De acuerdo con su testimonio, la parlamentaria le habría solicitado devolver una cantidad determinada de dinero argumentando que enfrentaba distintos gastos personales. El exasesor sostuvo que inicialmente se habría planteado como una situación temporal, pero que posteriormente el mecanismo se habría mantenido.
En su declaración ante el Ministerio Público, afirmó que en algunas ocasiones retiró dinero en efectivo para entregárselo directamente a Flores. “Ese dinero ella lo toma y lo guarda en su cartera”, señaló, según los antecedentes recogidos por los medios que accedieron a su testimonio.
La investigación periodística también consignó que, según fuentes conocedoras de la causa, los montos presuntamente obtenidos mediante este mecanismo habrían sido destinados a cubrir gastos personales de la senadora, entre ellos obligaciones asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) y la compra de un vehículo.
Fiscalía investiga eventual fraude al fisco en oficina parlamentaria
La querella presentada por el exasesor se incorpora a una investigación más amplia que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso, donde se indaga un eventual uso irregular de recursos asociados al funcionamiento del equipo parlamentario de Camila Flores.
Los antecedentes de la causa ya habían motivado diligencias investigativas. En mayo de 2026, funcionarios del OS9 de Carabineros realizaron un allanamiento en la oficina de la senadora ubicada en el Senado, procedimiento en el que fueron incautados dos computadores y un archivero con carpetas.
El testimonio del exasesor había sido incorporado previamente como parte relevante de la investigación. Tras la presentación de la querella, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y existe la posibilidad de que esta nueva acción judicial sea agrupada con la indagatoria inicial.
Camila Flores no ha entregado una respuesta pública
El entorno de la senadora Camila Flores optó por no emitir declaraciones respecto de la querella presentada por su exasesor.
La investigación continuará bajo dirección del Ministerio Público, que deberá establecer si existen antecedentes suficientes para determinar eventuales responsabilidades penales. Hasta ahora, los hechos denunciados corresponden a imputaciones en investigación y no a delitos acreditados judicialmente.
Fuente: El Desconcierto