Siempre ha sido así. Cuando en 1878 el gobierno de La Paz decretó un leve aumento de impuestos al salitre que se extraía en la región boliviana de Antofagasta, los dueños de las mineras –la mayoría chilenos e ingleses– montaron en cólera. En una planificada campaña de prensa lograron convencer al gobierno chileno que el acto soberano del país vecino había sido una afronta a Chile. Y así, estos empresarios, entre los que figuraba el bisabuelo de Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio, contribuyeron con su parte a desencadenar la Guerra del Pacífico.
Durante décadas, los grandes banqueros de nuestro país, muchos de los cuales también eran dueños de minas y de muchos otros negocios, lograron frenar la creación de un banco central. Después de todo, eran los bancos privados los encargados de imprimir el dinero con el que todos los chilenos comerciábamos a diario. Recién en 1925 se estableció el Banco Central de Chile, pese a los pronósticos catastrofistas de los banqueros privados que auguraban que el Estado controlaría a su antojo el dinero de todos los chilenos.
Y así, suman y siguen los ejemplos.
Hoy los empresarios se enfrentan a otro “cuco” –la reforma laboral– y nuevamente desempolvan la lógica de siempre. “La reforma laboral es una reforma anti empresa y eso no le hace bien a Chile”, afirmó en julio el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock.
La semana pasada el dial de las mayores radios de Santiago y grandes ciudades de regiones se vio inundado por una serie de spots del Referente Laboral Pro-Empresa, un grupo ad-hoc creado por la propia Sofofa y sus gremios miembros. “Tenemos el profundo convencimiento de que esta reforma, tal como está planteada, traerá consecuencias muy negativas para las personas, los trabajadores, las familias y las empresas”, aseguró el timonel de la Sofofa al lanzar la campaña. “No nos podemos quedar tranquilos sabiendo el nocivo impacto que este proyecto tendrá para el país”, agregó Von Mühlenbrock. Por cierto, el comunicado de este grupo empresarial fue reproducido de forma casi idéntica en los diarios La Tercera y Diario Financiero el lunes pasado y en el del Diario Financiero.
La arremetida de los últimos días de los empresarios es entendible. La reforma laboral está en pleno proceso en el Congreso, y hoy lunes a las 18.00 horas se ingresarán las indicaciones a la comisión del Senado que está viendo este proyecto del ley en el segundo trámite constitucional. Además, aunque esta reforma aún está muy lejos de equilibrar las relaciones entre los dueños de empresas y sus empleados, efectivamente es un paso hacia delante, mermando en algo el enorme poder que los empresarios han detentando sobre sus trabajadores en las últimas décadas.
En uno de esos spots radiales, el propio Von Mühlenbrock pregunta a la audiencia si les parece justo que el empleador deba contar con la autorización del sindicato para extender los beneficios colectivos a los trabajadores no sindicalizados. Más allá de aplicar una regla de oro que, además, es de sentido común –nunca confíes en un empresario grande que dice que está preocupado por sus trabajadores más que por sus ganancias–, veamos los datos “duros” del mercado laboral chileno.
Según cifras publicadas por la OCDE, la organización que reúne a las casi 40 mayores economías del mundo y del cual Chile forma parte, la situación laboral chilena es paupérrima. Un 26% de los chilenos con trabajo son auto-empleados, es decir, probablemente son dueños del quiosco de la esquina o del que vende dulces en los colegios. Un 16,5% tiene trabajo a media jornada. Un 29,7% tiene contrato laboral temporal, o sea, como esos profesores de las numerosas universidades chilenas que son contratados de marzo a diciembre, para ser despedidos entre enero y febrero, con tal de no tener que hacerles un contrato permanente. Y lo mismo pasa, por cierto, en reparticiones del Estado. Al sumar los números se llega a una cifra preocupante: más de 70% de los chilenos tiene un empleo precario. Y si a eso se le agrega que el desempleo hoy supera el 6%, se llega al cálculo que ocho de cada diez compatriotas está en una situación laboral extremadamente débil.
Ciertamente, se trata de una situación que acomoda a muchos empleadores. Después de todo, un trabajador en situación precaria y con bajo sueldo, pero endeudado como casi todos los chilenos (según cifras oficiales, casi 70% de nuestros ingresos corresponden a deuda), no reclamará ante los abusos patronales. Claro que en la campaña lanzada en abril de este año y llamada “Chile merece más” (léase, los empresarios merecemos más), Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, aseguraba que “lamentablemente, este proyecto (reforma laboral) no considera la visión de quiénes damos trabajo en Chile y ha caricaturizado la relación que tenemos con nuestros trabajadores”.
En este contexto, el Santo Grial que persiguen los grandes empresarios es el reemplazo en huelga. El actual proyecto de ley del gobierno de Bachelet no lo considera, lo que para los empleadores es una afronta a la economía nacional. Pero si los empleados de una empresa que se fueron a huelga –que siempre es el último recurso– son reemplazados por otros, ¿de qué sirve la huelga? Básicamente de nada.
Por desgracia o fortuna, el empresariado y la derecha contó en este aspecto con el apoyo de un grupo de “expertos” que son cercanos a la Nueva Mayoría. El viernes 7 de agosto este grupo publicó en El Mercurio una carta al director en la que afirmaba que “Alemania, Canadá, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega y Suecia forman parte de la inmensa mayoría de los países OCDE donde se permite el reemplazo interno durante las huelgas. Todos estos han ratificado los Convenios Fundamentales de la OIT”. La misiva estaba firmada por Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Daniel Hojman, Dante Contreras, Diego Olivares, Eduardo Engel, Jaime Ruiz-Tagle, Joseph Ramos y Víctor Tokman. El tradicional diario conservador de nuestro país no dejó pasar la oportunidad y al día siguiente publicó un artículo titulado “Oposición valora carta que valida reemplazo interno en huelga”.
Pero, ¿qué hay detrás de estas experiencias internacionales? El caso de Alemania, que es el primero que citan, en nada se relaciona con Chile. En ese país existe un modelo laboral basado en la “co-determinación”. En esencia, los alemanes creen que los trabajadores forman parte esencial de una empresa, a tal punto que los empleados –sindicalizados o no– incluso pueden elegir hasta el 50% de los miembros del directorio. ¿A alguien en Chile se le ocurriría que la mitad del directorio del Banco de Chile, de Cencosud, de Soquimich o Penta estuviera constituido por sus empleados?
Por ejemplo, en Volkswagen, el exitoso fabricante de automóviles como el Golf, más de 12% de la empresa pertenece al estado federal de Baja Sajonia y un porcentaje similar a sus trabajadores. ¿Podríamos en Chile pensar que un 12% de Falabella pertenece a sus empleados? ¿Y otro 12% a la intendencia de Santiago?
Entonces, es hora de volver a nuestra realidad. “La comparación internacional no es auspiciosa para Chile, tenemos la quinta tasa de empleo más baja de la OCDE”, escribió en 2011 Michelle Bachelet en el prólogo del libro Contra la Desigualdad de Andrés Velasco y Cristóbal Huneeus. Y, más adelante, agregó: “Las cosas no tienen que ser siempre iguales, podemos alterar el orden establecido, del simple devenir de los mercados, precisamente, porque somos progresistas”.
Le tomo la palabra, Presidenta.
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