En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, las afiliadas en Chile a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) valoran el compromiso del gobierno de impulsar el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Este proyecto responde a una necesidad urgente y prioritaria de nuestra sociedad: reconocer el trabajo de cuidado como un derecho y como una responsabilidad social compartida, en un marco de dignidad, autonomía y justicia, donde las labores de cuidado han recaído principalmente sobre las mujeres, y han sido comprendidas como un asunto exclusivamente familiar.
El proyecto del gobierno representa un avance fundamental hacia una organización social del cuidado que promueva la autonomía de quienes reciben estos servicios y dignifica la labor de quienes los proporcionan, tanto cuidadoras y cuidadores remunerados como no remunerados. Aplaudimos la incorporación de principios como la corresponsabilidad social y de género, la interseccionalidad y la participación ciudadana, que reflejan una visión integral y equitativa. Estos elementos son esenciales para construir un sistema de cuidados inclusivo y solidario, y abordan las desigualdades históricas que han afectado principalmente a las mujeres, quienes han soportado una carga desproporcionada de trabajo no remunerado.
Sin embargo, rechazamos enfáticamente las indicaciones presentadas por sectores de derecha, que buscan desvirtuar y limitar el alcance de este proyecto. Estas indicaciones minimizan el papel del Estado y abren la puerta a una participación excesiva del sector privado, con el riesgo de transformar los servicios de cuidado en un negocio más, en lugar de un derecho fundamental. Para las organizaciones del sector público afiliadas a la ISP, la gestión de los cuidados no debe ser privatizada ni mercantilizada; al contrario, debe ser garantizada y provisionada por el Estado y orientada exclusivamente hacia el bienestar de las personas y la justicia social.
Asimismo, nos preocupa que estas modificaciones de la derecha intenten reducir el enfoque en la corresponsabilidad social y de género, eliminando los avances propuestos por el texto del gobierno para aliviar la carga de cuidados que recae injustamente en las mujeres dentro del hogar (700 mil mujeres en Chile se dedican a estas labores). Rechazamos cualquier intento de debilitar este enfoque, ya que la igualdad de género es un pilar central para una sociedad justa. Además, el borrado de los principios de autonomía y de promoción de la vida independiente subestima la importancia de un sistema que debería empoderar a cada individuo, en lugar de reducir su dignidad y autonomía.
Como trabajadoras y trabajadores del sector público, somos parte de la crisis de los cuidados, y muchos de los servicios en los que nos desempeñamos forman también parte de la solución a esta crisis. En este sentido, nuestras organizaciones están comprometidas a apoyar esta iniciativa del gobierno, que vemos como una base esencial para fortalecer el rol público en la provisión de servicios de cuidado y la igualdad de género, entendiendo además, que toda iniciativa legislativa en discusión puede perfeccionarse.
Las organizaciones del sector público afiliadas a la ISP subrayan, finalmente, el desafío urgente de repensar la prestación de servicios del cuidado en nuestra sociedad, de integrar la transformación de los roles de género en la organización de unos sistemas de servicios del cuidado públicos, universales y de calidad.
El cuidado ya no es una cuestión privada de los hogares. La atención de salud de la primera línea y el cuidado domiciliario, son ejemplos claros de la precariedad que afecta a trabajadores y trabajadoras: inseguridad laboral, cargas excesivas, condiciones inseguras y malestar psicológico son realidades frecuentes en este sector. El cuidado es un servicio esencial, demasiado importante para quedar en manos de quienes persiguen beneficios económicos por encima del bienestar social.
Por ello, denunciamos y nos oponemos categóricamente a la privatización, mercantilización y financiarización de los servicios de cuidado, procesos que sólo precarizan el acceso y las condiciones de estos servicios. Exhortamos a los parlamentarios y a la sociedad a unirse en la defensa de este proyecto en su versión original, como un paso esencial hacia una sociedad inclusiva, equitativa y solidaria.
Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile (ANEJUD)
Asociación Nacional de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (AFIICH)
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
Asociación Nacional de Empleados del Servicios de Impuestos Internos (ANEIICH)
Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH)
Confederación Nacional de Funcionarios de la Educción Municipal de Chile (CONFEMUCH)
Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM)
Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS)
Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias (FENATRAOS)