“Queremos en esto ser muy responsables. El país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y por sobre todo llevar adelante un proceso constituyente exitoso, para que la constitución sea un factor de unidad, un marco constitucional del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todos seamos parte”.
Con esas palabras cerca de las 22:00 horas de este lunes el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, junto a su par de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, anunciaron la materialización del acuerdo alcanzado por los partidos políticos para aperturar un nuevo proceso constituyente, tras zanjar que será un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa quienes redactarán la nueva constitución.
El anuncio llega a casi 100 días del inicio de las negociaciones, cuya piedra de tope se enfocó precisamente en el mecanismo con que se elaboraría el nuevo texto redactor y que, dadas las importantes diferencias que había entre el oficialismo y la oposición, se llegó, incluso, a replantear la idea de un plebiscito de entrada, puesto que si el primero insistía en un órgano 100% electo; el segundo, por uno mixto.
“La tarea recién comienza, tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia, no solo las del pasado reciente y, por ello, se ha suscrito esta noche un ‘Acuerdo por Chile’, por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía, un proceso democrático, con un rol protagónico como corresponde al pueblo de Chile”, agregó Elizalde
Entre los partidos que firmaron el documento se encuentran Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, el Partido Socialista, Convergencia Social, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Liberal, el PPD, Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, la Democracia Cristiana, Revolución Democrática y Acción Humanista.
También suscribieron las colectividades en formación Amarillos por Chile y Demócratas; mientras que quedaron fuera del pacto el Partido Republicano- que se bajó de la mesa negociadora en octubre pasado- y el Partido de la Gente.
“Proceso constitucional 2.0”
Según el acuerdo, la conformación del Consejo Constitucional funcionará bajo el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y voto obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes y que se integrará bajo el principio de paridad de entrada y salida.
Además, este órgano será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección, es decir, sobre los 50 personas establecidas en la propuesta.
De esta forma, el Consejo tendrá por único objetivo discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva constitución y se disolverá una vez cumplida esta labor, la cual se extenderá por seis meses.
Del mismo modo, se establecerá una Comisión Experta compuesta por 24 personas “de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”, de composición paritaria y de las cuales 12 serán desginadas por el Senado y 12 por la Cámara de Diputadas y Diputados, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.
Esta comisión no podrá estar integrada por personas que tengan inhabilidad para ser candidatos de elección popular y tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción de la nueva constitución, teniendo sus decisiones que ser aprobadas por un quórum de 3/5 de sus miembros.
La instancia iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias.
Por otra parte, en el acuerdo se plantea que una vez evacuada la propuesta de nueva constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional. En dicho documento podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo y se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio.
Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio. En tanto, aquellas que no se encuentren en alguna de circunstancias anteriores, se resolverán mediante una Comisión Mixta, compuesta por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros deberá presentar una nueva propuesta al Consejo para que se conforme a las reglas generales.
Cabe recordar que este proceso constituyente 2.0 además estará delimitado por las 12 bases institucionales definidas al inicio de las negociaciones y que serán resguardadas por el Comité Técnico de Admisibilidad, integrado por 14 juristas elegidos por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputadas y Diputados.
Itinerario constitucional
En cuanto a los plazos con que se moverá la elaboración de la nueva constitución- y que igualmente está sujeto a modificaciones- partirá con la instalación de la Comisión de Expertos en enero de 2023, seguida de la elección de los consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio en abril.
El 21 de mayo se hará la instalación del Consejo Constitucional y el 21 de octubre concluirá sus funciones, haciendo entrega del proyecto de Constitución de la República de Chile.
Finalmente, la propuesta deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía en un plebiscito de salida con voto obligatorio el 26 de noviembre de 2023.
En la instancia, los líderes de ambas Cámaras del Congreso confirmaron que este acuerdo, que se traducirá en un proyecto de reforma constitucional, será ingresado a la brevedad al Parlamento, donde deberá ser aprobado por un quórum de 4/7. Asimismo, mencionaron que solicitarán al Ejecutivo poner discusión inmediata a la iniciativa, de tal manera de cumplir con el itinerario planteado.
Fuente: Radio Universidad de Chile