La propuesta del gobierno del presidente José Antonio Kast de reducir el impuesto corporativo —impuesto de Primera Categoría— del 27% al 23% ha reactivado una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo y, especialmente, sobre cómo se financian los derechos sociales y laborales en Chile.
Este impuesto grava las utilidades de las empresas, particularmente de grandes compañías, por lo que su reducción implica una disminución de la carga tributaria para los principales actores económicos del país.
Crecimiento económico y financiamiento de derechos
Presentada como parte del plan de reactivación económica, la medida busca —según el Ejecutivo— incentivar la inversión, dinamizar la economía y promover la creación de empleo. Sin embargo, el debate ha puesto en el centro una interrogante clave: si es posible compensar la menor recaudación fiscal mediante mayor crecimiento sin debilitar la capacidad del Estado.
Desde una perspectiva de derechos, esta discusión es central, ya que la recaudación fiscal permite financiar políticas públicas esenciales como salud, educación, seguridad social y fiscalización laboral.
De acuerdo con estimaciones basadas en la Comisión Marfán, la rebaja del impuesto corporativo podría implicar una caída de ingresos fiscales cercana a 0,36 puntos del PIB, equivalente a aproximadamente US$1.200 millones, incluso considerando efectos positivos en el crecimiento.
Evidencia y advertencias de economistas
Diversos economistas han advertido que el crecimiento económico no compensaría completamente la pérdida de ingresos fiscales.
El economista Claudio Agostini ha sido uno de los críticos más duros de la idea de que una rebaja tributaria pueda autofinanciarse:
“Sostener que se pueden bajar los impuestos y recaudar lo mismo vía mayor crecimiento es mentira. Es terraplanismo económico”.
Agostini advierte que la evidencia histórica muestra que este tipo de medidas no logra compensar la caída de ingresos fiscales, citando experiencias internacionales donde reducciones tributarias derivaron en mayores déficits.
En la misma línea, el exministro de Hacienda Ignacio Briones respaldó esta posición, señalando que:
“Una rebaja de 1 punto del impuesto corporativo baja el ingreso fiscal en 0,15% del PIB”.
Briones, integrante de la Comisión Marfán, enfatiza que aunque la rebaja puede generar efectos positivos en el crecimiento en el largo plazo, estos no compensan la pérdida de recaudación, por lo que deben considerarse mecanismos de financiamiento alternativos para asegurar la sostenibilidad fiscal.
Por su parte, el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, ha señalado que, si bien es posible discutir una reducción del impuesto corporativo, esta no generará mayores ingresos fiscales por sí sola, incluso considerando efectos de crecimiento en el largo plazo.
Implicancias para el mundo del trabajo
Desde la perspectiva del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), este debate tiene implicancias directas en el mundo laboral. La capacidad fiscal del Estado incide en la protección de los derechos laborales, la fiscalización del cumplimiento de la normativa, la seguridad social y la calidad del empleo.
En ese contexto, una reducción sostenida de los ingresos fiscales podría tensionar la capacidad del Estado para garantizar derechos y sostener políticas públicas clave, especialmente en un escenario de crecientes demandas sociales.