutiendo el tema.
De las tres causales que considera el proyecto -inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación- esta última es la que ha generado más polémica. Desde sectores como la DC por ejemplo han intentado separar este ítem de los otros y también desde la iniciativa de algunos parlamentarios han intentado que los plazos para la interrupción del embarazo en esa causal se amplíen. Castillo señaló que sobre la resistencia a interrumpir el embarazo en caso de violación “Nadie está obligando al aborto, pero es una decisión de un país laico, esa es la diferencia, hay que legislar para el país y la decisión hay que discutirla entre todos”.
Castillo señaló que debe despenalizarse el aborto en este caso pues, la violación a una niña es una tragedia y la convierte en una madre de alto riesgo, “el que una niña tenga un embarazo por una violación, es un tema muy sensible, una carga emocional muy grande. Si es violada por su padre, queda marcada de por vida. Son madres de alto riesgo que muchas veces rechazan a este niño. ¿Y cómo continuar una vida teniendo un entorno tan violento para ellas? ¿Cómo recuperar el sentido de lo que significa la vida? Incluso puede llegar al suicidio, están todos los extremos, entonces hay que estar muy atentos. Una niña embarazada que tiene temor a declarar que la violó un tío, puede llegar al suicido”, señaló la Ministra.
La causal de violación determina plazos para realizar la interrupción voluntaria. Para las menores de 14 años se plantea hasta las 18 semanas, para las mayores de 14 años hasta las 12 semanas. Castillo señala que la diferencia radica en que las niñas menores de 14 años tardan en darse cuenta que están embarazadas. Afirma que estos límites están “dentro de los márgenes donde habitualmente uno diagnostica un embarazo”.
Respecto del debate generado con las instituciones que se negarán a realizar la intervención y proponen una objeción de consciencia institucional, Castillo señala que ese debate se dará en el Parlamento y “ahora está la objeción de conciencia personal, individual. La institucional es una modalidad que hasta ahora está como una propuesta de algunas autoridades, y que tendrán que verla a nivel del parlamento”.
Castillo aseguró que para las causales de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal no habrá plazos, además señaló que la interrupción es voluntaria y cada mujer decidirá que hacer con su embarazo.
Desde el gobierno, el vocero Alvaro Elizalde se refirió a esta materia y dijo “Desgraciadamente en Chile ocurren abortos por múltiples causales y en particular se está discutiendo un proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto y en caso de violación”.
A partir de mañana, los parlamentarios comenzarán una tramitación polémica que de seguro generará divisiones. Sin embargo, el tema instalado en el Congreso por la ciudadanía y en especial por las miles de mujeres que exigen este derecho para no seguir muriendo a costa de un embarazo que no es viables,de un feto que no vivirá o de una violación. Hasta ahora, los medios de comunicación y algunos sectores más conservadores han intentado minimizar la discusión y enfrascarse en conceptos que confunden a la sociedad. Mezclar el aborto terapéutico con el aborto total ha sido especialmente la estrategia para intentar confundir las ideas. Sin embargo, desde la sociedad y expertos en la materia han puesto todos sus esfuerzos para aclarar que ambas discusiones son distintas y en este momento es urgente dar respuesta a las mujeres que arriesgan sus vidas, pues no pueden interrumpir sus embarazos a pesar de que estos no llegaran a término, a pesar de que los fetos en sus vientres no son fetos con características normales y no son compatibles, y deberán -porque el Estado de Chile así lo determina- dar cara a la muerte para ser intervenidas. Así como lo vimos en la marcha del 6 de marzo, miles de mueres y decenas de organizaciones exigen -con matices propios de la discusión- que el aborto terapéutico que tuvimos hasta 1989 se nos devuelva, para no seguir muriendo y el Estado no sea cómplice de aquello.
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