El modelo de financiamiento para favorecer el acceso a la educación superior es uno de los debates que ha centrado la atención del gobierno, estudiantes y parlamentarios en los últimos años. La demanda por la gratuidad, que desde hace dos años se ha convertido en un beneficio para cerca de 250 mil alumnos, ha traído consigo también un fuerte cuestionamiento a la vigencia del Crédito con Aval del Estado (CAE), modelo que desde 2005 ha permitido que más de 800 mil jóvenes costeen su formación con recursos bancarios asociados a un respaldo estatal.
Y si bien el Ejecutivo ya anunció la presentación de un proyecto para reemplazar este instrumento por un nuevo crédito que excluya a la banca, hay sectores que valoran el aporte del CAE en materia de movilidad social.
Ese es el punto que resalta un estudio de la fundación Acción Educar, constituida por ex colaboradores del gobierno de Sebastián Piñera. El análisis, que aborda la evolución socioeconómica de los deudores del Crédito con Aval del Estado que se acogieron al beneficio de la rebaja de la cuota con un tope del 10% del sueldo, destaca que más del 53% de ellos, en el caso de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) y el 81% entre las Ues privadas, al momento de recibir el crédito presentaban ingresos familiares correspondientes a los primeros tres quintiles (hasta $ 203 mil per cápita).
“Sin embargo, actualmente, considerando su ingreso personal, más del 60% de los deudores que postularon a la rebaja de cuotas en 2016 pertenecería al 20% más rico de la población”, precisa el documento elaborado por el organismo.
A modo de ejemplo, el estudio plantea que “un postulante al CAE de una familia perteneciente al 20% más pobre, con un ingreso promedio de $ 326.580, luego de su paso por la educación superior tiene un ingreso individual promedio que va desde $ 506.596 a $ 356.451. Así, por sí solo recibe, en promedio, un sueldo que representa entre el 155% y 109% del ingreso del grupo familiar de origen”. Es decir, duplica el dinero que ganaba su familia al momento de entrar a la universidad.
Análisis
El director y fundador de Acción Educar, Raúl Figueroa, manifiesta que esto desmitifica gran parte de las críticas hacia el sistema de créditos subsidiarios. “Como mecanismo de ayuda para acceder a la educación superior, un sistema de crédito subsidiado por el Estado es mejor alternativa que la que propone el gobierno. Se tiende a decir que solo con gratuidad se solucionan los problemas de acceso a la educación superior, y lo que demostramos es que incluso a través de un crédito, quienes estudian con CAE, una vez que egresan tienen una condición de remuneración mucho más favorable que la que tenían cuando ingresaron.
Agrega que, “por tanto, el sistema de crédito constituye un positivo mecanismo de movilidad social”.
Según Figueroa, las correcciones aplicadas al CAE en 2012 y que permitieron rebajar la tasa de interés de un 6% a un 2% y hacer la cuota mensual contingente al ingreso, con un tope de un 10%, lograron una considerable mejora en las condiciones para los deudores.
Justamente, quienes se acogieron a este último beneficio fueron el grupo objetivo del estudio en cuestión.
Posturas
El análisis precisa que de los 189.687 egresados acogidos al Crédito con Aval del Estado que estaban al día en sus pagos (requisito para optar al cambio), solo el 17% (32.715) solicitó la rebaja de sus cuotas.
Para Acción Educar, este dato permite concluir que para el 83% restante de los deudores el costo del CAE representa menos del 10% de sus ingresos.
“El monto que tienen que pagar los jóvenes es bastante llevadero. La cuota representa en promedio entre 3% a 6% del ingreso de quienes pagan el CAE. La idea de un sobreendeudamiento desmedido no tiene sustento en la evidencia”.
La decana de la Facultad de Educación de la Universidad Central, Pilar Calderón, añade que “el análisis no hace más que demostrar que la educación superior mejora la condición económica. No me atrevería a decir que el CAE, por el hecho de ser una vía para lograr el acceso a esta, genere una desmitificación total o valorice el crédito subsidiado, porque en el fondo es endeudamiento y no sé si vale la pena decir que aquello es beneficioso”.
El diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática) se suma a la crítica y plantea que “la muestra corresponde solo a un 17% del total de los endeudados. Sin embargo, existe una gran cantidad de alumnos que no puede siquiera postular al beneficio porque no tiene una situación al día en sus deudas”.
El parlamentario concluye que “ese solo hecho ilustra que hay un sistema educacional cuyo método de financiamiento no cumple, ni da los resultados que prometió”.
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