La cuenta de la Presidenta del pasado 21 de mayo reflotó el grave problema del agua en pocas manos privadas. Bachelet insistió en que la dura sequía que afecta al país no es sólo por falta de lluvias. Apuntó también a otras causas. Entre ellas, al “mal uso” –acaparamiento y lucro- que algunos privados han hecho de los derechos de agua entregados gratuitamente por el Estado. Y de eso trata esta historia: un distribuidor de whisky que entre los ’80 y ’90 acumuló una enorme cantidad de derechos de agua para luego venderlos. CIPER pudo constatar transacciones que superan los US$ 10 millones.
Hasta el año 2004, el ingeniero civil hidráulico Jorge Wachholtz Buchholtz (casado, 75 años) se encontraba entre los más grandes propietarios de agua no consuntiva en Chile, es decir, agua que una vez utilizada debe ser devuelta al caudal y que se destina principalmente para generación hidroeléctrica.
Según un ranking elaborado en 2008 por la Dirección General de Aguas (DGA) y publicado por la revista Capital (ver aquí), Wachholtz aparecía en el listado de los diez más grandes tenedores de agua en el país. Su nombre se asomaba entre los gigantes de la generación eléctrica: Endesa, Colbún y AES Gener, y la misma Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) perteneciente al Estado.
Wachholtz, junto a Hernán Lacalle Soza, quien fue subsecretario de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (ver recuadro), eran las únicas dos personas naturales que figuraban en la lista de los grandes propietarios del agua chilena.
Por entonces, según publicaba la revista Capital en su edición de abril, Wachholtz registraba 341,17 m3/seg. a su haber. Esta enorme cantidad de agua, representaba más o menos la mitad del total que para el mismo año poseía la DOH (700,03 m3/seg.) y también Colbún (645,32 m3/seg.), empresa propiedad de la familia Matte que hoy es dueña de un 49% del polémico proyecto HidroAysén.
Lo que no consignó la revista Capital, y tampoco las bases de datos de la DGA, era que poco tiempo antes Wachholtz ya se había desprendido de gran parte de la enorme cantidad de agua que lo ubicaba entre los diez del ranking. En diciembre de 2004, Wachholtz comenzó a “poner en uso” parte de sus derechos. Y lo hizo, tal como sucede con muchos operadores que participan del desregulado y lucrativo mercado de las aguas chileno, a través de la venta de parte de los derechos que el Estado le otorgó gratuitamente.
Cuando Wachholtz comenzó a vender, el valor de estos derechos –gran parte de ellos fueron obtenidos en plena dictadura– había subido vertiginosamente. Fueron 146 m3/seg. los que vendió en diciembre de 2004 en la Región de O’Higgins, obteniendo nada menos que US$ 7.250.000, es decir, poco más de $4 mil millones (el valor del dólar entonces era de $559). Era la víspera de Año Nuevo y Wachholtz tenía motivos suficientes para celebrar.
Pero esa no es la única venta que registra el historial de movimientos de Wachholtz en el mercado de las aguas. Dos años más tarde, y a partir de una millonaria venta realizada en sociedad con la empresa Desarrollo, Inversiones y Proyectos S.A. (Andelco) y Asesorías Undurraga S.A., el ingeniero volvió a aumentar su patrimonio personal. Según registros notariales, Wachholtz y sus socios amarraron una venta de US $12 millones ($6.300 millones), a cambio de 18 derechos de agua en la Región de los Ríos, por un total de 160 m3/seg.
La última de sus ventas se habría realizado el año 2009. Según información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), Wachholtz, a través de su empresa Hydrowac y Compañía Limitada, le vendió 10 derechos de agua a Endesa S.A. por un caudal total de 9,1 m3/seg. Todos ellos sobre ríos y esteros de la zona de Panguipulli, también en la Región de los Ríos. Del monto involucrado en la transacción no hay registro.
Estas operaciones sitúan a Jorge Wachholtz entre los empresarios que han obtenido millonarias ganancias gracias a las prebendas establecidas en el Código de Aguas de 1981, las que cedieron sin regulación las aguas de Chile a privados, convirtiéndolas en activos fijos de alta rentabilidad.
LA PRIMERA OLEADA DE DERECHOS
Apenas entró en vigencia el Código de Aguas, el 29 de octubre de 1981, Jorge Wachholtz Buchholtz comenzó a solicitar a la Dirección General de Aguas (DGA) derechos de aprovechamiento no consuntivos.
Hasta 2005, los requisitos para obtener y hacerse propietario de porciones de agua en Chile eran mínimos. Aunque la legislación no ha cambiado sustantivamente, entonces ni siquiera se exigía transparentar el uso que se le daría al volumen de agua solicitado ante la autoridad. Nadie fiscalizaba tampoco que se le diera un uso productivo al recurso. Bajo este mecanismo, se entregaron prácticamente a ciegas derechos de aprovechamiento de aguas, los que pasaron a formar parte del patrimonio personal de los solicitantes –empresas y personas naturales– sin condiciones y a perpetuidad.
Este es el escenario en el que Wachholtz, como tantos otros, hizo su ingreso en el mundo de los derechos de agua. Sin embargo, su figura destaca muy por sobre el resto de quienes comenzaron a solicitarlos apenas se promulgó el Código de Aguas. Porque en un lapso de poco más de 25 años, Jorge Wachholtz logró construir un verdadero imperio sobre las aguas de varios ríos y esteros de tres regiones: Metropolitana, de O’Higgins y de Los Ríos.
A poco más de un año de promulgado el código, el ingeniero obtuvo derechos no consuntivos de agua por un caudal de 15.000 litros/seg. en el Río Tinguiririca, Sexta Región. Corría diciembre de 1982. Dos años más tarde la DGA le volvió a otorgar derechos sobre el mismo curso de agua por 25.000 lt/seg. y en 1985 se le entregaron otros 30.000 lt/seg. En total, fueron seis derechos de agua que la DGA le adjudicó entre 1982 y 1999 a Wachholtz sobre esa cuenca y que en conjunto totalizaron 146.630 lt/seg. (146,6 m3/seg.). Todos adjudicados para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos que nunca vieron la luz.
La magnitud del volumen de agua que acumuló Jorge Wachholtz en estos años es lo que lo hace aparecer décadas más tarde compartiendo rankings con quienes son actualmente los principales protagonistas de la generación eléctrica en el país: la ítalo-española Endesa, la estadounidense AES Gener y la chilena Colbún.
EL MERCADO DECIDE
Doce años después de la entrada en vigencia del Código de Aguas, ya en democracia, el ex presidente Patricio Aylwin envió un mensaje al Congreso para modificar uno de los aspectos más polémicos de la normativa impuesta en dictadura. Por entonces, la acumulación ociosa y especulativa de derechos de agua en manos de privados y la incapacidad del Estado para poder intervenir en esos casos, causaba preocupación entre las autoridades de gobierno. “La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país”, señalaba el mensaje del Ejecutivo.
Lo que buscaba el gobierno era promover el uso efectivo de los derechos de agua evitando su mercantilización. Para ello, proponía devolverle al Estado la facultad de caducar y recuperar los títulos de agua entregados a aquellos propietarios que en un plazo de cinco años no le dieran uso. Así ocurría antes de 1981.
Pero la iniciativa causó resistencia principalmente entre las empresas del rubro y los miembros de la oposición y fue modificada sustancialmente durante los 13 años en los que estuvo en trámite en el Congreso. Por esos años (1993), el ex ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, Hernán Büchi, quien desempeñó un influyente rol en la redacción del código, publicaba el libro “La transformación económica de Chile: del estatismo a la libertad económica”. En él consagraba los principios en materia de aguas (y otras) que se transformarían en el escudo de un sector importante de la derecha para mantener el statu quo frente a la propuesta de reforma hecha por el gobierno de Aylwin.
–El sentido que tuvo la acción gubernativa (Junta Militar) en este campo fue crear derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas (…) El problema va a persistir mientras no se deje funcionar al mercado, para lo cual es fundamental previamente ir al reconocimiento cabal de los derechos de propiedad en el sector, señalaba el texto escrito por Hernán Büchi.
Lo que oculta el párrafo del ex ministro es que, la concepción del agua como un bien económico y el desmantelamiento de la capacidad reguladora del Estado en la materia, introdujeron severas distorsiones que crecieron y se consolidaron al alero del mercado: acaparamiento de agua, explotación indiscriminada de cuencas, especulación y lucro. Ello, en desmedro de las necesidades de bebida, higiene y riego para la población, tal como lo demuestran hoy los múltiples conflictos que han estallado a causa de la escasez de agua en varias zonas del país.
LA SEGUNDA OLEADA DE DERECHOS
La Metropolitana y la de Los Ríos fueron las siguientes regiones en las que Jorge Wachholtz puso la mirada. En la primera, la Dirección General de Aguas le otorgó en octubre de 1991 un derecho superficial sobre el cauce del Río Maipo por un total de 2.000 lt/seg. Fue con ese caudal con el que emprendió un proyecto para construir dos minicentrales hidroeléctricas en San José de Maipo, iniciativa que no fue concretada.
En los años que van desde 1995 a 1999, Wachholtz logró adjudicarse más de una decena de derechos no consuntivos en el Río Valdivia por un caudal promedio de 217.000 lt/seg. (217 m3/seg.). Varios de estos derechos los tramitó en conjunto con la empresa Asesorías, Inversiones y Proyectos S.A. (Andelco), constituida en 1994 por el abogado José Luis Undurraga Matta (falleció en 2003) y con la sociedad Asesorías Undurraga S.A., creada tres años antes por Jaime Undurraga Matta.
La obtención de estos derechos tomó más tiempo que lo normal. Varios de ellos comenzaron a tramitarse en 1995 y la resolución de la Dirección General de Aguas, que finalmente sancionó a favor de Wachholtz y sus socios la propiedad de esas aguas, recién fue expedida a fines de 1999. Había motivos para ello. El caudal solicitado en las diferentes solicitudes ingresadas a la DGA era gigantesco.
A petición del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el 4 de julio de 1996 el entonces presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Alejandro Jadresic Marinovic, consultó a la Comisión Preventiva Central Antimonopolios (organismo antecesor del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia), sobre la conveniencia de proceder favorablemente con la solicitud.
“La Comisión Preventiva Central Antimonopolios recomendó a este servicio (MOP) que, en virtud de las atribuciones de carácter preventivo que le otorga el D.L. Nº 211 de 1973, se abstuviera de aprobar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, mientras no esté en vigencia un mecanismo legal y/o reglamentario según corresponda, que asegure un adecuado uso de las aguas a menos que se trate de proyectos específicos de interés general que así lo justifiquen”, dice el texto.
La CNE requirió a los solicitantes entregar información respecto del uso de esos derechos. Wachholtz y los hermanos Undurraga Matta presentaron un proyecto hidroeléctrico (Proyecto Hidroeléctrico Central) compuesto por cuatro minicentrales con una potencia instalada total de 468.5 KW, la que sería inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC). El cronograma del proyecto consideraba tres años para la ejecución de las obras civiles, una vez terminado el estudio de factibilidad, obtenidos todos los permisos requeridos y adoptada la decisión de inversión:
“Dada la calidad del proyecto y la demanda energética proyectada para los próximos años, podemos asegurar un alto grado de concreción de proyecto”, manifestaba José Luis Undurraga en carta enviada al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.
Con estos antecedentes, la CNE estimó que la iniciativa sí podía ser considerada de interés general “toda vez que cumple con los requisitos para insertarse sin incidencias negativas en el desarrollo del mercado hidroeléctrico en particular y eléctrico en general”. El documento que sancionó la entrega a perpetuidad de los derechos de agua sobre el Río Valdivia a Wachholtz y sus socios obtuvo la firma de la Contraloría General de la República el 29 de octubre de 1999 (ver documento).
MILLONARIAS UTILIDADES
El 31 de diciembre de 2004 acudieron a la notaría de Hernán Barría Subiabre en San Fernando, Jorge Wachholtz Buchholtz y el ingeniero civil Roberto Aigneren Ríos. Este último, en representación de Hidroeléctrica La Higuera S.A., de propiedad de Pacific Hydro (perteneciente al fondo de inversión australiano IFM) y de la empresa estatal noruega SN Power.
No era la primera vez que Wachholtz y representantes de La Higuera S.A. se veían en una notaría. Dos años antes, en octubre de 2002, se habían reunido en Santiago en las oficinas del notario Patricio Zaldívar Mackenna para firmar una promesa de compra y venta de agua. Entonces, La Higuera S.A. era aún un proyecto en ciernes y la compra quedó sujeta a la aprobación por parte de la autoridad ambiental y energética de los permisos correspondientes para operar.
Para el último mes de 2004, el proyecto ya contaba con luz verde. Había llegado el momento de liquidar la promesa. La transacción fue suculenta. Wachholtz cedió todos sus derechos sobre el Río Tinguiririca (en total 146,6 m3/seg.) a La Higuera a cambio de US$7.250.000, lo que fueron pagados de una vez. El agua que Wachholtz había acumulado durante 20 años en sucesivas solicitudes hechas al Estado encontraba finalmente comprador (ver documento).
Un año después de concretada la transacción, Jorge Wachholtz aumentaría el capital de una de sus sociedades familiares -Inversiones Wacco Limitada- en US$4,8 millones de dólares (equivalentes a $2.600 millones según valor de cambio de diciembre de 2005).
La venta de otros derechos de agua, esta vez en Valdivia, seguiría en 2006 el mismo modelo de venta a La Higuera. En marzo de 2006, Wachholtz, Andelco y Asesorías Undurraga S.A. lograron amarrar una venta por US$12 millones de un caudal de agua equivalente a 160 m3/seg. Fueron los mismos derechos que habían estado bajo la lupa de la Comisión Preventiva Central Antimonopolios y del MOP y que le habían sido entregados a Wachholtz para la construcción de “un proyecto de interés nacional” que nunca vio la luz.
En esta nueva transacción de agua, comprador y vendedor ya se conocían. El comprador fue SN Power, la que junto a Inversiones Totoral impulsaba el proyecto hidroeléctrico Trayenko S.A.
TrayenkoS.A. hizo un pago inicial y en efectivo de US $2.400.000 a Wachholtz y sus socios. Pero la venta además, comprometió el pago de otros US$2.400.000 condicionado a la aprobación del proyecto en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con un plazo límite de 25 años. Otros US$7.200.000 quedaron sujetos a la obtención de la concesión eléctrica por parte del Ministerio de Economía. Así lo detalla la escritura de compra y venta firmada en la notaría de Eduardo Avello el 3 de marzo de 2006.
En enero de 2007, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad dependiente del Ministerio de Economía, resolvió otorgarle a Trayenko una concesión provisional por un plazo de dos años para evaluar la factibilidad del proyecto.
Las millonarias ventas de agua realizadas por Wachholtz en 2004 y 2006 se hicieron justo antes de que entrara en vigencia la Ley Nº 20.017, promulgada en 2005, la que obliga a quienes acumulan agua y no la utilizan a pagar una multa. Ello con el fin de desincentivar el acaparamiento y la especulación.
En el trascurso de los años siguientes, el proyecto se complicó, principalmente por oposición de al menos nueve comunidades mapuche asentadas en la zona cuyos terrenos estaban bajo amenaza de quedar inundados. SN Power traspasó los activos del proyecto hidroeléctrico Trayenko a Centinela, empresa propiedad del empresario Gustavo Pavez. Así lo informó La Tercera en abril de 2011 (ver nota). En octubre de 2012, revista Qué Pasa informó que el empresario argentino Eduardo Eurnekian (su fortuna está avaluada en US$1.900 millones, según Forbes) era el nuevo dueño del proyecto, rebautizado como Hidro Aconcagua, tras adquirir los respectivos derechos de agua (ver reportaje).
Pese al cambio de dueño que ha experimentado el proyecto, los derechos de agua involucrados volvieron a Wachholtz y sus socios. Y ello porque una de las cláusulas del contrato de compra y venta que firmó SN Power fue taxativa al señalar que en caso de que quisieran deshacerse del proyecto y revender los derechos de agua, la primera opción de compra la tendrían los propietarios iniciales. Para ello se fijó un precio de recompra muy inferior al monto de la venta inicial: US$100.000 (alrededor de $50 millones).
Un alto ejecutivo de los actuales propietarios, Hidro Aconcagua, confirmó lo anterior y señaló a CIPER que los derechos de agua de Eurnekian fueron comprados a Wachholtz y los hermanos Undurraga. Sobre el monto de esa transacción hay absoluta reserva.
Fuentes ligadas a movimientos ambientalistas y a medios de prensa locales, señalaron a CIPER que el proyecto hidroeléctrico se encuentra paralizado y el rumor es que nuevamente está en venta, lo que fue desmentido por el ejecutivo de Hidro Aconcagua.
CIPER intentó comunicarse con Jorge Wachholtz para consultarle sobre sus derechos de agua y sobre cómo se saldó finalmente la deuda de Trayenko, pero éste se excusó de responder señalando que no daba entrevistas.
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
Luego de deshacerse de gran parte de sus derechos de agua y obtener millonarias ganancias con su venta, Jorge Wachholtz inició en noviembre de 2006 estudios de factibilidad para instalar dos minicentrales hidroeléctricas en San José de Maipo. Las sucesivas ventas no habían incluido aquellos dos derechos por 2.000 lt/seg. sobre el Río Maipo.
Hydrowac y Compañía Limitada, la empresa creada por Wachholtz para “la compra, venta, permuta o enajenación de cualquier título de aprovechamiento de agua y para la ejecución material de los proyectos necesarios para el aprovechamiento de dichos recursos”, había solicitado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles los permisos correspondientes para ingresar a los predios donde se proyectaban las centrales. Para ello se le otorgó una concesión por dos años.
Pero al cabo de este periodo, la concesión no se renovó. Uno de los terrenos donde Hydrowac planeaba realizar excavaciones y obras -de propiedad de la ecologista y activista social Sara Larraín– fue declarado en 2008 “Santuario de la Naturaleza” por el Consejo de Monumentos Nacionales. Fue la misma entidad dependiente del Ministerio de Educación la que pidió a la SEC no renovar la concesión con el fin de respetar el carácter del predio (ver documento). Así, el proyecto que alguna vez fue calificado por el mismo Wachholtz como un “tesoro familiar” en El Mercurio (ver nota), quedó sepultado.
La otra iniciativa de Wachholtz en el negocio de la generación eléctrica es Hidroeléctrica Las Flores, ubicada en la Provincia de Ranco, Región de Los Ríos. Para ello, a través de Hydrowac, Wachholtz solicitó a la DGA 5.000 lt/seg. en diciembre de 2010, los que aún estarían en trámite. Al año siguiente, el proyecto obtuvo $76,5 millones de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para el desarrollo de “estudios de preinversión”. El proyecto aún no ha sido ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, aunque sí se han realizado movimientos de tierra en el lugar (ver aquí).
El balance que registra el paso de Jorge Wachholtz por el mercado del agua transando derechos obtenidos gratuitamente del Estado, no es nada despreciable. Sólo la suma de las ventas de esos derechos que CIPER pudo rastrear superan los US$10 millones. Para el empresario que se inició en los ’70 con una importadora y distribuidora de whisky (“Importadora Diwac, Cía Limitada”), este ha sido por lejos el negocio que le ha reportado más ingresos.
El misterioso nexo de Lacalle con Undurraga Matta
El ingeniero Hernán Lacalle Soza (DC), fue un importante funcionario público bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Primero como director de DIRINCO (Dirección de Industria y Comercio) y luego, entre 1968 y 1970, como subsecretario de Economía. Una vez ocurrido el Golpe de Estado (1973), se le encuentra como subgerente de “Inmobiliaria Cuatro de Septiembre Limitada” (1983), empresa de propiedad del empresario José Luis del Río (uno de los fundadores de la DC y de holding Dersa) y de Andrés Donoso (ministro de Frei Montalva).
A pesar de que Lacalle Soza falleció en diciembre de 2006, su nombre se mantiene en la lista de los mayores propietarios de agua no consuntiva en Chile, según un ranking publicado por la Dirección General de Aguas en febrero de 2013. Allí aparece en el lugar Nº 20, con un caudal equivalente a 220 m3/seg. La propiedad de ese derecho la comparte con otras dos personas: Natalio Sermini Ríos (ingeniero civil) y el abogado José Luis Undurraga Matta, quien actuó como el socio de Jorge Wachholtz en las múltiples solicitudes de agua que posteriormente fueron vendidas a Trayenko.
La relación entre Lacalle y Undurraga se remonta a los años 70, cuando ambos constituyeron (junto a Luis Cox Lira) la sociedad “Consultores Asociados Electroandina Limitada”, cuyo objeto era “la consultoría y servicios profesionales a terceras personas dentro del campo del servicio eléctrico”.
Los derechos de agua que actualmente ubican a Lacalle, Sermini y Undurraga entre los mayores propietarios de agua no consuntiva en Chile, fueron obtenidos en mayo de 1984. Fue entonces cuando la DGA les entregó dos títulos sobre los ríos Enco y San Pedro (Valdivia) por 220 m3/seg. y 270 m3/seg., respectivamente. El agua, según apuntaron en la petición, se destinaría a la generación eléctrica a partir de la construcción de dos centrales: “Central Río Enco” y “Central Río San Pedro” (ver documento).
Cuatro años antes, en octubre de 1980, Lacalle, Undurraga y Sermini habían presentado otra solicitud para constituir un derecho de agua por 32 m3/seg. sobre el Río Queuco (Región del Biobío). La DGA no les entregó el derecho.
Fuente: www.ciperchile.cl
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