El dinero debe servir y no gobernar

Por Ramón Briones y Hernán Bosselín/ Abogados

El debate público con motivo de los hechos relacionados con los casos Penta y Caval ha llevado a las autoridades del gobierno y a las coaliciones políticas de la Nueva Mayoría y de la Alianza a centrar su atención en lo relacionado con el dinero y la política. Incluso se hizo la designación de una comisión asesora por parte de  la Presidencia de la República. Ello lleva a hacerse la siguiente pregunta: las graves infracciones legales y delitos que se han cometido y que está investigando la Fiscalía, ¿son producto de un mal sistémico de todo el ordenamiento legal y económico?, ¿o bien obedecen a conductas abusivas y delictivas de personas determinadas que han violado  las normas legales en actual vigencia?

Pareciera que las autoridades políticas quisieran llevar el tema al terreno de una falla geológica de orden sistémico y que sólo mejorando la legislación  en diversas materias, el problema de fondo podría ser solucionado. Se habla del financiamiento de las campañas políticas por parte del Estado y de impedir que el poder económico pueda intervenir en estas últimas. Se trata de algo normativo sin hacerse cargo de la realidad  a la que se pretende aplicar la pomada legislativa mágica.

Lo cierto es que tal orientación pareciera no estar en el camino correcto, toda vez que existe una profusa legislación de orden penal que sanciona todos los ilícitos cometidos: la falsificación de instrumentos públicos y privados, la falsificación de boletas de honorarios, fraude civil y tributario, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito e indebido de los funcionarios públicos, el soborno y el  cohecho y demás infracciones se encuentran ya establecidas en nuestra legislación.

No se necesitan nuevas leyes. Que se cumplan las que están en actual vigencia. Que se sancione a los autores  de ilícitos penales. Que no se encubra la crisis política afirmando que es una situación producida por defectos del sistema legal. Eso no es  así. Lo que está sucediendo es que las normas legales no se cumplen porque los valores morales y principios se están perdiendo. Vivimos en una sociedad consumista y relativista, en la cual los principios y valores parecieran no tener importancia.

Lo que sucede es que tales normas se infringen por los actores políticos con motivo de las campañas y del financiamiento de las mismas. Se han presentado boletas de honorarios falsas, se han realizado conductas que revelan un evidente tráfico de influencias para obtener créditos bancarios. En todos estos casos se observa que los autores exhiben una falta completa de conciencia sobre la ilicitud de sus conductas, a las que califican de simples irregularidades o de errores. Otros manifiestan en público y en privado que las boletas de honorarios dadas para obtener dineros en las campañas electorales son conductas que todos hacen y, como todos las hacen, serían legítimas.

Desde la perspectiva anterior no se necesita una nueva institucionalidad que regule la vinculación del dinero con la política, sino que  es menester que las normas ya vigentes se cumplan. No es necesario crear una Superintendencia que fiscalice a los partidos políticos, ya que ello constituiría una grave invasión en esenciales organismos intermedios que, por naturaleza en una democracia, deben tener una amplia libertad en sus actividades, cumpliendo por cierto con las leyes.

La influencia del poder económico en la política, el verdadero problema que hemos denunciado desde hace más de veinte años, difícilmente se eliminará a través de una nueva normativa legal si no se enfrenta el problema de fondo que tanto las autoridades de gobierno como el mundo político, en relación con los hechos que se vienen comentando, han omitido: existe en nuestro  país una notable concentración económica. Todos los mercados se encuentran altamente concentrados. Diez grupos económicos concentran prácticamente la mayor parte de las actividades económicas. Lo anterior es además una de las debilidades para la proyección del actual sistema económico que es necesario corregir.  Hace mucho tiempo, con majadería incluso, que venimos sosteniendo que hay que introducir correcciones al modelo económico y social, ya que éste adolece de fallas que conducen, entre otros efectos, a una influencia notable del poder económico en la política.

El Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium sostiene que uno de los temas relevantes que deben abordarse es la idolatría del dinero: “No a la nueva idolatría del dinero. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su dominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano”.

La crisis política grave y de insospechadas consecuencias por la que pasa nuestro país tiene un fondo de orden moral y antropológico. El dinero se ha apoderado de todos. Es el que manda y la actividad política es seducida por el mismo. Más que nuevas leyes y  cambios de orden normativo se requiere una profunda revisión de los valores morales que están rigiendo en nuestra sociedad y el ejemplo debe partir de la máxima autoridad. Cuando se financian las campañas políticas a través de procedimientos ilícitos, no son errores ni excesos los que se han cometido, sino que se trata de un problema profundo de principios y valores. Las conductas ilícitas cometidas demuestran una falta completa de una conciencia sobre la ilicitud de los propios actos. Existe un problema ético relevante que no puede encubrirse mediante la creación de comisiones o de nuevas legislaciones. Con extraordinaria  firmeza el Papa Francisco expresa: “No  a un dinero que gobierna en lugar de servir. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera demasiado contraproducente, demasiado humano porque relativiza el dinero y el poder. Se le siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de las personas… una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico por parte de los dirigentes políticos a quienes  exhorto a afrontar este reto con determinación y visión de futuro… ¡el dinero debe  servir y no gobernar!”.

Si toda la dirigencia política y empresarial, tomara verdadera conciencia de las enérgicas recomendaciones que hemos reproducido, no sería necesario perderse en tantas propuestas de nuevas leyes, tal como si éstas pudieran inducir un cambio de conducta en los actores políticos reeditando una vieja aspiración positivista. Este cambio de conducta sólo llegará cuando exista una profunda autorreflexión que lleve al mundo político a entender que los valores que actualmente se están promoviendo son equivocados; que la lucha por el poder no puede ser despiadada, que el individualismo y el egoísmo deben ser sustituido por la solidaridad. Los partidos políticos son comunidades de hombres y mujeres libres que se asocian en aras del bien común. Modificar el estatuto de los partidos políticos, creando una superintendencia de los mismos y dando intervención del Estado en las actividades de éstos, solamente logrará configurar una nueva casta de funcionarios públicos de los partidos políticos financiados por el Estado. En Chile estamos llenos de superintendencias y órganos reguladores que con la lengua afuera apenas pueden seguir los pasos de los regulados. Si no cambian de conducta los regulados, no hay regulación posible.

No se necesitan nuevas leyes. Que se cumplan las que están en actual vigencia. Que se sancione a los autores  de ilícitos penales. Que no se encubra la crisis política afirmando que es una situación producida por defectos del sistema legal. Eso no es  así. Lo que está sucediendo es que las normas legales no se cumplen porque los valores morales y principios se están perdiendo. Vivimos en una sociedad consumista y relativista, en la cual los principios y valores parecieran no tener importancia.

La influencia del poder económico en la política es de antigua data y solo se podrá erradicar o atemperar abordando seriamente el tema de la concentración económica, provocando una desconcentración de los mercados más importantes, dándole a la economía un nuevo sentido, para que adquiera una mayor productividad que la haga crecer y beneficie a toda la comunidad. Si se promueve una legislación que desconcentre los mercados la influencia del poder económico en la política disminuirá y el riesgo de captura del poder político disminuirá.

Así, pues, con una reforma y actitud moral, que no necesita nuevas leyes sino otras conductas y con una desconcentración efectiva de los mercados se podrá lograr desvincular razonablemente el dinero de la política. Seguramente la reforma moral tomará tiempo. Se necesita que la dirigencia política, nueva y antigua, modifique en profundidad y con seriedad sus conductas públicas y privadas, privilegiando los altos valores morales y velando siempre por el bien común y no por  bastardos intereses personales. Habrá que morigerar el carrerismo político y la locura del poder. Si no hay reforma moral y un cambio de conducta, el sistema político perderá toda legitimidad. Una gran parte del país ha perdido la confianza en los políticos y las políticas. Esta pérdida de credibilidad es significativa e invade a toda la sociedad. Son pocos los que creen en los gobernantes, en los parlamentarios, en los empresarios. La fe pública se encuentra severamente afectada. Se requiere enmendar rumbos. Esto no se realizará por la vía de nuevas legislaciones. Es un problema de valores y actitudes. Estos se  encuentran dañados. Por eso hablamos  de una reforma moral. En torno a esta se debe concentrar la discusión pública y por ello hemos traído las severas advertencias que nos da el Papa Francisco con su autoridad moral.