Las tratativas entre partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático por un acuerdo de reformas a la propuesta constitucional –que también incluirá compromisos en torno a cómo se implementan los artículos a través de leyes y aclaraciones–, vivieron sus horas finales durante esta madrugada, momento en que se alcanzó el acuerdo. El documento final se conocerá a las 11:30 Sin un interlocutor claro, y con el Gobierno fuera de la discusión, el flujo de las conversaciones dificultaron aspectos donde hasta anoche no había mayor consenso, como fue la reelección del Presidente de la República y la supresión de la iniciativa parlamentaria de gasto fiscal con patrocinio del Mandatario, cuyos principales defensores son el Frente Amplio y el PC. En lo que sí estuvieron de acuerdo fue en modificar la composición del Consejo de la Justicia; precisar el consentimiento indígena dentro de situaciones como desplazamiento e instalación de empresas en sus territorios –para que no existan dudas de que resulte necesario este elemento para realizar reformas constitucionales–; establecer el marco de acción de la justicia indígena, limitando su acceso al área penal y estableciendo los factores de competencia de los jueces indígenas; y reponer el Estado de Excepción de Emergencia.
Después de intensas conversaciones privadas, el acuerdo entre los partidos del oficialismo para impulsar una serie de reformas a la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo, llegó a su fin esta madrugada. Luego de que cada sector mostrara sus cartas, y una vez que decidieran que esta fuera una decisión partidaria, sin la articulación de ningún representante del Gobierno, avanzanzaron en consensos –en algunas materias más que en otras– después que el PC retrocediera de su posición inicial contraria a las modificaciones y decidiera, finalmente, sumarse al acuerdo. Según lo que explican desde la interna, las materias consensuadas –al menos parcialmente– serían reformas constitucionales e implementación de artículos a través de leyes y aclaraciones.
En medio de estas negociaciones, y durante su gira por la Región de Los Lagos, el Presidente Gabriel Boric este martes dio garantías de la implementación del eventual acuerdo. Al respecto, el Mandatario señaló que «hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los cuales haya dudas en la implementación, como otros del proyecto constitucional que se pueden mejorar”. Una declaración que ocurre en el contexto del trabajo contra reloj de las diferentes tiendas políticas que integran Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que se autoimpusieron esta semana como plazo para entregar las propuestas de reformas, que serán recibidas por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por el ministro Giorgio Jackson.
Si bien no ha existido un actor determinado que ejerza como articulador de estas conversaciones –que, según dicen, han sido bilaterales entre los diferentes representantes de partidos de cada una de las coaliciones, por separado–, se ha conseguido avanzar en ciertos acuerdos, que cuentan con el consenso de los timoneles de ambas coaliciones de Gobierno.
Precisamente, este lunes en el Comité Político –la tradicional reunión en La Moneda con los representantes de los partidos oficialistas–, de acuerdo con lo que relatan algunos presidentes de partido, una persona por parte del Gobierno consultó el estado de las conversaciones en torno a la propuesta de reforma constitucional o de leyes, frente a lo cual uno de los representantes de los partidos respondió que no tocarían ese tema en dicha instancia, por acuerdo entre los diferentes conglomerados.
La decisión respondió a distintas razones. Una de ellas, aseguran en la interna de Socialismo Democrático, es que esta propuesta es «una cuestión de partidos, los ministros no tienen un rol en el Apruebo», mientras que, por parte del Frente Amplio, cercanos a las conversaciones puntualizaron que se busca «proteger al Gobierno y respetar la prescindencia», para no ponerlo en apuros.
Ahora bien, según detalla una fuente que ha participado de este proceso, hay concordancia en algunas reformas a la propuesta constitucional, tales como modificar la composición del Consejo de la Justicia; precisar el consentimiento indígena dentro de situaciones como desplazamiento e instalación de empresas en sus territorios –para que no existan dudas de que resulte necesario este elemento para realizar reformas constitucionales–; establecer el marco de acción de la justicia indígena, limitando su acceso al área penal y estableciendo los factores de competencia de los jueces indígenas; y reponer el Estado de Excepción de Emergencia.
Pero también ha habido trabas, que han demorado el avance del diálogo al interior del oficialismo, donde la ausencia de un interlocutor podría ser un factor determinante. Los principales puntos de conflicto son: la eliminación de la reelección del Presidente de la República y la supresión de la iniciativa parlamentaria de gasto fiscal con patrocinio del Mandatario. Ambos aspectos, que son defendidos por una buena parte de Apruebo Dignidad –principalmente el PC y el FA–, para Socialismo Democrático resulta indispensable incluirlos en el acuerdo. Según detallan desde este último sector, «ambas cosas pueden generar políticas populistas, y a lo mejor es algo que no es tan visible para la opinión pública, pero para nosotros es importante en términos de la gobernabilidad”.
Ahora bien, este documento que incluirá una lista de reformas constitucionales y acuerdos de implementación de la propuesta de nueva Carta Fundamental, desnuda una realidad que reconocen los propios presidentes de partidos que han participado de la discusión. La mayor parte de los puntos que se considerarían en este acuerdo, corresponden a materias estrictamente vinculadas al sistema político o judicial –las que han sido el eje del diálogo en esta última etapa del proceso constitucional y que ha quitado el foco a lo que se refiere a derechos sociales–, sin embargo, fuentes al interior de las conversaciones afirman que la propuesta también intentará clarificar ciertos «miedos» en torno a su implementación. Aclaraciones sobre las que existe mayor acuerdo.
Hasta ahora, y según fuentes cercanas a las conversaciones, se ha manifestado que se buscará clarificar temas como la vivienda propia, heredabilidad de los fondos previsionales y la mantención de los colegios particulares subvencionados. La pregunta es en relación a si las reformas planteadas le preocupan a la ciudadanía o, más bien, son de incumbencia de los actores políticos. Esto, considerando que de acuerdo al último sondeo de Data Influye, un 52% de los chilenos está por hacer cambios a la propuesta constitucional y un 46% prefiere que estos se discutan después del plebiscito de salida.
En ese sentido, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Flavia Torrealba, dijo que «los ajustes que hay que hacer son de interés más bien de los partidos políticos, y la gente está lejos de esta conversación, porque lo que le interesa a la ciudadanía ya está ampliamente acordado, que son los derechos sociales. Nadie se ha puesto a discutir sobre aquello, y ni siquiera la gente del Rechazo está discutiendo los capítulos que se refieren a los derechos sociales –que son un tercio de la nueva Constitución–. Entonces, yo creo que es natural este involucramiento de los partidos y de los diferentes sectores políticos, y que la gente no esté interesada en esta discusión. Por lo tanto, sencillamente es una conversación de estructuras partidarias relacionadas con el sistema político”.
Al respecto, desde Socialismo Democrático, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, va más allá y señala: «¿Para algún ciudadano le es indiferente la reelección de Presidente? Puede ser. Pero los partidos tenemos la responsabilidad de contribuir a la gobernabilidad. Que eso es importante para el país. Un país que tiene mejor gobernabilidad tiene crecimiento y paz social, donde los partidos sí somos responsables de contribuir. El clivaje aquí no son los temas que le importan a la ciudadanía o no, sino más bien qué temas impactan a la ciudadanía o no”.
Por su parte, desde la misma coalición, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, agregó que «los partidos políticos representamos a la ciudadanía. Las temáticas son las que la gente pone en la calle. Esta no es una lista de supermercado, son grandes temas sobre los que hemos captado que la ciudadanía tiene interés en que sean corregidos o, más que corregidos, revisados. Esta no es una propuesta de proyecto de ley sino que simplemente es manifestar voluntad política”.
El origen de la propuesta, y reparos del PC
Según detallan desde el interior del oficialismo, los principales promotores de este acuerdo de reformas, previo al plebiscito del 4 de septiembre, son dos partidos, uno de cada coalición. Por un lado, desde Socialismo Democrático, fue el PPD el que comenzó a gestar la conducción de este proceso, presentando una propuesta sobre la cual se ha desarrollado toda la línea de acción de este sector que también integran el PS, el PL, PR y NT. El partido fundado por el ex Presidente Ricardo Lagos fue el impulsor de la opción «Apruebo para mejorar», que incluyó puntos específicos de reformas que han sido utilizados como base de estas conversaciones.
Precisamente, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, dijo que «nosotros lo que estamos haciendo no es una cocina ni nada que se le parezca. Nosotros respetamos y valoramos el trabajo de la Convención, pero nos hacemos cargo de lo que ha planteado la ciudadanía a través de encuestas y focus groups, respecto de que hay temas que no quedaron bien cerrados y que la ciudadanía puede tener legítimas dudas o incluso miedos, como en el tema plurinacional. No creo que sea desde la discriminación, sino que no se entiende cómo se quiere explicitar el tema de la plurinacionalidad. Nos hacemos cargo de lo que ha planteado la ciudadanía y ponemos deslindes a ciertos temas que la ciudadanía ha relevado que le inquietan, en la mirada de que, al disipar esas legítimas dudas, estén por el Apruebo (…). Ese es finalmente el rol de los partidos: canalizar la inquietud de los ciudadanos frente a la institucionalidad o al poder”.
Por su parte, en Apruebo Dignidad las conversaciones han tenido mayores complejidades, principalmente porque hay actores inclinados por el Apruebo a secas y que, en un principio, se resistían a modificar la propuesta de nueva Constitución. Dentro de ese escenario, el FREVS fue una de las voces convocantes a avanzar en un acuerdo de reformas y, además del PPD, fue el único partido que presentó un documento formal de modificaciones, que incluyen: eliminar la reelección presidencial, limitar leyes de gasto fiscal con exclusividad del Ejecutivo, reformular propuesta de sistema judicial, reponer Estado de Excepción de Emergencia, explicitar la heredabilidad de los fondos previsionales, y eliminar el consentimiento por medio de consulta indígena para reformar la Constitución.
Mientras tanto, el Partido Comunista (PC) ha sido apuntado como el principal foco de resistencia a este acuerdo de reformas, después de las declaraciones de su timonel, Guillermo Teillier, quien este domingo dijo –en una entrevista en Radio Nuevo Mundo, propiedad de su colectividad– que «no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución». Además, Teillier agregó que, a su juicio, el término correcto era «perfilar», y acusó que aquellas tiendas oficialistas que impulsan el Apruebo para reformar, «llevan agua al molino de la derecha». Una declaración que conflictuó el avance de las conversaciones y que, después de la presión ejercida por el Presidente Boric –quien garantizó la viabilidad del acuerdo–, obligó al PC a recular.
Al respecto, este lunes, el propio Teillier dijo a Radio Universo que se estaba intentando instalar a su tienda como obstáculo para el éxito del acuerdo de reformas. «Quieren ponerme de punta de lanza, no a mí, al partido, como que el partido va a cerrar las puertas a todo acuerdo. Y eso no es así. Desde un comienzo he dicho, estamos trabajando en privado y espero que pronto salga humo blanco», enfatizó el presidente del PC.
En ese sentido, agregó que «nosotros queremos perfilar mejor, en eso estamos. Ahora, ¿cómo eso se compatibiliza con otros que requieren, a lo mejor, reformas más profundas? No lo sé. Eso va a quedar expresado en el documento, porque un documento de esa naturaleza tiene que contar con la aprobación de todos y todas, porque no se le puede obligar a uno a firmar un documento en que no está de acuerdo o con una parte sustancial no lo está. Para llegar a acuerdos, a veces todos tenemos que ceder algo, un poquito».
En el Frente Amplio (FA), por su parte, sus propuestas están en el documento «Aprobar para Concretar», gestado en julio pasado, y que buscaba concordar acuerdos de implementación de los artículos a través de leyes, lo que no implicara cambiar el texto de nueva Constitución, sino que «anticipar qué se va a hacer cuando haya que escribir la ley que la Constitución mandata a crear», según señaló –en entrevista con El Mostrador este domingo– Francisco Arellano (Comunes), uno de los actores que estuvo presente en la elaboración de este borrador del FA.
La lista reunía compromisos en torno a salud, educación, pensiones, trabajo, seguridad, derechos de las mujeres, protección de los consumidores, prohibición para ejercer cargos públicos a condenados por corrupción, violencia intrafamiliar y otros, sanciones a los abusos en los mercados, vivienda, justicia y autonomía territorial indígena. Por ejemplo, en salud, se plantea que exista un seguro universal de salud, pero que las personas podrán elegir dónde atenderse al interior del nuevo Sistema Nacional de Salud, estando compuesto “por clínicas y hospitales públicos y privados”.
Finalmente, desde el FA han dicho que estarían dispuestos a comprometerse para reformas constitucionales, que aseguren ir un paso más allá de lo que son los compromisos de implementación, «a excepción de algunos temas sensibles de la Constitución como los que refieren a sistema político». Allí se encuentran asuntos antes mencionados, puntos que integrantes de Socialismo Democrático querrían eliminar de la nueva Carta Fundamental, si es aprobada, y que han catalogado de «neurálgicos» en la discusión, como la reelección de Presidente y la iniciativa de gasto fiscal de los parlamentarios con patrocinio del Mandatario.
Fuente: El Mostrador