Aunque el espionaje político ha sido históricamente una materia sensible y una fuente de desconfianza entre distintos sectores, en el último tiempo creció la preocupación en el mundo político ante el riesgo de que estas prácticas, casi erradicadas, puedan esconderse bajo otros fines.
En ese contexto, la comisión mixta encargada de destrabar la reforma a la Ley de Inteligencia aprobó por unanimidad una indicación que prohíbe y sanciona el espionaje político, estableciendo penas de cárcel e inhabilitación para quienes utilicen herramientas del sistema con fines partidistas o electorales.
El acuerdo destacó por su transversalidad, al reunir apoyos de distintos sectores del oficialismo y la oposición.
Desde Evópoli, el diputado Francisco Undurraga explicó que la reforma apunta a anticiparse a posibles abusos y entregar garantías democráticas claras. Igualmente, señaló que la inteligencia debe cumplir su rol institucional, proteger la democracia y la Constitución, y no responder a intereses partidistas.
En la misma línea, el senador socialista Gastón Saavedra valoró que el espionaje político quede expresamente tipificado como delito, con sanciones severas, subrayando que el uso de la inteligencia contra partidos o actores políticos no puede tener cabida en un sistema democrático.
En la misma línea, el senador independiente Kenneth Pugh sostuvo que la indicación fija una línea roja clara al impedir que la inteligencia del Estado sea usada para influir en la política o en procesos electorales.
Junto con eso, valoró que la reforma refuerce los controles al sistema, incorporando supervisión del Congreso, del Poder Judicial y de la Contraloría.
Con este avance, la comisión mixta continúa afinando los últimos puntos de la reforma, con la expectativa de cerrar su tramitación el lunes de la próxima semana.