Nuevos reparos surgieron ayer al diseño del gobierno para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) que se tramita en el Congreso. A los cuestionamientos de parlamentarios de oposición, se sumó un informe del Consejo Fiscal Autónomo (que desde 2019 reemplaza al Consejo Fiscal Asesor y entre cuyas misiones está evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas) que insta al ministerio de Hacienda a buscar nuevas fórmulas para allegar recursos.
“Lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU”, dice el documento, apuntando a la necesidad de revisar algunas de las fuentes de financiamiento establecidas por el Ejecutivo, en especial las provisiones asociadas a la Reforma Previsional incluidas en la Ley de Presupuesto de 2022 y el redestino de una parte de los aportes al Fondo de Reserva de Pensiones.
El texto también sugiere hacer una proyección fiscal en un horizonte de al menos 50 años y no los 30 que considera la fórmula de Hacienda, como asimismo plantea la necesidad de que el proyecto de exenciones tributarias (otra de las fuentes de financiamiento) entre en vigor antes, o al mismo tiempo, que la PGU.
Las observaciones del consejo presidido por Jorge Desormeaux se dan en un momento en que diputados de oposición impulsan una indicación al proyecto de exenciones tributarias del gobierno para crear un impuesto al patrimonio.
Y si bien en el Senado legisladores de centroizquierda miran con recelo este gravamen a los súper ricos, también advierten que no estarán disponibles para aprobar la Pensión Universal sin un financiamiento claro y transparente.
“La pensión básica es importante aprobarla, pero tan importante como eso es saber cómo se financiará, y eso no está claro todavía”, dijo ayer el senador de la DC Jorge Pizarro. Lee más de esta historia.
Fuente: La Tercera