A partir de las 16:30 horas de este martes, las orgenaizaciones del Sector público —que son coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)— se reunirán con los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y de Trabajo, Giorgio Boccardo, para dar inicio a la discusión de los términos económicos del reajuste de las y los trabajadores del Estado.
Laura San Martín, coordinadora de la mesa, recalcó que “no estamos pidiendo un aumento de sueldo, sino recuperar el poder adquisitivo”, mientras Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, subrayó la urgencia de asegurar estabilidad laboral para funcionarios a contrata y avanzar en materias como 40 horas, salud mental y cuidado infantil.
El encuentro marca el comienzo de la fase decisiva de la negociación, luego de que la Mesa expresara su preocupación por la postergación del diálogo hasta esta semana, cuando los gremios esperaban cerrar un acuerdo antes de la segunda vuelta presidencial. Desde el sector público advirtieron que el cambio de calendario generó incertidumbre entre las y los funcionarios.
Previo a la reunión, desde la sede de la CUT, la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, recordó que hasta ahora las conversaciones se han concentrado en materias no económicas. “Estamos negociando desde la semana pasada. Hasta ahora han sido propuestas de empleo no económico. Nosotros ya hicimos una propuesta de reajuste y de otros temas”, señaló.
Laura San Martín, coordinadora de la mesa del sector público y Gabriela Farias, vicepresidenta de la CUT y Encargada del sector Público entregan pliego de negociaciones 2025. Foto: Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En materia salarial, San Martín fue enfática en la demanda central de los gremios: “La Mesa está solicitando un 2% real de reajuste para el período diciembre de 2025 a noviembre de 2026. Estamos esperando que hoy o mañana el Gobierno nos haga una propuesta. No podemos seguir esperando que nos respondan”.
La dirigenta subrayó que la solicitud no corresponde a un aumento de remuneraciones, sino a la recuperación del poder adquisitivo. Junto al reajuste, la Mesa reveló demandas estructurales, entre ellas estabilidad laboral, trabajo decente y el fin de la precarización.
“Para nosotros una de las cosas más importantes es la estabilidad laboral. Es fundamental incrementar la proporción de plantas y empleos titulares y superar la precariedad”, indicó San Martín, quien además insistió en avanzar en tribunales contenciosos para resolver conflictos laborales del sector público.
Otra de las exigencias planteadas es la aplicación de la jornada laboral de 40 horas en el Estado. “Esta es la última negociación del Presidente Boric y esperamos que cumpla con las 40 horas para el sector público. No es posible que el sector privado ya haya avanzado y el sector público no”, emplazó San Martín.
Asimismo, la Mesa exigió avances en salud mental, cuidado infantil, equidad de género y libertad sindical. “Esperamos que el Gobierno saque la norma de aplicación general sobre salud mental, que lleva meses en toma de razón. Es una de las principales problemáticas del país”, agregó la coordinadora.
Por su parte, la vicepresidenta de la CUT y encargada del Sector Público, Gabriela Farías, manifestó que la negociación entra en su recta final. “Hoy se inicia la fase decisiva de esta negociación. Por fin vamos a abordar las materias económicas y esperamos respuestas más precisas respecto de los temas no económicos, que son fundamentales para realizar bien el trabajo en el Estado”, sostuvo.
Farías también advirtió sobre la situación de las y los trabajadores a contrata, que representan más del 70% del sector público: “Demandamos que la estabilidad laboral sea un punto central, para no volver a situaciones de despidos masivos como ocurrió en años anteriores”.
En tanto, en conversación con nuestro medio, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Boris Barrera, respaldó la demanda del sector público y adelantó que el Parlamento buscará facilitar el acuerdo.
Diputado Boris Barrera. Sebastian Cisternas/Aton Chile.
“Si hay proyecciones de crecimiento cercanas al 2,4%, es razonable y justo que los trabajadores piensen al menos en un incremento real del 2%”, aseguró el parlamentario.
En esa línea, Barrera agregó que, durante la tramitación de la Ley de Presupuestos, el Ejecutivo señaló que los recursos para el reajuste estaban contemplados. “Nuestra labor será facilitar y mediar entre el Gobierno y el sector público para que este reajuste termine de buena forma y los trabajadores no se vean perjudicados”, concluyó.
La Mesa del Sector Público espera que las conversaciones avancen con rapidez, de modo que el proyecto de reajuste pueda ingresar al Congreso lo antes posible.