El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, presentó un recurso de protección que busca suspender la adjudicación de la licitación pública de los yacimientos de litio del país.
En la acción judicial presentada en contra del ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de la misma cartera, Edgar Blanco, se alude a una serie de garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
«El recurso litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas, el litio está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso», planteó Vargas.
La autoridad regional añadió que «lo que hay en esta licitación que inició la actual administración es precisamente una falta de consenso, porque lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, con investigación para las regiones y el país».
Junto a esto, se solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó decretar una orden de no innovar, con el fin de suspender provisionalmente el proceso de selección y adjudicación de los oferentes, mientras se resuelva el recurso.