El resultado del proceso litigioso es ampliamente conocido: generó un nuevo límite marítimo, en el cual Chile perdió 22.000 km de mar patrimonial, como asimismo un área de pesca fina para empresarios nacionales, y el puerto de Arica quedó sin un frente de acceso directo a alta mar. Perú, en cambio, logró aumentar su mar patrimonial a costa del chileno y, además, una porción de alta mar. Esto favoreció a empresas peruanas, entre ellas, Exalmar S.A., de la cual Sebastián Piñera es un importante accionista, a través de su sociedad Bancard, lo que nunca transparentó al país. Hasta el 2015, el actual Mandatario de Perú (PPK) era director. La inversión no fue parte del fideicomiso ciego.
En la historia de Chile, con la única excepción de Sebastián Piñera Echenique, no existen antecedentes de que un Presidente de la República haya cruzado sus intereses personales –o de sus negocios– con el Interés Nacional del país.
En medio del juicio de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Piñera realizó una inversión relevante en la Empresa Pesquera Exalmar S.A., una de las más grandes del Perú. Y esta resultó favorecida en sus derechos de pesca por la sentencia emitida el 27 de enero del 2014 por el referido tribunal internacional. Es decir, en términos gruesos, parte de lo que Chile perdió a manos de Perú en ese juicio, lo ganó el ex Mandatario con sus inversiones en esa compañía peruana.
Sebastián Piñera nunca le informó al país, durante los preparativos del juicio, ni lo mencionó en alguna de las múltiples reuniones que como Presidente encabezó con organismos del Estado y dirigentes políticos para analizar los escenarios del juicio de La Haya.
Pocas personas estuvieron al tanto de su inversión, entre ellos, presumiblemente, su hombre de confianza y responsable político del caso, el canciller Alfredo Moreno Charme. Fuentes aseguran que probablemente también estuvo enterado Rodrigo Sarquis Said, de la Pesquera Blumar, connotado dirigente gremial de la pesca industrial chilena, que compró asimismo acciones en medio del juicio iniciado contra Chile y en época en que era presidente de Sonapesca.
De Perú lo sabían los dueños de la empresa Exalmar, del Grupo Matta Burotto, y presumiblemente el núcleo central del Gobierno peruano. Una connotada directora de Exalmar en el período aludido fue la abogada Cecilia Blume Cilloniz, quien fue secretaria del Consejo de Ministros del Perú y que mantiene estrechos lazos con el Estado como connotada lobbista, lo cual vincula directamente a la empresa con el poder político.
Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el actual Mandatario peruano, renunció en diciembre de 2015 al Directorio, poco antes de asumir como candidato a Presidente del Perú, cargo que en definitiva obtendría en una estrecha segunda vuelta con Keiko Fujimori. El ahora Jefe de Estado peruano ocupó un asiento de director –en calidad de independiente– de la pesquera Exalmar S.A., en reemplazo del chileno Cristian Celis Morgan. Al retirarse, para asumir la candidatura presidencial en Perú, quedó en el cargo de director el peruano Carlos Rozas Perla, y este, en abril último, lo devolvió al chileno Celis Morgan.
El perfil político de la empresa Exalmar y de su grupo propietario es ampliamente conocido en Perú, y no podía pasar inadvertido para los inversionistas chilenos ni para los directores de la empresa. Menos aún para el Presidente de la República de Chile, dadas las borrascosas declaraciones de mandatarios peruanos sobre nuestro país antes de que asumiera Sebastián Piñera la Primera Magistratura, entre ellas, la calificación de “republiqueta” endilgada a fines del 2009 por Alan García a nuestro país.
Piñera Echenique continúa siendo accionista de la empresa Exalmar, a través de su sociedad de inversiones Bancard. A Exalmar entró siendo Presidente de Chile, entre noviembre de 2010 y febrero de 2011. Actualmente posee un 9,10% del capital total.
Los dineros que quedaron dentro del fideicomiso ciego que voluntariamente creó antes de asumir la Presidencia de la República fueron aproximadamente 400 millones de dólares de sus inversiones en Chile. El resto, de unos 1.700 millones de dólares (de una fortuna avaluada hoy en U$2.500 millones, según Forbes), quedó fuera del fideicomiso, y parte ha sido invertida en Perú y Colombia, país –este último– donde es uno de los principales accionistas de la Bolsa de Valores.
Un dato importante es que Sebastian Piñera continúa siendo el controlador de Bancard, y en su directorio sigue participando su hijo Sebastian Piñera Morel. El gerente general es Nicolás Noguera.
Por un aspecto básico de Seguridad Nacional, o por simple prudencia en el ejercicio de su cargo, el entonces Presidente de la República Sebastián Piñera debió haber informado de su situación de inversionista en Perú a las demás autoridades e incluso al país. Particularmente por tratarse de una inversión en pesca y en una empresa que operaba en las aguas litigiosas en ese momento y que mantiene fuertes vínculos con el Estado peruano. Sin embargo, nunca lo hizo.
La política del tanteo
Durante todo el juicio en La Haya, el entonces Presidente Piñera se mantuvo en silencio sobre su estatus de inversionista pesquero en Perú, pero hizo gala pública de una actitud marcadamente enérgica para resaltar la justicia de los intereses de nuestro país en el litigio. Frases como «ahí no hay Gobierno y oposición, somos todos chilenos y defendemos nuestros legítimos intereses”, eran parte de todas sus intervenciones sobre la política exterior de Chile frente a Perú en la época.
A pocos días de iniciarse la fase oral del juicio, el año 2012, Sebastián Piñera convocó a La Moneda a los ex presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos (Bachelet estaba en ONU Mujeres). La intención era mostrar un rostro de país unido y analizar escenarios posibles de la sentencia. En esa reunión sostuvo que “esto no es la causa de un Gobierno, es la causa de Chile. Queremos que todos los presidentes estén perfectamente informados y sobre todo absolutamente comprometidos con la defensa de la causa chilena.” Todos lo apoyaron.
En fecha cercana también se reunió con los ex cancilleres con el mismo fin. En el encuentro participaron Miguel Schweitzer, Hernán Felipe Errázuriz, Carlos Figueroa, Juan Gabriel Valdés, Soledad Alvear, Ignacio Walker y Alejandro Foxley, además de los encargados del equipo jurídico chileno ante la Corte de La Haya, Alberto Van Klaveren y María Teresa Infante. En ambas reuniones no hubo una sola advertencia relativa a sus intereses pesqueros, los que inevitablemente se verían afectados, en uno u otro sentido, por la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
Desde Bancard señalan que, aunque la inversión no estaba en el fideicomiso ciego, Piñera no estaba al tanto de la misma y que la decisión de invertir se hizo sin la participación del ex Jefe de Estado.
Según consigna la prensa de la época, para Alfredo Moreno Charme, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Piñera, la finalidad de la reunión de ex cancilleres fue “contar con sus opiniones, tener esta oportunidad de conversar con el Presidente es muy útil y creo que ha sido una reunión muy provechosa, en la cual se ha podido analizar la estrategia chilena, no solamente respecto del caso, sino que también, las implicancias públicas, las relaciones con nuestros países vecinos, y como digo, eso siempre es importante con gente que conoce tan bien este tema».
Ese espíritu de Estado que envolvía a la convocatoria contagió a Juan Gabriel Valdés, ex canciller socialista de Ricardo Lagos, quien declaró: «Aquí no hay oposición y Gobierno, hay una sola postura y un total respaldo a lo que está haciendo el Presidente de la República y el ministro (Moreno) en materia de la preparación de los alegatos, y en materia, también, de lo que sigue, porque naturalmente, como hemos dicho ya varias veces y se ha visto en la mañana, nuestras relaciones con el Perú deben ser consideradas como una prioridad de Chile».
En una acción en el límite de la audacia frente al Interés Nacional, el 20 de enero de 2014, pocos días antes de que se conociera el fallo, Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional (CSN). El hecho resultaba vistoso y fue analizado destacadamente por la prensa de ambos países, y con preocupación por las agencias internacionales de noticias. Se leyó como una advertencia severa.
El Consejo de Seguridad Nacional, desde la Reforma Constitucional del 2005, tiene solo carácter asesor, pero reúne a las más altas autoridades en materia de seguridad del Estado. Además del Presidente de la República, que lo preside y convoca, lo integran los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros. El objetivo de la reunión fue analizar los antecedentes jurídicos de la defensa de Chile, según consigna la nota de prensa firmada por el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, quien también participó, por decisión Presidencial, junto con el canciller.
No hay antecedentes de que Piñera sincerara su conflicto de intereses, elemento básico para tratar los temas del Interés y la Seguridad Nacionales, en este caso amenazados por Perú. Se debe recordar que la última reunión del CSN se había producido el año 2005, durante la Presidencia de Ricardo Lagos, por las implicancias que una ley de coordenadas geográficas dictada por el Gobierno peruano de Alejandro Toledo tenía para el tema limítrofe el año 2005. Como dato curioso, Pedro Pablo Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros de Perú y Cecilia Blume trabajaba para dicha instancia en esa época.
Los resultados que favorecieron a Piñera
El resultado del proceso litigioso es ampliamente conocido: generó un nuevo límite marítimo, en el cual Chile perdió 22.000 km de mar patrimonial, como asimismo un área de pesca fina para empresarios nacionales, y el puerto de Arica quedó sin un frente de acceso directo a alta mar. Perú, en cambio, logró parte importante de lo que pedía como país al aumentar su mar patrimonial a costa del chileno y una porción de alta mar. Esto favoreció a las empresas peruanas, entre ellas, Exalmar S.A., de la cual Sebastián Piñera es su segundo principal accionista, a través de su sociedad Bancard. La pesquera tiene casi el 5% de la cuota de pesca de la zona sur del mar peruano, que es la que se expandió a raíz del fallo. Desde entonces, Exalmar ha consolidado su posición como productora de congelados para consumo humano, principalmente en sus plantas de Tambo de Mora y Paita.
La empresa peruana está entre las 30 más grandes de Perú, pero es la tercera mayor productora de harina de pescado, industria en que el vecino país es líder mundial.
En conversación vía correo electrónico con Exalmar, la pesquera señala que el fallo no fue relevante para su negocio, “ya que hasta la fecha no operamos en esta área correspondiente a la zona sur. En el Perú la pesca de anchoveta se distribuye en dos zonas: centro-norte y sur. La zona centro-norte representa entre el 80% y 90% de la pesca de anchoveta en el país, debido a la concentración de la biomasa de anchoveta en esta zona y a una menor biomasa en la zona sur, así como a la menor presencia de plantas de harina de pescado en el sur del país. Dado que Exalmar no cuenta con plantas en la zona sur y no pesca en este espacio, en nuestro caso esta medida no tiene impacto directo”.
Clave en esa respuesta es que dice “hasta la fecha no operamos en esta área”. Porque lo que no explicita es que la empresa tiene cuota para operar en esa zona y el potencial es enorme, afirman conocedores de cómo funciona la industria pesquera mundial. Esa cuota, de acuerdo a los estados financieros de la empresa, es de casi el 5%.
Es importante también mencionar que analistas financieros que siguen a la empresa –se abrió en bolsa en 2010 y tiene un bono de US$ 200 millones con vencimiento en 2020, a tasa de 7,35%, colocado en el mercado– nunca han hecho hincapié en lo que podría significar para el negocio de Exalmar el fallo que favoreció a Perú.
Al conocer los resultados del litigio, a fines de enero de 2014, Sebastián Piñera declaró sentirse tranquilo, pues –dijo– se hizo «la mejor defensa posible». Pero siguió sin informar que estaba en medio de un conflicto de intereses por los resultados del fallo, y que en realidad su posición, desde el punto de vista ético y de seguridad nacional frente a una potencia extranjera, había empeorado, lo que lesionaba a su vez la imagen del país.
Argumentación en el juicio
Un dato poco analizado es la argumentación sobre las pesquerías hecha por Perú y que resultó un elemento importante a la hora del fallo, pues en parte importante explicaría la rareza de fracturar el paralelo a la altura de la milla 80, y generar la ganancia de Perú.
En la argumentación peruana sobre su interés nacional detrás de la demanda, según consta en su Memoria presentada a la Corte, Perú se refirió –entre otros aspectos– a la protección y acceso a las pesquerías de alta mar que se encuentran en la zona disputada, como una necesidad para defender una riqueza producto de la influencia y confluencia de las corrientes de Humboldt y el Niño en sus aguas patrimoniales. Entre esa pesca están el bonito, atún y caballa, orientados al consumo humano directo (CHD), y a lo cual Perú ha atribuido una significativa importancia durante toda su historia republicana.
Paradójicamente, tales argumentos no fueron referidos, ni rebatidos ni reivindicados como propios también por Chile. Tal como se señala en el Parágrafo 106 de la Sentencia, Chile simplemente no argumentó sobre el tema. Tal hecho, que la sentencia consigna en la parte indicada, señalaría un claro abandono de soberanía –interpretando lo que dice la propia Corte– y sería parte de la explicación sobre por qué la Corte optó por romper la línea paralela y acoger parte de la demanda de Perú con un trazado sur poniente a partir de ese punto.
Chile se limitó a la defensa estrictamente jurídica del territorio marítimo y a la anchoveta como recurso, pesquería que se ubica hasta la milla 60 (lo que es de interés –principalmente– para el Grupo Angelini, en el norte chileno).
Del resultado quedó en evidencia que, si la estrategia de las cuerdas separadas indicaba que los negocios eran lo más importante entre ambos países, Chile tampoco tenía interés en las pesquerías de la zona, y solo le importó la anchoveta.
Más sobre Exalmar y Piñera
Desde 2014, la empresa Exalmar, pesquera en que Sebastián Piñera puso sus ojos y dinero como accionista, y donde el actual Presidente peruano fue director, ha aumentado significativamente su producción, lo que está ampliamente documentado en las memorias anuales y los Estados Financieros de la empresa.
La estrategia de pasar de la harina de pescado a pesca y producción de congelados para consumo humano ha sido central para Exalmar, precisamente durante el período del litigio. Por lo tanto, inevitablemente, la compañía debió especular sobre los escenarios del fallo, y los inversionistas y los directores chilenos en Exalmar debieron tener claras expectativas económicas y financieras al respecto.
Desde Bancard hacen hincapié en que la mayor parte de la participación de la sociedad de Piñera en la pesquera peruana fue adquirida con posterioridad al periodo presidencial y al fallo de la Corte Internacional de La Haya. E insisten en que ni ese juicio internacional ni sus resultados fueron factores a considerar, como tampoco incidieron en la decisión de inversión en dicha empresa.
Hasta ahora la inversión no ha sido rentable. Desde 2010 hasta la fecha, las acciones han caído 75% y en los últimos 18 meses la pesquera peruana no ha distribuido dividendos.
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