La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección que buscaba suspender los efectos del dictamen de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, sobre la “confianza legítima” de los funcionarios públicos. La decisión se dio a conocer en la tarde de este martes en el tribunal.
De acuerdo a lo presentado por el organismo judicial, la Contraloría actuó conforme a la normativa vigente al emitir dicho dictamen, por lo que no se encontraron vulneraciones asociadas. “La entidad recurrida se ha limitado a emitir un pronunciamiento, mediante un dictamen, en uso de las facultades que le confiere su ley orgánica”, dictó la sentencia.
El recurso de protección fue presentado por un grupo de funcionarios públicos que argumentaban que el dictamen de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, afectaba sus derechos adquiridos y la estabilidad en sus cargos. No obstante, el órgano judicial señaló que la Contraloría actuó dentro de sus facultades legales al emitir el dictamen y que no se vulneraron derechos fundamentales de los funcionarios.
Además, la Corte también destacó que la “confianza legítima” no puede ser entendida como un derecho absoluto e inmutable, sino que está sujeta a las modificaciones que puedan surgir de cambios en la normativa o en la interpretación de la misma.
En ese sentido, enfatizó que el dictamen de la Contraloría no implicaba una afectación inmediata y directa a los derechos de los funcionarios, sino que establecía criterios generales para la administración pública. Por tanto, se resuelve que: “se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Fundación Fuerza Ciudadana en contra de la Contraloría General de la República. Consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la orden de no innovar decretada el 4 de diciembre del año pasado”, dio a conocer el Poder Judicial.
Bajo esa misma línea, cualquier afectación específica deberá ser evaluada caso por caso, a través de los mecanismos legales correspondientes.
Al respecto la vocera (s) de Gobierno y ministra de Ciencia, Aysén Etcheverry, se refirió a la posibilidad de que se vea afectada la relación con los funcionarios, la secretaria de Estado. “Hoy día los funcionarios públicos están enfocados en todas sus tareas, trabajando y manteniendo una relación de mejora de las condiciones permanentes. Este es un trabajo que se lleva desde el Ministerio de Hacienda en una conversación continua con las distintas agrupaciones de funcionarios con cada uno de los ministerios”, mencionó.
“Como corresponde en el Gobierno, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley, a los dictámenes que emite Contraloría y aplicar lo que en la normativa corresponde“, sumó.
Por su parte, en conversación con Radio Universidad de Chile, en una reciente entrevista, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, abordó el fallo que reconoce la legitimidad del contrato temporal conocido como “contrata” para aquellos trabajadores y reconoció que “era esperable que la justicia mantuviera una línea que es concordante con la independencia de los poderes del Estado“.
De igual manera, desde un principio esto “fue un golpe para las circunstancias públicas, públicamente nos movilizamos, hicimos acciones de presentación, no sólo en Santiago, para una reconsideración frente a este dictamen, que entendíamos venía de antes, en la Contraloría por el ex Contralor, y que había incluso respetado esta suerte de homologar lo que pasa para el mundo del trabajo en el sector privado, porque el sector privado con dos renovaciones de contrato, las personas quedan con contrato indefinido. Entonces era una política para equilibrar“, relató.
En su intervención, el presidente de ANEF, subrayó la importancia de la participación de la organización que preside en la mesa del sector público y destacó el protocolo de acuerdo alcanzado con el Gobierno, que es un proyecto de ley.
Durante las negociaciones con las autoridades de Estado, se propuso abordar la precariedad contractual que afecta a trabajadores a honorarios y en contrata. “Este año, a partir de marzo, el Gobierno se comprometió a avanzar en la creación de tribunales administrativos especializados para tratar asuntos del régimen público, una medida inédita en Chile y con antecedentes en otros países de Latinoamérica“, explicó.
Como representante de ANEF, sostuvo su deseo de dialogar con la Contraloría General de la República, destacando la importancia de las conversaciones. Pérez informó que el subcontralor se comprometió a gestionar una reunión para los primeros días de marzo, con el objetivo de abordar temas críticos que afectan a los empleados públicos y al movimiento sindical.
A pesar de la firme decisión de los trabajadores fiscales de luchar hasta el final, Pérez enfatizó la necesidad de un diálogo profundo para evitar una crisis permanente durante el mandato de ocho años de la actual administración de la Contraloría General de la República.
Reacciones políticas
Este miércoles al ser consultado respecto al tema el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó su preocupación por el rechazo al recurso de protección. “Esta decisión debilita la estabilidad laboral de una cantidad importante de trabajadores públicos“, afirmó Carmona.
Además, argumentó que el Estatuto Administrativo establece que no más del 20% de los funcionarios deben ser a contrata o a honorario, pero en la práctica, “hoy día, no más del 20% es planta“. Esto, según él, genera “una inseguridad, una inestabilidad, una falta de tarea funcionaria”.
También criticó la “discrecionalidad excesiva” en las evaluaciones de los trabajadores públicos, indicando que “la única protección que puede tener un funcionario se ha demostrado. Son dos años o dos contratos consecutivos en que tienen mérito”. Adicionalmente subrayó que, con el cambio de jefaturas y gobiernos, “el factor laboral se inseguriza“, lo que afecta negativamente a los trabajadores. “Los trabajadores y las trabajadoras tienen demasiadas cargas en contra”, concluyó.
Fuente: Radio Universidad de Chile