Los montos se aplicarían a cada empresa, en caso que las investigaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Coordinador así lo permitan. Sin embargo, los gremios del sector piden prudencia. Acera llamó a no “emitir juicio anticipados”, mientras que Generadoras de Chile demandó la asesoría de “expertos internacionales imparciales”, asegurando que sus asociadas “estuvieron siempre preparadas para aportar con su capacidad de generación para la pronta reposición del servicio eléctrico”.
El apagón total que afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este martes abrió un nuevo conflicto en el sector energético entre empresas del sector y las autoridades. Es que mientras se investigan las causas que propiciaron que la falla original de una línea en el Norte Chico se propagara a todo el SEN, las declaraciones del gobierno, por una parte, y del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), por otro, han generado sorpresa y hasta malestar en la industria eléctrica.
Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien apuntó en su primera intervención a una de las empresas involucradas: ISA Interchile. La firma, controlada por la estatal colombiana Ecopetrol, es la encargada de operar la línea de transmisión eléctrica a doble circuito Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, que opera a 500 mil voltios, entre Vallenar y Coquimbo, afirmando que su falla de origen “provocó un corte de energía masivo a lo largo del país”.
Sin embargo, el tono de las autoridades generó molestias. Tras participar en el Cogrid, el ministro Diego Pardow, volvió a apuntar a la firma de capitales colombianos, pero también habló de “un conjunto de responsabilidades” ante la extensión del apagón, y sobre la demora en la reposición del servicio afirmó que hubo “activos de generación que no funcionaron o que presentaron problemas en su partida en negro”. Palabras que luego tendrían su réplica.
En ese punto de prensa, el secretario de Estado también habló de las posibles compensaciones que pueden recibir los clientes por la interrupción del suministro eléctrico, además de multas.
Según un análisis del Instituto Libertad y Desarrollo, la sanción más alta a la que se exponen las empresas se relacionan a infracciones gravísimas, como la muerte o lesión grave de personas, o que se “hayan ocasionado una falla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrico o de combustible”, según la Ley que rige a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
“Dichas infracciones se sancionan con hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). Con el valor UTA de marzo de 2025, las multas pueden llegar a $8.164.080.000, equivalentes a US$8 millones”, indica el informe, cifra que en el caso de las compensaciones sube a 20 mil UTA, o $16.328.160.000, equivalentes a US$16 millones. Eso sí, el monto de las compensaciones a clientes se calculan multiplicando por quince en base a valor de la energía suministrada durante el apagón, con un límite para las empresas de transmisión, que, según la normativa eléctrica, no podrán superar por evento el 5% de sus ingresos regulados en el año calendario anterior para el segmento de transmisión respectivo, o el 5% de sus ingresos totales obtenidos en el mercado nacional.
En el caso de ISA Interchile, dicho monto rondaría los US$5 millones si se consideran los ingresos operacionales por US$102 millones que anotó en 2023.
Fuente: La Tercera