Con una rapidez inusual operó la semana pasada el TC, tomando un protagonismo inesperado en medio de la polémica por la investigación contra SQM a raíz del caso Penta. Los dardos apuntaron al destacado jurista DC, quien posee atribuciones para armar salas y cuenta con el voto para desempatar las votaciones. Su nombre como posible sucesor de Ramiro Mendoza en la Contraloría General de la República, la dispar actuación con lo anunciado en agosto pasado -cuando al asumir la presidencia del tribunal dijo no estar disponible para defender al gobierno o la oposición-, y conflictos con los propios ministros del TC, lo ponen en la mira como la principal piedra de tope para la investigación que impulsa el Ministerio Público contra la minera de Julio Ponce Lerou.
Una olla de grillos. Así definían en el Tribunal Constitucional el ambiente que dejó el inusitado protagonismo que tomó la institución esta semana, luego de acoger a tramitación en tiempo récord dos requerimientos ingresados por el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.
Pero en específico, las opiniones apuntaron al líder de la Segunda Sala del tribunal: Carlos Carmona Santander, el presidente más joven del organismo desde su existencia (53), que asumió con un discurso “liberal” e “independiente” para lo acostumbrado en el TC y con la chapa de ser el árbitro que inclinaría la balanza cuando se discutieran las grandes reformas impulsadas por el actual Gobierno.
Un ministro que, según fuentes al interior del TC, manejó los hilos para el inusual apuro en el ingreso de los requerimientos para no profundizar la arista de investigación ordenada por el Ministerio Publico a la minera no metálica liderada por el “yernísimo” de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
El apuro por SQM
“No estamos para defender al gobierno o a la oposición. Quienes piensan que esa es nuestra tarea, le hacen un daño al Tribunal, porque lo abanderizan y lo politizan”.Esa fue una de las primeras frases que dijo Carmona Santander al asumir la presidencia del Tribunal Constitucional, el 29 de agosto del año pasado.
Su discurso, inspirador y atípico al historial de lo que había sido el TC, prometía vientos de cambio y una singular independencia del instrumento político que se le dio al organismo en los últimos años. “No podemos evitar que se use en el debate político la amenaza de recurrir al Tribunal para cerrar la discusión pública. Sin embargo, nosotros estamos para resolver genuinos problemas constitucionales, no para servir de refugio artificial a ciertas posiciones que participan en este debate”, declaró en esa oportunidad.
Las palabras fueron recordadas la semana pasada, pero no para destacar la labor del Tribunal Constitucional de los últimos días. En efecto, el extraño protagonismo que tomó al anunciar el congelamiento de la investigación hasta que se admita o no un requerimiento presentado por el despedido exgerente general de Soquimich, causó el efecto contrario.
Aunque no es una situación nueva, el miércoles pasado se vio con mucha extrañeza en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Ministerio Público la llegada del chofer personal de Carlos Carmona con la notificación en mano del fallo del TC que admitía a tramitación el requerimiento presentado por Samuel Donoso, defensa de Patricio Contesse, y la orden de detener la investigación hasta la discusión sobre el mismo documento, programada para este miércoles 25 de marzo.
Cercanos a la causa interpretaron la acción como desmedida, opinión que fue compartida por otros ministros del tribunal y que originó una serie de críticas al interior del mismo. Lo de Carmona Santander, un respetado abogado constitucionalista, fue visto como una medida apresurada y lejana a los principios que él mismo anunció que le imprimiría a la institución.
Por eso desde el martes pasado una ola de críticas hacia la labor del TC se reavivaron, pero con un carácter muy distinto al de las polémicas antiguas que envolvían a la institución, como la de la píldora del día después (2008) o sobre la ley de subcontratación (2006).
En medio del escándalo en ascenso que provocó la arista Soquimich y los consiguientes movimientos en la propia compañía con despidos, renuncias al directorio y desplomes en la bolsa incluidos, la filiación política de Carmona afloró como uno de los motivos.
A pesar de que dejará su cargo como presidente del TC en agosto de 2016 y como ministro en 2018, desde hace algunos meses su nombre ha sido sondeado para el cargo que dejará Ramiro Mendoza como Controlar General de la República el próximo mes, lo que es visto como un medida de presión desde el Ejecutivo.
Pero a esos rumores se le sumó que, con las facultades que tiene, constituyera las salas “a su elección” y las enviara a discutir en ellas. La composición no es menor: en la Segunda Sala, que él preside, se encuentran su amigo Gonzalo García Pino, exsubsecretario de guerra en la primer período de Michelle Bachelet; Iván Aróstica Maldonado, exasesor del Ministerio del Interior de la administración Piñera; la exasesora del 2º piso de la adminsitración Piñera, María Luisa Brahms; y el cuestionado ex diputado UDI, Cristián Letelier.
En la primera sala, en cambio, se encuentra Marisol Peña -con quien disputó la presidencia del TC-, Francisco Fernández Fredes, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán y Nelson Pozo Silva. Los primeros tres designados por la Corte Suprema y los dos restantes por el Congreso.
El equilibrio
Carmona llegó al TC en abril de 2009, luego de una larga carrera en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al que arribó en 1990. Desde la vuelta a la democracia, Carmona Santander se desempeñó en diversos puestos en esa cartera, hasta que fue nombrado en el Tribunal Constitucional en el cupo de Jorge Correa Sutil, que a su vez llegó en reemplazo de Juan Agustín Figueroa.
Con la publicación de diversos artículos publicados en revistas de Derecho y clases en la Universidad Católica y la UDP, su nominación no generó mayores restricciones. Menos aún tomando en cuenta que en el año 2006 asumió como Secretario Ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para proponer medidas en materia de probidad y eficiencia en el sector público.
La que sí lo tuvo fue su ascenso a la presidencia del TC. En agosto de 2013, la elección de Carmona en la testera del organismo tuvo varios votaciones hasta que el DC se quedó con la presidencia por los próximos dos años.
En esa oportunidad, Marisol Peña le disputó voto a voto la presidencia del Tribunal, que en ese momento era visto de cerca desde la administración Piñera, tomando en cuenta que el TC podía ser clave en el visto bueno definitivo de las reformas que proponía la entonces candidata Michelle Bachelet, incluida la del cambio a la Constitución.
Dentro de las facultades que tiene un presidente del TC es emitir un voto que desempate las votaciones que tienen las materias consultadas al organismo. Pero además, al presidir el tribunal se puede declarar concluido el debate y someter a votación los temas tratados, así como distribuir entre las dos salas las causas que ingresan.
Esta última facultad es la que, durante la semana pasada, generó el ambiente enrarecido y la molestia de los otros ministros integrantes. Entre los querellantes, apuntaron todos sus dardos a Carmona, y lo culpan a él de torpedear la investigación y armar a su juicio las votaciones. “Es impresionante como los recursos que interpone Samuel Donoso se ven con tanta rapidez y otros pasan al olvido”, dice uno de los abogados querellantes del caso Penta.
La próxima semana, primero se decidirá la inhabilidad de Cristián Letelier para votar la admisibilidad del recurso interpuesto por Contesse, que tendrá lugar el miércoles. De llegar a puerto y declararse admisible, el escenario se volvería aún mucho más enrarecido -dicen los querellantes- y podría amenazar definitivamente el curso de la investigación contra SQM y Penta.
Mientras, en los pasillos del TC aún resuenan las palabras con que cerró el discurso al asumir su presidencia. “Estamos conscientes que nosotros no somos la última palabra. Una reforma constitucional puede dejar sin efecto nuestras decisiones. Los jueces del TC no tienen la cláusula de cierre. La última palabra la tiene siempre el poder constituyente. Solo somos la primera, pero no la última palabra”.
*The Clinic Online intentó, sin éxito, contactar a Carmona.
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