La arremetida de las nuevas generaciones de la UDI y el enfrentamiento interno para sobrevivir al Caso Penta

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La disputa por la presidencia del partido se definirá en dos frentes: entre los históricos y los nuevos liderazgos, que ven amenazada su posición tras la caída de Ernesto Silva. Estos últimos son quienes apuestan por continuar con la estrategia diseñada para enfrentar el caso Penta. Los primeros, por el contrario, exigen un cambio radical en la ruta ya definida.

El principal temor que invade a buena parte de los nuevos liderazgos de la UDI es que la crisis desatada por el Caso Penta los haga perder el terreno que conquistaron en la última elección interna y que, por tanto, la caída del ex timonel, Ernesto Silva, signifique el retorno de los históricos “coroneles” del partido a la primera línea y, con ello, que la promesa de renovación generacional y los proyectos de modernización de la colectividad queden solo en eso, palabras.

Por ello, desde que Silva anunció su renuncia, la bancada de diputados comenzó a articularse rápidamente tras la figura del diputado Javier Macaya, quien quedó de timonel subrogante hasta el Consejo General del 10 de abril. La opción de que siga más allá de ese hito conduciendo a la UDI, es una idea que está ganando fuerza en las huestes gremialistas y por la que se juega el renunciado presidente de la colectividad.

Entre los distintos sectores de la UDI hay consenso en que la nueva mesa directiva debe estar compuesta por dirigentes con experiencia y otros más jóvenes. Así, la disputa es por la presidencia puntualmente y cuál será el nombre que deberá liderar el proceso de reconstrucción del partido. Hasta ahora, las opciones oscilan entre dirigentes fogueados como Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín –que cuentan con experiencia previa al frente de la tienda– que, según los parlamentarios más antiguos, serían los indicados para sacar a los gremialistas de la crisis. O alguien como Macaya, que representa a las nuevas generaciones y da continuidad al proceso de recambio iniciado por Silva, que fue impulsado desde bambalinas por el histórico líder Jovino Novoa.

En este escenario, anticipar la salida de Silva y nombrar a Macaya como interino fue parte de la estrategia de la actual mesa directiva para retener el control del partido y así ganar tiempo hasta el Consejo General, con el objetivo de conseguir los apoyos necesarios y llegar a ese día con una lista de consenso liderada por el joven diputado.

Sin embargo, entre quienes apoyan a Macaya, reconocen que el principal escollo a superar es que en el Consejo General los históricos de la UDI tienen más peso y cantidad de votos, lo que inclinaría la balanza en favor de ellos. Para contrarrestar esa posibilidad, confían en que la presión de la opinión pública será un factor determinante: “Hoy es mucho más relevante que hace cinco años, la sociedad nos reclama cambios y eso tiene que ser considerado. Además, tendremos opciones en la medida que seamos capaces de convencer sobre la necesidad de modernizarnos y, debido a los desafíos futuros, tiene que ser un líder que proyecte ese futuro, como Javier Macaya”, explicó el diputado Jaime Bellolio.

La línea encabezada por Macaya apuesta a continuar con el diseño del jovinismo –es decir, esperar las resoluciones judiciales antes de aplicar sanciones a los parlamentarios involucrados: Iván Moreira, Ena von Baer, Felipe de Mussy y el mismo Novoa–, basado en el respeto de la presunción de inocencia. Pero con un giro importante, el actual prosecretario, Pablo Terrazas, explica que desean separar la situación que afecta a los militantes formalizados por delitos tributarios y soborno, como Carlos Alberto Délano y Carlos Bombal, de la arista política, en que las acusaciones son por financiamiento irregular de las campañas.

Otro elemento a considerar es que, tanto en público como en privado, la facción liderada por Macaya y el dirigente Pablo Terrazas, que incluye nombres como Arturo Squella, Jaime Bellolio, Felipe de Mussy, Renzo Trisotti, Rodrigo Delgado, Enrique van Rysselberghe, Coloma Alamos, Sergio Gahona, la directiva de la juventud y dirigentes regionales, no están dispuestos a asumir si no es bajo ciertas condiciones.

Las condiciones van en la misma línea planteada por Silva: la creación de nuevos estándares, entre ellos, actualización de la declaración de principios, específicamente que no haga referencia a la dictadura; la forma de organización y participación de los militantes, que considera una directiva elegida por todos, bajo la fórmula de un militante un voto; cambios en el mecanismo de financiamiento del partido; altas exigencias éticas para los dirigentes; mayor participación distrital y trabajo en terreno.

El liderazgo de Macaya contaría con el apoyo de uno de los históricos más influyentes: Andrés Chadwick, nombre que se consideraba como posible carta para asumir este proceso. Sin embargo, el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera descartó estar disponible para dicha tarea, por lo que están tratando de convencerlo de sumarse a la lista de consenso, según cuentan en la propia directiva, lo que permitiría ampliar el espectro de apoyo.

Otro de los históricos que, probablemente, permanecerá en la mesa, es el diputado José Antonio Kast.

EL GALLITO PENTA Y EL ROL DE NOVOA

Junto a la disputa generacional interna en la UDI, que no es un tema menor, lo que genera mayor división aún es la postura y estrategia que se aplicará para afrontar la arista política del Caso Penta, cuando sean formalizados los parlamentarios del partido involucrados en el caso. Según reconocen en la disidencia, es en este ítem donde se librará la batalla más dura durante el Consejo General.

La línea encabezada por Macaya apuesta a continuar con el diseño del jovinismo –es decir, esperar las resoluciones judiciales antes de aplicar sanciones a los parlamentarios involucrados: Iván Moreira, Ena von Baer, Felipe de Mussy y el mismo Novoa–, basado en el respeto de la presunción de inocencia. Pero con un giro importante, el actual prosecretario, Pablo Terrazas, explica que desean separar la situación que afecta a los militantes formalizados por delitos tributarios y soborno, como Carlos Alberto Délano y Carlos Bombal, de la arista política, en que las acusaciones son por financiamiento irregular de las campañas: “En la etapa que viene tenemos claro que debemos separar Penta de la arista política. Como directiva no hemos logrado imponer mediáticamente esta separación. Queremos reforzarla y hacer un giro claro para diferenciarla nítidamente en términos comunicacionales y políticos”, afirmó.

De todos modos, aclaran que la postura de no aplicar sanciones, como es un tema sensible, deberá ser ratificada en el Consejo.

En la vereda de enfrente, la disidencia que podría ser encabezada por Larraín y en la que comulgan Víctor Pérez, Francisco de La Maza, David Sandoval, Mario Olavarría y buena parte de los alcaldes, tiene la postura es establecer sanciones contra los parlamentarios involucrados y no continuar con la defensa corporativa de los mismos. “Macaya y su gente hablan de renovación, pero eso no es real, representan más de lo mismo y pretenden seguir en la misma línea que está llevando al despeñadero el partido. Aquí lo que hay que hacer es separar a la UDI del Caso Penta, esto nos ha traído costos altísimos y es momento de revertir la situación”, sostuvo un miembro de la disidencia.

En este sector se lamentó que, al renunciar a la mesa, Silva los responsabilizara a ellos de su salida. “Habla de unidad y nos culpa a nosotros, eso no ayuda al clima del próximo Consejo General”, precisó el mismo miembro de este sector.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, afirmó que en el manejo del Caso Penta “desde un comienzo hubo pasos muy desacertados. El dolor y el daño que se ha causado ya está hecho, es obtuso no ver eso. No podemos comprometer la vida del partido”, al tiempo que apuntó a la necesidad de cambiar la estrategia.

No es casual que en la disidencia estén la mayoría de los alcaldes que tiene la UDI. Temen que el impacto que ha generado el Caso Penta en la ciudadanía quede reflejado en las urnas, y que sean ellos, los jefes comunales, quienes sean los primeros en pagar los costos de esta crisis, considerando que el próximo año ya corresponden comicios municipales.

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