Por Daniel Campusano/Profesor de Lenguaje y Comunicación y Magíster en Política y Gobierno
“¿Qué hace un diputado, profe?” Espere, no tan rápido. “¿Para qué sirve un senador entonces?” Estas preguntas solía responder durante los cuatro años que trabajé como profesor de enseñanza media en los colegios más pobres y, también, en los más ricos de Santiago. Nunca dejé de corroborar un desconocimiento generalizado sobre las implicancias de la política en las vidas cotidianas. Nunca dejé de considerar, en esta misma línea, la falta de Educación Cívica en el sistema escolar –la información conceptual y sociológica respecto al ejercicio político- como uno de los causantes de la baja participación electoral de los jóvenes. Nunca dejé de preguntarme, en otras palabras, ¿cómo los jóvenes podrían tener interés en la política si ni siquiera entienden la incidencia de sus votos?
En el aula seguirá siendo difícil incrementar el interés en la política cuando los mismos electores no entienden la trascendencia de su ejercicio, ni menos el funcionamiento de los mecanismos institucionales. Porque más allá del carácter del voto, ya sea voluntario u obligatorio, se hace urgente que la influencia de esta participación sea explicada en el sistema educacional con todas las aristas y repercusiones involucradas.
Para entender esto, el SERVEL nos confirma una bajísima participación electoral en las dos últimas elecciones presidenciales. Si en el 2009, sólo un 7, 7% de jóvenes entre 18 y 19 años se encontraba inscrito en el padrón electoral; en el 2013, en tanto (ya aprobada la inscripción automática y la voluntariedad), el mismo rango terminó emitiendo apenas el 1,82% de los 5.684.681 votos de la segunda vuelta. Considerando estos datos, abría que taparse los ojos para no encender una alarma respecto al interés cívico de los escolares chileno. Un problema cultural agudizado, además, con la eliminación de la asignatura de Educación Cívica de los currículos de enseñanza media desde el 2011. Y es queinexplicablemente, el único ramo destinado a que los estudiantes entiendan y valoren su rol de ciudadanos (a conocer sus deberes y derechos comunitarios) ha sido derivado, únicamente, como objetivo transversal de la asignatura de Historia y Geografía.
Sin exageraciones, para los alumnos de escaso capital social y cultural, esta medida los aleja sideralmente de la posibilidad de comprender e involucrarse en los procesos democráticos. Realidad distinta, en cambio, a los alumnos de planteles privados que, si existe el interés en sus colegios, pueden seguir accediendo a electivos relacionados a la Ciencia Política y la Sociología gracias a la independencia o flexibilidad curricular.
En el año 2009, sin ir más lejos, se aplicó en Chile el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS) a una muestra de alumnos de tercero y cuarto medio. Los jóvenes chilenos alcanzaron sólo 483 puntos, 7 más bajo que el promedio internacional de 500 (y lejos, por supuesto, de potencias educacionales como Finlandia y Dinamarca con 576 cada una). En relación a los niveles de desempeño, se revelaría que, solamente, 1 de cada 5 estudiantes chilenos sería capaz de explicar los mecanismos legales utilizados para manejar y controlar los procesos democráticos. Ante la publicación de los resultados, el Ministro de Educación de entonces, Joaquín Lavín Infante, dimensionaría el tema reconociendo que “esta materia en el currículum es clave para el derecho democrático y el ejercicio de la ciudadanía”. Una reacción curiosa, a lo menos, considerando que un año más tarde -en noviembre del 2011-diez senadores de su misma coalición terminarían votando contra la inclusión de la asignatura en los programas educacionales.
Lo cierto es que el decreto lleva cuatro años vigente y, si bien la iniciativa de su reposición tuvo un respaldo unánime en el congreso durante el 2014, su resolución aún continúa en espera. Mientras, en el aula seguirá siendo difícil incrementar el interés en la política cuando los mismos electores no entienden la trascendencia de su ejercicio, ni menos el funcionamiento de los mecanismos institucionales. Porque más allá del carácter del voto, ya sea voluntario u obligatorio, se hace urgente que la influencia de esta participación sea explicada en el sistema educacional con todas las aristas y repercusiones involucradas: ¿Quién legisla y con qué motivo? ¿Cómo un parlamentario puede aprobar o rechazar medidas sustanciales para la vida diaria? ¿Por qué un senador o un diputado (que no conozco) podría tener injerencia en mis problemas de vivienda, en la cola de la posta y del paradero.
*La norma destinada a incluir en el currículo de Enseñanza Media la asignatura de Educación Cívica fue rechazada por no alcanzar el quórum de norma orgánica constitucional. Los 10 votos en contra corresponden a los senadores de derecha Von Baer, Uriarte, Prokurica, Víctor Pérez, Orpis, Novoa, García-Huidobro, Espina, Coloma y Chahuán. Otros dos senadores del mismo sector, Lily Pérez y José García, se abstuvieron.
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