El gobierno expulsó este jueves a 120 inmigrantes, principalmente venezolanos y colombianos, en un vuelo chárter, esta es la mayor operación de deportación de este año en el marco del plan para desalentar la migración irregular.
«Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados«, señaló Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Migraciones.
Según la información oficial, la mayor parte de los deportados eran ciudadanos venezolanos, más de 70. Las razones de la expulsión fueron por no haber entrado al país de forma regular o haber cometido crímenes como el tráfico de migrantes, robo con intimidación o hasta homicidio.
Más de 800 personas han sido deportadas este año en siete vuelos distintos. Esto debido a la nueva ley de migración que es más estricta y que fue promulgada en abril bajo el lema de «ordenar la casa».
El plan pretende expulsar del país a cerca de 1.500 personas en 2021 y obligar a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen antes de pisar territorio nacional.
MIRADA INTERNACIONAL
Las expulsiones recibieron duras críticas de diversas organizaciones pro migrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Naciones Unidas, que alertaron de graves violaciones a los Derechos Humanos de los extranjeros.
Desde HRW denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o a abogados, y la separación de familias, entre otros.
La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un «procedimiento contencioso administrativo insuficiente», pero en casi todos los casos la anulación llegó posterior a la deportación.
Desde el oficialismo señalaron que en los últimos meses han afinado y concretado con la suprema los criterios y protocolos de expulsión, y aseguraron que solo aplicaran la nueva ley de migración.
Los expertos, en tanto, señalaron que el endurecimiento de fronteras puede desembocar en un aumento de personas que cruzan por pasos no habilitados, como se ha dado en los últimos meses en la zona norte del país, que ha vivido una fuerte crisis por la entrada de miles de personas indocumentadas.
Varias ciudades fronterizas estuvieron al borde del colapso en septiembre y octubre. Además, se produjeron varias marchas y disturbios contra la migración.
Se estima que en el país actualmente residen cerca de 1,4 millones de migrantes -lo que equivale al 7 por ciento de la población-, la comunidad venezolana es la más numerosa con cerca de 450.000 personas, seguida por la peruana y la haitiana.
Fuente: Cooperativa