Con los brazos cruzados y el rostro serio, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue escuchó atentamente a los diputados que esta mañana alegaron ante el Senado a favor de la acusación constitucional presentada en su contra.
Si bien el libelo fue iniciado por legisladores del oficialismo, entre ellos los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, la presentación tuvo un inédito respaldo unánime en la Cámara el lunes de la semana pasad
La presentación contra el supremo -que se sustenta en tres capítulos de que le reprochan un notable abandono al deber de probidad en algunas de sus actuaciones- forma parte de una saga de acusaciones contra miembros del Poder Judicial iniciadas en el último tiempo, a raíz de irregularidades destapadas por investigaciones periodísticas y del Ministerio de Público.
Producto de acusaciones constitucionales, desde 2023 ya se ha cursado la destitución de dos exministros de la Suprema (Ángela Vivanco y Sergio Muñoz) y de un exmagistrado de la Corte de Apelaciones (Antonio Ulloa). A ello se han sumado otros dos escritos que fueron desestimados. Uno contra la misma Vivanco y otro en contra del ministro de la Suprema, Jean Pierre Matus.
Si al menos uno de los capítulos de esta nueva acusación es aprobado esta tarde por los senadores, Simpértigue se transformaría en el cuarto alto magistrado y en el tercer supremo en ser removido por el Congreso.
La actual cantidad de jueces destituidos a manos de parlamentarios ya es una situación inédita en los 215 años de historia republicana.
Aunque en el Siglo XIX y el Siglo XX hubo ciclos de presentaciones masivas contra magistrados (una de ellas contra Manuel Montt, quien antes y después de ser Presidente de la República ejerció como ministro de la Suprema), estas acciones nunca habían prosperado, salvo el libelo presentado en diciembre de 1992 contra el exministro Hernán Cereceda, quien hasta antes del actual período parlamentario era el único juez que había sido destituido por el Parlamento.
El punto es que este ciclo de acusaciones contra miembros del Poder Judicial, que solo ha acentuado la crisis de la judicatura chilena, aún no ha acabado.
De hecho la semana pasada, los diputados Manouchehri y Cicardini reabrieron una ofensiva contra Matus, con salió nuevamente al ruedo por publicación del medio Reportea que lo vinculaba al proyecto minero y portuario Dominga.
“Hemos sabido de 250 millones de pesos traspasados de Dominga a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas sin una justificación aparente. Luego hemos visto un traspaso de parte de estos abogados a la esposa del juez Jean Pierre Matus, y acto seguido, fallos del señor Jean Pierre Matus a favor de Dominga. Nuevamente, además, están involucrados en este caso, el señor Simpértigue y la señora Ángela Vivanco. Esta es una situación extremadamente grave y huele a corrupción”, dijo Manouchehri quien hizo una denuncia en la Fiscalía para que investigue estos de estos hechos.
El diputado socialista recordó que los mismos abogados Lagos y Vargas, que también hoy están mencionados en la acusación contra Simpértigue, “están formalizados y en prisión por coimear a jueces”.
Ante este nuevo caso, la Corte Suprema ya designó al fiscal judicial Jorge Pizarro para indagar la autodenuncia realizada por el mismo Matus, con el fin de aclarar sus lazos con la empresa Andes Iron, la cual supuestamente buscaba allanar la aprobación administrativa y judicial al proyecto Dominga, en la Región de Coquimbo.
Capítulos
En tanto, en la sesión de esta tarde, los senadores se pronunciarán respecto de los tres capítulos en los que se sustenta la acusación contra Simpértigue.
El primero apunta a la presunta responsabilidad del acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención, e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec, que tenía como representantes a los abogados Lagos y Vargas.
Ante el segundo capítulo, que plantea la responsabilidad del ministro por haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales.
Por último, en el tercer capítulo, que responsabiliza al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, firma que también contrató la asesoría Lagos y Vargas.
Fuente: La Tercera