Acusan que la reducción de 3% al presupuesto de Salud profundizará la crisis del sistema, afectando la atención, las listas de espera y las condiciones laborales.
Hasta La Moneda llegaron organizaciones sindicales de la salud para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast, solicitando revertir el recorte de 3% al presupuesto del Ministerio de Salud para 2026.
La acción fue impulsada por Fenpruss, junto a Fenasenf, Fenats y Confedeprus, quienes advirtieron que la medida “pone en riesgo la salud de millones de personas que dependen del sistema público”.
Un sistema bajo presión estructural
En la carta, los gremios enfatizan que el ajuste no se realiza sobre un sistema con holguras, sino sobre una red asistencial que ya opera al límite, con equipos humanos exigidos al máximo y una demanda creciente.
Advirtieron que el presupuesto proyectado para 2026 presenta un crecimiento real prácticamente nulo, lo que profundiza una tendencia de financiamiento insuficiente que ha debido ser corregida en años anteriores mediante inyecciones extraordinarias de recursos.
Riesgos para la atención y el trabajo en salud
Alertaron que el recorte podría traducirse en una menor capacidad de respuesta del sistema, aumento de listas de espera, deterioro en la calidad de la atención y una mayor sobrecarga laboral.
Asimismo, señalaron que, de concretarse la reducción, el presupuesto podría agotarse antes de finalizar el año, tensionando aún más el funcionamiento de la red pública.
Impacto directo en usuarios y usuarias
Desde los gremios fueron enfáticos en que las consecuencias recaerán principalmente en la población que depende del sistema público.
“Cuando se tensiona el sistema de salud, no solo se ven afectados quienes trabajan en él, sino principalmente la población más vulnerable”, advirtieron, subrayando el impacto en el acceso oportuno y digno a la atención.
Emplazamiento al Gobierno
En ese contexto, las organizaciones hicieron un llamado al Ejecutivo a reconsiderar la medida, planteando que la salud debe ser una prioridad en la asignación de recursos públicos.
El debate se instala en un escenario donde el financiamiento del sistema de salud no solo define su funcionamiento, sino también las condiciones laborales de quienes lo sostienen y el acceso efectivo de la ciudadanía a un derecho fundamental.