Las bancadas de diputados de la oposición se reunieron para analizar los argumentos de una acusación constitucional contra el Mandatario por los Pandora Papers, y acordaron instalar una comisión de expertos para revisar los argumentos jurídicos que podrían viabilizarla. Los hechos que se pusieron en la mesa fueron los negocios en paraísos fiscales y la «tercera cláusula», que ocurrieron antes de que Sebastián Piñera arribara a la Presidencia. El Partido Comunista promueve, además, que se incorpore la inacción y negligencia del actual Gobierno, al no firmar el decreto que establecía como Área Marina Protegida a un sector costero de La Higuera, lo que –a juicio de la colectividad– «va en contra de la Constitución y las Leyes». En esa reunión no asistió la bancada DC, y solo lo hizo el diputado Gabriel Silber, quien ha manifestado su disposición a llevar adelante esta herramienta. El diputado Matías Walker, por su parte, es partidario de un proceso gradual, que empiece con una nueva comisión investigadora y luego, si es que existen argumentos, promover una acusación constitucional. La primera comisión investigadora del 2017 tuvo entre sus integrantes a los actuales candidatos presidenciales Yasna Provoste y Gabriel Boric.
La controversia ética entre el Presidente Sebastián Piñera y sus negocios no es nueva, y ha sido una especie de sombra constante en sus dos periodos presidenciales: el caso Enjoy, sus lazos con inmobiliarias cuyos edificios resultaron dañados en el terremoto del 2010, su resistencia a vender Latam y Chilevisión, sus fideicomisos incompletos, el escándalo de Exalmar y minera Dominga, son algunos ejemplos. Esta última ha sido una de las piedras en el zapato del Mandatario en sus dos administraciones, tanto por sus lazos económicos con la minera, que deshizo el 2010, como por la posible influencia que pudo tener en su Gobierno en el proceso de aprobación del proyecto minero.
El nuevo impulso que volvió a poner en entredicho al Presidente lo dio Pandora Papers, una verdadera caja de pandora de información referente a negocios en paraísos fiscales británicos realizados por artistas y líderes mundiales, entre los que está el Jefe de Estado y su familia. Según Ciper y LaBot, que ventilaron los detalles de los movimientos de la familia presidencial con la venta de acciones de Minera Dominga a uno de sus amigos cercanos, Carlos Alberto Délano, fue en diciembre del 2010 cuando la familia Délano compró la participación de todos los otros socios de Minera Dominga por la suma de US$ 152 millones, que incluyó las acciones de la familia Piñera Morel. Parte de dicha operación se realizó en Chile (US$14 millones), pero la transacción mayor fue en las Islas Vírgenes Británicas por US$138 millones, que se pagarían en 3 cuotas, estando la última sujeta a que no se cambiaran las reglas del juego para el proyecto. De ahí es que resurgieron las dudas de cuánto pudo influir el Mandatario en el camino de aprobación de este proyecto.
El caso evocó un puntapié inicial que se dio el 2017, cuando Biobiochile dio las primeras luces de esta relación económica entre el Presidente Piñera y la empresa minera, y que dio paso a que en marzo del 2017 se instalara en la Cámara de Diputadas y Diputados la «Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades, errores o vicios en actuaciones de funcionarios públicos en relación al proyecto minero Dominga, en la Región de Coquimbo», cuyas conclusiones se entregaron en septiembre del mismo año. Estuvo presidida por el diputado socialista Raúl Saldívar (PS) y entre sus integrantes estaban también los actuales candidatos presidenciales Yasna Provoste y Gabriel Boric. El abanderado de Apruebo Dignidad no acudió a ninguna de las sesiones, mientras que otros parlamentarios tuvieron una escasa presencia también en el espacio.
La misión que se le dio a esa instancia fue «recabar antecedentes sobre las actuaciones del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, la Subsecretaría de Minería y el Servicio de Impuestos Internos, en relación con las inversiones realizadas por el grupo económico Mediterráneo Fondos de Inversión Privado en la empresa Minera Activa Uno SpA, en la época en que era socia en Minera Andes IronSpA, para el proyecto Dominga, así como también respecto de eventuales irregularidades en la fiscalización de las operaciones y autorizaciones respectivas, y de los impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Chile».
La conclusión tajante de la comisión, además de descartar presiones políticas en el rechazo del proyecto Dominga en el Gobierno de Michelle Bachelet, fue que «la información vertida ante esta comisión por el Director del S.I.I. permite, a lo menos, fundar presunciones, de que Sebastián Piñera buscó ayudar a Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”.
«Una lucecita pestañeando»
Si bien la idea de la comisión especial investigadora incluía, en sus inicios, la idea de despejar los lazos de la familia Piñera con Dominga, posterior a la venta de acciones, la instancia debió centrarse más bien en la arista medioambiental. Y así lo recordó el presidente de dicha comisión, Raúl Saldívar (PS), quien acusó falta de antecedentes para llevar adelante esa arista.
«El tema quedó ahí pero dejó una lucecita pestañeando respecto a que algo extraño había, y si esto lo asociábamos a Barrancones y el trayecto que traía del conjunto de transacciones, nos hacía pensar que algo no estaba bien. Nos daba la impresión de que el Presidente a través de su familia seguía teniendo acciones y, en consecuencia, seguía teniendo intereses. Esa era nuestra principal inquietud a despejar, pero no logramos tener a la mano suficientes antecedentes. Tuvimos que concentrarnos y poner el foco esencialmente en el tema ambiental y especialmente en la comisión de Evaluación Ambiental que denegó la posibilidad de que el proyecto continuara».
Si es que se hubiesen incorporado estos datos, el parlamentario cree que se habría creado una comisión derivada centrada en esta arista en especial, o «si fueran tan concluyentes los antecedentes serían derivados directamente al Fiscal Nacional, y al mismo tiempo puestas en conocimiento en un informe en la Cámara de Diputadas y Diputados para ver qué camino seguir».
Las sospechas de un ocultamiento de información estuvieron presentes en varios parlamentarios de ese espacio, lo que pudo impedir mayores acciones derivadas de dicha comisión. El diputado Daniel Núñez (PC) enfatizó que «hubo una acción deliberada por esconder información para que no pudiéramos conocer toda la verdad cuando se constituyó la comisión investigadora por este caso. No es sólo el Presidente el que ocultó información, es todo el clan Piñera y sus operadores de negocios quienes ocultaron la información. Perfectamente el administrador de Bancard, Noguera, que no quiso ir a la comisión, nos pudo haber dicho que esto se hizo en paraísos fiscales. El problema es que Piñera mueve sus negocios en esta zona gris, donde es casi imposible saber quién hizo las ventas, quién hizo el negocio».
La falta de respuestas es lo que también destacó la entonces diputada y hoy senadora y abanderada presidencial, Yasna Provoste (DC), quien apuntó a que de haber tenido estos antecedentes habrían sido distintas las conclusiones de esa comisión. «Claramente, de haber sabido que un gran negocio de la familia Piñera dependía del desarrollo del Proyecto Dominga, incompatible con Barrancones, las conclusiones habrían sido muy distintas, yendo más allá que solo determinar que hubo un actuar arbitrario».
Entre sus intervenciones, Provoste recordó haberle preguntado al exsubsecretario de Medioambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera por qué hubo diferencias entre los proyectos Barrancones y Punta Alcalde, rechazándose uno y aprobándose el otro. «Esas preguntas nunca fueron respondidas. Claramente faltaba una pieza del puzzle, que eran los intereses del Family Office del Presidente Piñera y la cláusula de que Dominga debía ser viable bajo la actuación administrativa de los órganos encargados de la protección Medio Ambiental. Estos antecedentes, que son nuevos al menos en el contexto de la Comisión Investigadora de la cual fui parte, dejan de manifiesto que acá existían dos prismas distintos a la hora de evaluar los proyectos con impacto ambiental evidente por parte del Presidente y su Consejo de Ministros», agregó la senadora.
La eterna encrucijada opositora de la acusación constitucional
Ha sido una espada de doble filo para la oposición y al menos en el último periodo no ha tenido buenos resultados. Hasta ahora el amplio espectro de la centroizquierda e izquierda no han logrado alinearse tras el mecanismo de la acusación constitucional que estos días resurgió con fuerza en el Congreso, como una forma de responder ante el escándalo que generó el Pandora Papers, y en especial la cláusula que en parte condicionaba el tercer pago de las acciones vendidas por la familia Piñera a Carlos Alberto Délano.
Ayer, los comités de diputados de la oposición se reunieron y acordaron instalar una comisión de expertos para evaluar los argumentos jurídicos para aplicar esta medida. Acudieron desde el Frente Amplio, el PC, a Nuevo Pacto Social. La bancada DC en principio no asistía, pero llegó a la reunión el subjefe de bancada, Gabriel Silber, quien abiertamente está por aprobar una acusación constitucional. El parlamentario dijo que «los hechos son de tal gravedad que estamos estudiando el mérito, pero queremos que este comité de expertos que va a convocar la oposición nos precise si estos hechos alcanzan los términos del articulo 52 de nuestra Constitución». Entre los puntos que se estarían evaluando está la prescripción y por ser hechos anteriores a su mandato.
Pero además hay un argumento esgrimido por el diputado Nuñez, en términos de un asunto ocurrido en la actual administración del Presidente Piñera: durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, el 2018, el Consejo de Ministros aprobó establecer un Área Marina Protegida en La Higuera, donde el punto pendiente fue acordar el mapa, por lo que su decreto final pasó a manos del actual Gobierno, el que finalmente concretó. «Acá hay una omisión negligente, absolutamente liderada, que es una infracción abierta a la Constitución y las leyes, porque para favorecer negocios privados de sus amigos y de los cuales también se han beneficiado sus hijos y él mismo, no firmó el decreto para establecer algo que ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros, como era el Área Marina Protegida. Esa es una situación gravísima», dijo el parlamentario.
El punto ciego hasta ahora para dar luz verde a la acusación estaría en la Democracia Cristiana, que se reunió durante las últimas horas para tomar posición sobre las acciones de la oposición en la materia. En la previa, el diputado Matías Walker se mostró partidario de no apurar el uso de este mecanismo y concentrarse en la instalación de una nueva comisión especial investigadora. «Si bien hay reportajes de la época del año 2017 que efectivamente mencionan las circunstancias de esta cláusula, yo creo que es fundamental crear una nueva comisión especial investigadora que pueda indagar 3 cosas: primero, si el Presidente conocía las circunstancias de este contrato de compraventas; si efectivamente estos activos formaban parte de este fideicomiso ciego que administraba sus bienes; y en tercer lugar si hubo alguna acción de su Gobierno antes de que se concretara el pago de esa tercera cuota».
«Soy partidario de un escalamiento de los medios de fiscalización. La acusación constitucional es siempre la última ratio dentro de nuestro ordenamiento jurídico, para ver si una vez acreditadas responsabilidades en alguno de estos aspectos hay antecedentes para proseguir con las otras facultades fiscalizadoras. No hay que apresurarse”, dijo Walker, quien recordó que se puede acudir a una acusación constitucional hasta 6 meses después de que el Mandatario deje el cargo.
Las recomendaciones de Chile Transparente
Con una aprobación bajísima y una desaprobación muy alta, el Presidente Sebastián Piñera atraviesa una cuerda floja. La complejidad es política y de imagen, según el director de Chile Transparente, Alberto Precht, quien apuntó a una afectación del discurso público, a las instituciones y en especial porque el tema Dominga es uno que aún no está completamente zanjado.
«Le pediríamos al gobierno que retomara el proyecto que le presentamos después del estallido social en cuanto a generar un registro público de beneficiarios finales y dar señales importantes de la independencia de los órganos de resolución ambiental, quitándole estas capas políticas que pueden ser complejas, y en el caso del SII dotándolo de mayor autonomía para que su director no sea dependiente del gobierno de turno», dijo respecto a las medidas que se pudieran tomar para hacer frente a estas situaciones. Sumó, además, el llamado a terminar con los paraísos fiscales, dado que «por muy lícitos que puedan ser algunos de los negocios que ahí ocurran, debido a la facilidad que dan para negocios ilícitos, estas jurisdicciones deberían desaparecer».
Fuente: El Mostrador